+Afecta sus intereses
+ Prefieren tergiversar la realidad antes de reconocer que había negocios sucios en los servicios de salud del país
Zona Norte
Tuxpan al día - 2020-01-17
La ampliación en los servicios de salud pública, desnudan los negocios que los funcionarios públicos del PAN y el PRI sostenían ilícitamente con los grandes laboratorios farmacéuticos, la mayoría de ellos transnacionales.
“A partir del 1 de enero a toda persona en el país se le brindarán servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas sin seguridad social”, así nace el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Refuerza lo establecido en el Art.77 bis1. Ley General de Salud el cual reza, “todas las personas en el país sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados”.
El INSABI remplaza al viejo esquema de salud constituido por el régimen del expresidente Vicente Fox Quesada, el conocido Seguro Popular, que fue un programa que buscaba el aseguramiento público en salud brindando protección financiera a la población que carece de seguridad social.
En los últimos años, y pasando tres sexenios de gobierno, el Seguro Popular cubrió 249 padecimientos en 7 grupos de servicio, de los cuales se desprendía la atención de medicina ambulatoria; embarazo, parto y recién nacido; odontología, rehabilitación, urgencias, hospitalización y servicios quirúrgicos. Cubriendo medicamentos y estudios, sin embargo, este despliegue de atención se brindaba sólo aquel que se afiliaba, es decir, el que solicitaba ser parte del Seguro Popular y cumpliera con los documentos requeridos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), quien era el que ejecutaba el programa.
La nobleza del plan “gratuito” y cercano a “todos”, se terminaba cuando para determinar la capacidad de pago de una familia se realizaba un estudio socioeconómico; el costo iba desde los 2,074.97 pesos hasta los 11,378.86 pesos.
Este estudio se realizaba en el módulo de afiliación, una vez que se lleva a cabo el trámite y se indicaba a los solicitantes si debían pagar o no por el servicio. En caso de obtener un nivel contributivo los pagos se realizan en los Módulos de Atención y Orientación, sucursales bancarias, cajas de hospitales o unidades de salud que hayan sido habilitadas para dicha actividad, cubriendo el costo de manera trimestral, semestral o anual. Entonces el Seguro Popular no era ni tan gratuito, ni tan cercano a todos los mexicanos, como rezaba el eslogan del plan de salud.
Por otra parte, el Seguro Popular sí se extendió con cabalidad en todo el país, pero su operación se volvió responsabilidad de los Gobiernos estatales y no del Gobierno federal, entonces la atención médica de los sistemas estatales de salud se tornó en un fuerte obstáculo para mejorar la calidad de los servicios cubiertos con este programa y es un elemento que lejos de resolver los problemas de desigualdad en salud, los ha agravado en general.
Con el INSABI se acabaron las cuotas, las afiliaciones, las pólizas y los pagos anuales; para recibir la prestación gratuita de servicios de salud sólo se deben reunir tres requisitos: encontrarse en territorio nacional, no ser derechohabiente en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y presentar algún documento oficial de identificación (INE, CURP o acta de nacimiento).
Frente a este nuevo esquema de salud que rompe con los pagos y con la monopólica relación con las farmacéuticas, el PAN y 7 gobernadores en su mayoría panistas, se niegan adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, porque según en el caso de Aguascalientes “se pondría en riesgo el servicio de salud que atiende a 380,000 habitantes, inscritos en el Seguro Popular”, así lo dijo Orozco Sandoval, gobernador de esa entidad.
No obstante, Marko Cortés, presidente del PAN, llamó al Gobierno federal a aceptar el regreso del Seguro Popular “porque sí se brindaba cobertura universal”. Y es que Acción Nacional se encuentra peleando por lo que piensan es el último y único logro que la conservadora derecha ha “hecho por el país”.
Así, los medios de comunicación, gobiernos y diputados de derecha, grupos ciudadanos, entre otros, se han rebelado contra el nuevo Instituto, denuncian deficiencias, se preparan con amparos, predicen fracaso y crisis del sistema de salud, que sólo lleva 13 días y aún no ha llegado el INSABI a desarrollarse en plenitud en nuestro país.
