* SINCRONÍA FALLIDA

A diferencia del polémico proceso que en septiembre del año pasado le instrumentaron sorpresivamente al abogado yunista Jorge Winckler para destituirlo de la Fiscalía General del Estado --la Diputación Permanente aprobó fast track un punto de acuerdo que casi de manera simultánea apareció publicado en la Gaceta Oficial del Estado para que legalmente entrara en vigor--, ahora, los diputados de MORENA Rubén Ríos Uribe y Javier Gómez Cazarín, quienes presiden la mesa directiva de la LXV Legislatura local y la Junta de Coordinación Política, respectivamente, se hicieron bolas en la sesión plenaria de este miércoles en la que fueron desaforados el legislador independiente Erik Iván Aguilar López y el alcalde y síndica de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, lo que habría dado pie a un garrafal error de la Policía Ministerial que indebidamente detuvo a la edil actopeña antes de que la suspensión y revocación de mandato se formalizara en estricto apego a la ley, lo que habría violado el debido proceso y obligaría a cualquier juez a ordenar su inmediata excarcelación.

Y es que, según trascendió, de última hora fue modificada la orden del día, pues el primer asunto que iba a desahogar el Pleno era precisamente el de la destitución de los ediles de Actopan; el desafuero del diputado Aguilar López estaba programado para después.

Sin embargo, súbitamente decidieron adelantar la inhabilitación del legislador independiente para que de inmediato su suplente rindiera protesta y ocupara su curul, asegurando otro voto más para desaforar al munícipe y a la síndica, lo que en efecto así sucedió.

Este cambio en la orden del día habría alterado la sincronización de los agentes ministeriales que para entonces ya seguían y tenían ubicada a la síndica que, al momento de su detención, se hallaba en una plaza comercial cercana al Palacio Legislativo, a donde había ido a realizar un trámite personal en una institución bancaria. Pero, a esa hora, en la sala de sesiones del Congreso aún no se aprobaba su desafuero. Al trascender en las redes sociales su ilegal detención, Lucero Jazmín fue regresada por los agentes policiacos y recapturada en el mismo lugar.

Sin embargo, algunos abogados opinan que legalmente la suspensión y revocación de mandato entraba en vigor hasta que el decreto aprobado por la mayoría calificada de la LXV Legislatura local se publicara oficialmente en la Gaceta Oficial del Estado, ya que es el único medio para dar validez jurídica a una norma.

Y citan que precisamente el Artículo 6 de la Ley número 249 de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz estipula que "las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones normativas de observancia general, obligan y surten sus efectos jurídicos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos de que en el instrumento publicado se señale expresamente el inicio de su vigencia."

Con Winckler cuidaron este detallito. ¿Ahora... les falló?

LA ÚLTIMA DE YOLI GARCÍA


Yoli García Álvarez está por dejar el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), pues su periodo como comisionada está por concluir.


Sin embargo, trascendió que antes de decirle adiós a este organismo autónomo que presidió, doña Yoli se echó tremendo trompo en la uña al iniciarle oficialmente una investigación al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por datos personales debido a una fotografías con menores de edad que fueron publicadas en la cuenta de Twitter del titular de la SEGOB.


Lo que sorprendió en el segundo despacho de Palacio de Gobierno, según nos dicen, es que doña Yoli inició oficiosamente la investigación sin que existiera denuncia formal de por medio, más que un crítico tuit de una periodista.


A ver si a la comisionada del IVAI no le reactivan alguna de las cuatro denuncias penales que nos aseguran están archivadas en la Fiscalía General del Estado, lo que podría dar al traste con su aspiración de ser consejera del Instituto Nacional Electoral, pues la semana pasada apareció su nombre entre los 385 de la lista final de candidatos a ocupar los cuatro asientos que quedarán vacantes próximamente en el Consejo General del INE.