Atacado a balazos un periodista en Oaxaca

El periodista José Ignacio Santiago, fundador y director del portal Pluma Digital Noticias, ha sido atacado a balazos la madrugada de este miércoles mientras trabajaba en el Estado de Oaxaca, al sudoeste de México. El reportero, de 31 años, que no ha sido herido, estaba custodiado por dos escoltas del Mecanismo Federal de Protección de Periodistas. La agresión ha ocurrido días después de que cientos de personas se manifestaran contra la violencia que sufren los reporteros en el país, el más letal para la prensa, donde solo en enero fueron asesinados tres profesionales: Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana, y José Luis Gamboa, en Veracruz.

Santiago Martínez, que cubre sobre todo información de nota roja, había acudido a una cascada cerca de la población de San Lucas Yosonicaje, al norte del Estado, porque estaba “recopilando información turístico-cultural” para un artículo. Desde allí, el reportero y los escoltas decidieron regresar a la ciudad de Juchitán. Fue en ese trayecto donde un grupo de personas armadas los persiguió y los atacó. El periodista sintió “lo más lógico”, que lo matarían, dice. Ni los pasajeros ni el vehículo recibieron impactos de balas. El periodista declaró ante la Fiscalía que no había recibido amenazas. “No puedo hacer señalamientos porque desconozco de dónde proviene la agresión”, explica por teléfono, aunque no descarta que el atentado se haya debido a su trabajo.

El periodista entró al Mecanismo Federal de Protección hace dos años porque había sido amenazado por grupos delincuenciales que operan en el Estado. Le reclamaban “información de primera línea” sobre los casos que cubre para ser “ellos quienes lo supieran antes”. Ahora ha solicitado a las autoridades que refuercen su protección porque en los últimos seis meses le quitaron “parte de los beneficios”, según denuncia, y ya no cuenta ni con refugio de seguridad ni le cubren los gastos de alimentación.

En México, donde en 2021 fueron asesinados nueve reporteros, unos 700 periodistas están bajo esa figura de protección. El mecanismo se encuentra rebasado, no hay recursos suficientes y quienes evalúan el riesgo que corren los reporteros no tienen la capacitación adecuada, según criticó la organización Artículo 19 a este periódico. Además, las demoras para que la protección se haga efectiva son de tres o cuatro meses.

En lo que va de enero, tres periodistas han muerto de forma violenta en México. La reportera Lourdes Maldonado, asesinada de un balazo en Tijuana, contaba con el apoyo de policías estatales, pero la noche del crimen, el domingo pasado, no estaban allí. Maldonado volvía de participar en el homenaje a otro compañero, el fotorreportero Margarito Martínez, asesinado en la misma ciudad del Estado de Baja California. En Veracruz, el director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, había sido apuñalado días antes. Sus homicidios se suman a al conteo del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), que registra al menos 138 asesinatos de reporteros en México desde 1992, cuando empezó a documentar agresiones a la prensa.

“Ser periodista en México es estar en peligro constantemente. En cualquier momento te puede acallar no solo la delincuencia sino también la autoridad”, señala Santiago. En 2020, la organización Artículo 19 encontró que de 692 agresores documentados, 343 eran funcionarios públicos. Es decir, los agresores son en su mayoría funcionarios públicos. El periodista también señala que las agresiones contra la prensa en el país “se han tomado de forma natural”. “Pero nos hemos dado cuenta de que ha sido un abuso y ya estamos alzando la voz para que no seamos silenciados”, apunta el reportero, que asegura que continuará trabajando.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a aclarar el crimen de Lourdes Maldonado, que levantó especial revuelo mediático y social porque la reportera había estado en la conferencia matutina del mandatario diciendo que temía por su vida. El presidente ha asegurado que buscará atajar los asesinatos de periodistas, pero ha negado que exista impunidad. En el país, sin embargo, alrededor del 90% de los delitos queda impune cada año. En el caso de los ataques a la prensa, las autoridades mexicanas difícilmente consiguen establecer vínculos entre los atentados y la labor periodística de las víctimas.