* FISCALÍA BAJO SOSPECHA

México Evalúa –un organismo no gubernamental asociado al Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), integrado por investigadores, académicos y expertos externos que colaboran con estudios imparciales, independientes y apartidistas, los cuales sirven para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno para elevar la calidad de sus resultados, apoyando los procesos de mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local mediante la generación y/o revisión de evidencia y la formulación de recomendaciones– presentó este martes el estudio denominado “Fallas de origen 2019: Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC)”, que mide a nivel estatal qué tan fidedignas son las cifras de homicidios dolosos.
En esta primera edición, dicho centro cuyo consejo directivo preside Luis Rubio –un especialista en Administración Financiera y con doctorado en Ciencia Política–, identifica subreportes sistemáticos en los datos que las procuradurías o fiscalías estatales reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Lamentablemente, esta investigación detectó que la Fiscalía de Veracruz, al igual que otras de diez entidades del país, podrían estar registrando los homicidios dolosos como culposos, ya sea por errores al momento de la clasificación o con la intención de disminuir el impacto de la incidencia criminal.

Aparte de Veracruz, las entidades señaladas en este documento son Michoacán, Puebla, Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo, Campeche, Nayarit, Ciudad de México, Baja California y Tabasco.

“El análisis de correlaciones parciales revela que en 11 de las 32 entidades federativas hay una relación significativa entre los homicidios dolosos y los homicidios culposos. De acuerdo con la teoría, esta relación no debería existir: en 21 estados se confirma con evidencia la inexistencia de una asociación significativa”, se expone en el documento de México Evalúa.

Clasificar un homicidio como culposo en vez de doloso, indica el estudio, tiene el incentivo de que la Fiscalía en cuestión disminuye su carga de trabajo –debido a que emplea más recursos humanos y materiales en la investigación de delitos de alto impacto– y mejora artificialmente respecto del índice de asesinatos al reducir su número.

“En dicho escenario se sospecha que los homicidios culposos pueden fungir como un vehículo para ocultar homicidios dolosos que hacen lucir mal a las instituciones y gobiernos estatales. No se descarta que aquellos delitos que reciben menor atención mediática sirvan de este modo para reclasificar delitos que requieren de mayores recursos”, indica.

El estudio construye lo que denomina Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal a través del cual analiza la calidad de la información que las 32 entidades del país emiten respecto del homicidio, tomando como base los datos que recopila el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con este Índice, las entidades que tienen el menor nivel de confiabilidad, en una escala de cero a 10, son Estado de México, con 2.5; Hidalgo, con 5.4; Michoacán, con 5.6; Oaxaca, con 6.1; Baja California, con 6.3; Veracruz, con 6.4; Tabasco, con 6.4 y Puebla, con 6.5.

Por el contrario, los estados con un mayor nivel de confiabilidad son Colima, con 9.5; Aguascalientes (9.3); Zacatecas (9.1); Coahuila (9.1); Querétaro (9.1) y Sonora (9.1).

La variables utilizadas para la obtención del índice son: divergencias entre las cifras del INEGI y el SESNSP, detección de eventos anómalos en términos estadísticos, correlación entre homicidios dolosos y culposos, así como detección de incentivos para reportar erróneamente las cifras homicidas.
¿Acaso en la Fiscalía General del Estado, a cargo del abogado yunista Jorge Winckler Ortiz, ignorarán que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el capítulo referente a los Delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé en su artículo 139 que “se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien: I. Ingrese dolosamente al Sistema Nacional de Información, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las Bases de Datos o los equipos o sistemas que las contengan…”