Saqueo en todos los niveles

La dimensión del saqueo de los recursos públicos de Veracruz no tiene precedente en la historia; los fraudes y desvíos se siguen exhibiendo en los medios informativos, que prácticamente todos los días consignan nuevas aristas de las investigaciones que involucran lo mismo al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia, que a funcionarios de todos los niveles y, por supuesto, al círculo más cercano del ex ejecutivo estatal, la familia.
Esa situación, por ejemplo, orilló a ex funcionarios del duartismo, a prestanombres y la familia de Javier Duarte y Karime Macías a recurrir a la figura del amparo.
Las denuncias por presuntos actos de corrupción no terminan; por otro lado, cada vez se descubren más actividades ilícitas, como el caso de las empresas fantasma, y más propiedades de la llamada burbuja, el círculo cuyos integrantes, por su cercanía con Duarte, se pensaba privilegiado.
Esos actos de corrupción se registraron en prácticamente todos los niveles; en pocas palabras, si el funcionario menor, el de medio pelo, veía que su jefe se llenaba los bolsillos, también buscaba la manera de hacer negocios ilegales al amparo del poder.
Eso pasó, por ejemplo, con los recursos que la Federación asignó al Comité para Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Veracruz, instancia que tiene sus oficinas en la colonia Ferrocarrilera de Xalapa.
Desde el gobierno federal se canalizaron recursos para esa instancia, que es parte de una red nacional que funciona como organismo auxiliar de sanidad en temas de fomento y salud animal, unos diez millones de pesos –nada si se compara con las enormes, millonarias sumas que se relacionan con los desvíos y actos de corrupción del gobierno de Veracruz–.
Ese dinero, aunque poco e insuficiente, sirve para que el comité opere campañas zoosanitarias, de vigilancia epidemiológica y de revisión de rastros; es decir, los trabajadores del Comité de Fomento y Protección Pecuaria son los encargados de instrumentar acciones que eviten la comercialización de carne proveniente de ganado enfermo, entre otras funciones, para así disminuir los riesgos contra la salud pública, por zoonosis como la tuberculosis y la brucelosis bovina, entre otras.
Pues bien, hasta esos recursos desaparecieron en el gobierno del estado, de tal manera que el dinero federal asignado y etiquetado para el Comité de Fomento y Protección Pecuaria no llegó a su destino.
Es un tema grave porque hoy dicha instancia, que en teoría debería ser apoyada desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado, a cargo de Ramón Ferrari Pardiño, no cuenta con recursos para operar.
Se trata de un problema parecido al que registran los municipios veracruzanos, porque en este caso la Federación también envió con oportunidad los recursos, que se perdieron entre las secretarías de Finanzas y de Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado.
Hace una semana, el problema de Comité de Fomento y Protección Agropecuaria reventó porque el gobierno estatal no sólo no aportó su parte, sino que desapareció los recursos federales.
En Acayucan, por ejemplo, el personal de inspección de rastros del Comité denunció despidos, injustificados y sin finiquito, en dicha oficina, con el argumento de que ya no hay recursos para mantener esa estructura.
Unos días antes, durante la última semana de octubre, fue realizada una inspección federal, en la que se concluyó que el gobierno estatal no realizó la aportación que por normatividad le correspondía.
El problema es que si antes, el personal que se dedicaba a la supervisión de rastros y al fomento de la sanidad animal ya resultaba insuficiente para cubrir las necesidades de la entidad, hoy la situación es mucho más complicada en un estado, Veracruz, donde un alto porcentaje de la carne que se consume proviene del extranjero y, sobre todo, de los centros clandestinos de matanza, que en muchos casos funcionan en condiciones deplorables y que constituyen un riesgo para la salud pública.


Ex diputados se llevaron hasta los escritorios
Esto ocurrió en la oficina de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, María Elisa Manterola, el pasado sábado: al concluir la sesión de instalación de la LXIV Legislatura del Estado, la diputada se dirigió a sus nuevas oficinas, en el recinto legislativo, mismas que en la pasada Legislatura ocupaba Octavia Ortega Arteaga, del distrito de Pánuco.
La legisladora por Martínez de la Torre pidió que abrieran las oficinas pero se encontró con la negativa de un empleado al servicio del Poder Legislativo, quien recomendó “mejor regresar el lunes”, lo que provocó la indignación del equipo de Manterola Sainz, que tuvo que recurrir a un cerrajero para abrir la oficina. Una vez dentro, la sorpresa fue que en el lugar no había ni escritorio; sólo una mesa improvisada; de la pantalla y la computadora, ni rastro. No dejaron ni clips, ni engrapadoras; se llevaron todo. @luisromero85