* FISCALÍA POLITIZADA

A principios de agosto del año pasado, en una cena organizada en el salón Tajín de la Casa Veracruz a la que el gobernador Cuitláhuac García invitó a 18 periodistas, se le hizo ver al mandatario veracruzano que para respaldar su discurso en contra de la corrupción hacía falta ver acciones más contundentes, pues se le dijo que no se entendía cómo un exfuncionario tan cuestionado como Miguel Ángel Vega García había sido designado director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado (CGE) cuando en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto desatendió en 15 ocasiones la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación para que investigara a funcionarios implicados en la llamada "Estafa Maestra" que ocasionó un daño patrimonial de miles de millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en las que Vega estuvo a cargo del Órgano Interno de Control al lado de Rosario Robles Berlanga, actualmente en prisión.

El reciente Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, que la titular de la SFP Irma Eréndira Sandoval presentó la semana anterior vino a confirmar la inutilidad de este desacreditado personaje en la CGE, pues resulta que de las irregularidades que por 6 mil millones de pesos fueron detectadas en ocho programas federales, Veracruz es el estado del país con más observaciones, ya que tiene pendiente de aclarar, justificar o recuperar 683.2 millones de pesos, que representa el 11.2 por ciento del total.

Otro caso escandaloso es el de Mario Lozano Sánchez, quien hasta el pasado viernes se desempeñó como director administrativo del Sistema Estatal del DIF, cargo que ocupó durante poco más de un mes. El exfuncionario le declaró al columnista Edgar Hernández que antes de ser cesado violentamente de su cargo había presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de su antecesor Héctor Ruz, por amenazas de muerte contra él y su familia.

“Solo bastaron 34 días para darme cuenta de la escalada de corrupción que encabeza la titular del DIF, Verónica Aguilera Tapia”, señaló Lozano, quien acusó que Ruz es encubierto por la directora general de este organismo asistencial.

Pero el montaje más burdo es la persecución política que ha urdido la Fiscalía Anticorrupción en contubernio con diputados de Morena en contra del alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y de la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas por atreverse a denunciar penalmente a los extesoreros Pedro Benítez Domínguez y María Nely Alarcón Gil.

Al comparecer por escrito este lunes ante la Comisión Permanente Instructora que preside el diputado morenista Víctor Emmanuel Vargas Barrientos --en cuya audiencia los abogados del munícipe actopeño entregaron 53 pruebas documentales públicas que avalan su inocencia--, Domínguez Sánchez expresó su extrañeza de que el Fiscal Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, no haya procedido aún en contra de Alarcón Gil a pesar del expediente elaborado por la Contraloría Interna que comprueba un daño patrimonial por 22 millones de pesos, y que, "por el contrario, los que denunciamos ahora somos los perseguidos y hostigados por la Fiscalía Anticorrupción.”

“Lo único que hemos pedido a los señores legisladores es que se aplique la ley, a secas, sin tintes políticos, sin intereses de grupos, y se proceda en contra de los extesoreros que defraudaron la confianza del pueblo de Actopan. Confiamos en nuestros legisladores, reconocemos su trabajo y estamos seguros de que actuarán con probidad, de acuerdo a lo que marca la ley”, destacó el munícipe.

Ya se verá este jueves qué diputados deciden ser comparsa del faccioso Fiscal Anticorrupción.