* PANISTAS APANICADOS

Ya sin la red de protección que tenían en la Fiscalía General del Estado –donde hasta el pasado martes 3 despachó como titular de la FGE Jorge Winckler, incondicional del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares–, algunos diputados locales y los dos senadores del PAN han entrado en pánico ante la posible responsabilidad penal que ahora se les pudiera fincar por su desempeño como funcionarios cómplices en presuntos desvíos de recursos públicos en la pasada administración estatal.

Ante la amenaza de ser procesados por sus presumibles corruptelas, los senadores panistas Indira Rosales y Julen Rementería iniciaron este martes 17 acciones para destituir al gobernador Cuitláhuac García y a los diputados locales de MORENA por considerar que “Veracruz es un estado fallido”.
“No permitiremos que en #Veracruz continúe la crisis constitucional que pone en riesgo al sistema de justicia”, difundieron por Twitter en alusión a la separación temporal de Winckler como fiscal.
Sin embargo, el aparente temor de Rosales y de Rementería es que la encargada provisional de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, reactive las denuncias en su contra, las cuales Winckler congeló.

Y es que ambos estarían implicados en las irregularidades que el Órgano de Fiscalización Superior del estado (ORFIS) detectó por más de 338 millones de pesos, según el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

El informe, que fue entregado al Congreso local el 1 de octubre de 2018, reportó que en tres dependencias del Poder Ejecutivo, 11 entidades y dos fideicomisos se detectaron anomalías en el uso de recursos públicos ejercidos el año antepasado. Entre ellas figuraban las secretarías de Desarrollo Social, a cargo de Indira Rosales, por 40.5 millones de pesos, y la de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), dirigida por Julen Rementería, por 71.7 millones de pesos.

Indira, como titular de la Sedesol, autorizó el pago de más de 4.7 millones de pesos a la empresa D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V., por concepto de mantenimiento y conservación de los bienes informáticos de los programas sociales de Veracruz, pero el ORFIS observó que no se proporcionó evidencia suficiente y competente de que los centros de datos, las plataformas, la seguridad, los servidores, las actualizaciones de software, el respaldo y las mesas de ayuda se hayan realizado.

En el Instituto de Espacios Educativos se detectaron irregularidades por 81 millones de pesos en el otorgamiento de contratos durante 2017, la mayoría por asignación directa y algunos mediante licitaciones simuladas. Según la denuncia que el ORFIS presentó ante la Fiscalía General del Estado en mayo de este año, entre los casos detectados se incluía al menos una de las tres compañías constructoras que el entonces dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, regenteaba a través de su esposa Monserrat Ortega Ruiz, actual diputada local plurinominal del partido blanquiazul, mismas empresas que habrían recibido también obras de la SIOP a cargo entonces del ahora senador Julen Rementería.


YUNISTAS EN PROTECCIÓN CIVIL

Por cierto, nos cuentan que más de uno se quedó con el ojo cuadrado luego de que trascendiera el reciente nombramiento de quien fuera una destacada promotora del voto a favor de Miguel Ángel Yunes Linares, Nadia Leticia Tadeo Benítez, como Directora de Atención a Emergencias de la Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado.

Y es que nadie se explica cómo es que la administración de Cuitláhuac García, quien aún no acaba de reponerse del episodio pirotécnico que dejó varios lesionados la noche del tradicional Grito de Independencia –precisamente por falta de supervisión de Protección Civil–, permitió este nombramiento si todo mundo sabe que el principal enemigo político de la Cuarta Transformación en Veracruz es, evidentemente, el jefe del clan de El Estero.

De acuerdo con fotografías que circulan en las redes sociales, Nadia Leticia no sólo habría formado parte de la red de “promotores” del voto de Yunes Linares en la elección del 2016, sino que también fue presidenta del voluntariado de la Secretaría de Protección Civil en la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Por si esto no bastara, personal de la dependencia a cargo de Tadeo Benítez se queja de malos tratos y de que carece de título profesional, además de la notable falta de conocimiento de la nueva titular de Atención a Emergencias, quien estudió Educación Especial.

Por cierto, otro que no canta mal las rancheras es Omar Chaparro, ex Director de Planeación de Protección Civil, a quien se vincula con Miguel Ángel Yunes Márquez, pues todo su equipo sigue incrustado en esa área.

Ver para creer.


PROCURADORA FISCAL… ¿DE LERDO?
Ayer comentamos aquí que algunos aspirantes al cargo de Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado pretenderían impugnar legalmente la candidatura de la actual Procuradora Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Delia González Cobos, si es que la funcionaria de la Sefiplan llegase a ser incluida en la terna final que será votada el próximo jueves 26 por el pleno de la LXV Legislatura local.
Y es que el argumento con el que pretenden descalificarla es que supuestamente no es veracruzana de nacimiento, por lo que tendría que demostrar que tiene vecindad mínima de cinco años en el estado, lo que presuntamente no podría comprobar ya que sus detractores aseguran que apareció en Veracruz en los procesos electorales de 2015, hace apenas cuatro años.
Pero, ayer, una fuente confiable nos dijo que González Cobos, quien es Licenciada y Maestra en Derecho por la UNAM y la cual laboró en el área jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y como directora de legislación en la Procuraduría Fiscal de la Federación, sí nació en la entidad: presumiblemente en Lerdo de Tejada, donde su padre habría sido obrero del ingenio azucarero de esa municipalidad.