La noche del 19 de septiembre de 2013 una fuerte explosión estremeció la colonia Azteca; el cielo se iluminó de rojo por una intensa llamarada que salía de uno de los tanques de almacenamiento de la planta propiedad de la empresa Hilda Gas, ubicada en Libramiento López Mateos.
La explosión ocurrió porque el gobierno del profesor Bardomiano Priego Garduño dio todas las anuencias a Hilda Gas para construir su planta en una zona de riesgo (pegada a un cerro susceptible a deslaves) y fue precisamente el desprendimiento de material del cerro lo que rompió la línea y provocó la fuga que ocasionó el siniestro.
Hoy la historia parece repetirse, como si fuera una burla del destino y de las autoridades municipales. Hilda gas pretende echar a andar otra planta de gas en el centro de la ciudad, en la calle Colombia, lo que ha desencadenado protestas de los vecinos, quienes temen por su vida.
Utilizando todo su poder económico Hilda Gas no sólo obtuvo los permisos federales, sino que, además, obtuvo anuencias municipales para cambio de uso de suelo y los dictámenes favorables de Protección Civil. El director de PC, Clemente Campos Pérez, aun siendo tuxpeño y conociendo que la calle Colombia es área inundable, dio el visto bueno.
En esta turbia complicidad se pasaron por alto ordenamientos de la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014, que regula “Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su operación”. También se violenta el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y la Ley Federal de Metrología y Normalización.
Pero, más allá de las leyes, normas y reglamentos; el Gobierno Federal y el Gobierno Municipal tenían la obligación jurídica de garantizar que los equipos e instalaciones utilizados en la distribución del Gas L.P. no constituyan un riesgo para la seguridad de las personas o dañen la salud de las mismas.
En una inspección física se pudo apreciar que las viviendas están a menos de 30 metros de estas instalaciones y en ellas habitan adultos y niños. Ya quedó demostrado el peligro que representan estas instalaciones de Hilda Gas, durante la explosión del 2013.
Si bien en el 2013 al entonces alcalde Bardomiano Priego Garduño no le importó la seguridad de los habitantes de la colonia Azteca, en esta ocasión la última palabra la tiene el gobierno de Antonio Aguilar, pues si bien hay ordenamientos emanados de la federación, lo cierto es que la última palabra la tiene el ayuntamiento tuxpeño.
Familias que viven en las calles Colombia, Nicolas Bravo, 2 de Abril y avenida López Mateos han iniciado una lucha contra el poderoso grupo Hilda Gas y están tocando las puertas de la propia Presidencia de la República para que el presidente López Obrador ordene a la Secretaría de Energía y otras dependencias, una revisión de este caso.
También se han entregado escritos de queja y denuncia ante la Secretaría de Energía, la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Veracruz y al alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha.
En caso de que las autoridades gubernamentales se nieguen a frenar la operación de esta planta, los afectados recurrirán a la protección de la justicia federal y mediante amparos podrán detener, por un largo tiempo, la apertura de Hilda Gas. Los vecinos sólo luchan por su seguridad y esto es un bien tutelado por la propia Constitución.
