La credibilidad de la Fiscalía

El fiscal veracruzano, Luis Ángel Bravo Contreras, parece empeñado en tensar las relaciones del gobierno estatal con la iglesia católica, una de las instituciones que más confianza inspira entre los mexicanos (68 por ciento, apunta la propia iglesia; y 64, señala la casa encuestadora Parametría).

Como consecuencia de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado en torno al crimen cometido contra dos sacerdotes, que fueron secuestrados en Poza Rica y asesinados dentro de los límites territoriales de Papantla, en el norte de la entidad, Bravo Contreras ha insistido una y otra vez en que las víctimas no sólo conocían a sus homicidas, sino que convivieron y libaron con ellos.

En ese contexto, las indagatorias oficiales establecieron el robo como la principal línea de investigación.

El problema es que el fiscal, antes de que se cumpliera un día del suceso, se apresuró a informar sobre la relación víctimas-victimarios, lo que generó suspicacias y, por supuesto, el airado reclamo de la jerarquía eclesiástica.

Incluso, prácticamente desde que Bravo Contreras manejó por primera vez la hipótesis de que sacerdotes y asesinos convivieron antes del homicidio, corrieron versiones en el sentido de que la declaración parecía más una estrategia para controlar el daño a la imagen del gobierno del estado, sobre todo porque el fiscal sólo reconoció como presbítero a una de las víctimas.

Tuvo que salir la iglesia católica a desmentir al fiscal, dado que se trataba de dos sacerdotes consagrados.

Con relación a los hechos y a los avances de las investigaciones a que se ha referido Luis Ángel Bravo, este lunes 26, la Conferencia del Episcopado Mexicano exigió no manchar la imagen de los tres sacerdotes asesinados (dos en Veracruz y uno más en Michoacán).

Un día antes, el domingo 25, el cardenal Norberto Rivera pidió a la feligresía católica orar por quienes “injurian y difaman” a la iglesia. No se refirió de forma directa al fiscal; sin embargo, el mensaje fue más que claro cuando el prelado habló de la necesidad de que se recupere la legalidad, la paz y la confianza en la entidad.

Esos llamados de la iglesia, así como el exhorto para esperar el resultado final de las investigaciones, sin adelantar juicios, sobre el homicidio de los curas, parece tener sin cuidado al titular de la Fiscalía, quien este martes, en Poza Rica, insistió en el móvil del robo y en que los sacerdotes bebían con sus agresores antes del ataque.

De igual forma, entrevistado por los medios locales en el puerto de Veracruz, Bravo Contreras señaló que los asesinos de los curas ya están identificados y que se trata de personas que se dedican al robo de tiendas de autoservicio Oxxo (ya sólo falta que declare que se especializaban en el hurto de frutsis y pingüinos).

El caso es que con la desgastada y disminuida credibilidad que trae el gobierno estatal y en particular la Fiscalía, prácticamente cualquier cosa que diga el titular de dicha dependencia será objeto de la descalificación social.

Esperemos, en el asunto de los sacerdotes asesinados en la zona de Poza Rica y Papantla, que no se convierta en uno más de los casos que duermen el sueño de los justos, igual que ocurre con los cientos de desaparecidos, las fosas clandestinas y el asesinato de periodistas.





La “medida cautelar” contra Duarte

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República, PGR, y del Sistema de Administración Tributaria, SAT, con relación a presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del gobierno del estado, parece que avanzan a pasos acelerados.

Este miércoles, el director de Catastro, Domingo Yorio Saqui, acudió a la sede de la Procuraduría para rendir su declaración; unos días antes, agentes del Ministerio Público Federal estuvieron en la capital veracruzana para continuar con las indagatorias.

A Duarte y compañía se les acusa, ante la PGR, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de un deber legal.

Adicionalmente, el SAT sigue la investigación sobre las empresas fantasma; y se espera que al comenzar la próxima semana, la dependencia que encabeza Osvaldo Santín dé a conocer un avance. De acuerdo con los pronósticos, ese caso detonará más problemas para el gobernador Javier Duarte y para quienes manejaron los recursos y los contratos en las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Salud del gobierno estatal.

Por cierto, en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI se emitió un comunicado en que se afirma que la suspensión de derechos a Duarte de Ochoa y a otros seis militantes es una “medida cautelar”, preventiva, precautoria; es decir, por si las dudas… para que no salpique desprestigio.

Lo cierto es que esa medida, aparentemente intrascendente porque sólo tiene efectos políticos, es la antesala de lo que le podría esperar a Duarte en el terreno penal. @luisromero85