DEBERES

La diferencia esencial entre un régimen absolutista y un sistema republicano basado en leyes radica en que las autoridades emanadas del segundo tienen deberes y atribuciones específicas que no pueden modificar ni ampliar a placer, en que están sujetas a controles y, al menos técnicamente, son responsables de sus actos; mientras que el gobernante absoluto (un emperador europeo del siglo XVI, por ejemplo) no rendía cuentas a nadie ni necesitaba explicar sus acciones en tanto que su poder devenía del linaje, del derecho divino e incluso de la sujeción mediante la fuerza de un territorio y sus habitantes, se supone que el funcionario de un sistema democrático administra los intereses de sus mandantes, a quienes representa y que actúa en consecuencia.

Siguiendo la teoría, también se conjetura que una vez electo mediante el sufragio popular, el funcionario de un gobierno democrático adquiere obligaciones para con toda la sociedad y no sólo para aquéllos que le eligieron; se presume, también, que la oferta hecha a los electores potenciales durante las campañas ha de ser el eje de la acción de gobierno, en pocas palabras, que las promesas electorales han de cumplirse y que habrá congruencia entre lo dicho y lo hecho. Así debiera ser.

Sin embargo, la historia de las democracias contemporáneas está plagada de ejemplos en contrario. Uno de los casos más emblemáticos es el del PSOE (Partido Socialista Obrero Español): históricamente este partido se opuso a la participación de España en la alianza militar del “Hemisferio Norte” liderada por Estados Unidos, pero apenas llegó al poder, en 1986, realizó un referéndum (que muchos consideraron manipulatorio, porque el Gobierno de Felipe González utilizó un eufemismo en lugar de llamar a la OTAN por su nombre). El clímax de esta contradicción lo representó Javier Solana, quien desde las filas socialistas fue posiblemente el mayor oponente a la permanencia de España dentro de la alianza militar de Europa y Estados Unidos y, apenas 10 años después de su arribo al poder, en 1996, fue designado como Secretario General de dicha coalición bélica.

Un conflicto esencial en el ejercicio del Gobierno contemporáneo tiene que ver con lo que es popular y deseable, lo que la gente querría que ocurriera, y lo que es necesario -a veces indispensable- e impopular. Muy pocas veces los gobernantes tienen chance de tomar medidas que, siendo agradables y bien recibidas, aporten soluciones de fondo a los problemas del entorno que gobiernan; dicho más claramente: parece que las decisiones de la autoridad que suelen ser bien recibidas por la opinión pública, pocas veces resuelven las cosas más allá de lo urgente. En cambio, por razones obvias, las medidas de autoridad que son restrictivas suelen ser impopulares (¡consuma menos y no contamine!, ¡baje la velocidad!, ¡párele a su fiesta y respete el sueño del vecino!, ¡vaya a la guerra en “defensa” de su país!, ¡no consuma drogas y menos las venda!, ¡no maneje si bebió embriagantes!, ¡hoy no circule!).

El ejemplo prototípico está en los impuestos: las gravámenes son indispensables, vitales para la vigencia de cualquier sistema institucional (salvo algunos pocos países como Kuwait o los Emiratos Árabes, que pueden pagar íntegro el costo de la administración y los servicios públicos a partir de los ingresos petroleros), pero a nadie le gusta tributar y en todas partes existen estrategias legales e ilegales para evitarlo, desde la famosa “ingeniería fiscal” hasta la evasión simple y llana.

Si un gobernante quiere ser popular, la receta le dice que no suba los impuestos, que si puede los baje o de plano los elimine, que no presione para cobrarlos... sin importar lo que pase después. La economía griega de hoy, sustentada en las cuentas fraudulentas (para su ingreso a la Unión Europea), en la minúscula captación fiscal y el desproporcionado fraude de los contribuyentes, en una economía de ficción, así como en la serie de “lujos sociales” de su carísimo sistema de bienestar costeado con dinero inexistente (lo que equivale a un individuo que gasta sin parar durante mucho tiempo los fondos que no tiene, sin medir las consecuencias futuras), son la mejor muestra de la acción de gobierno que consigue aprobación inmediata de sus votantes, pero que acumula pasivos capaces de reventar no sólo un sistema financiero sino a la nación misma.

México anda en esas: aproximadamente el 40% del gasto público se paga con petróleo y los analistas no dejan de preguntarse qué pasará cuando se acaben los “veneros del diablo”; al final no somos Qatar, ni Dubai y tarde que temprano los hidrocarburos se nos agotarán. Sin embargo, lejos de disminuir la carga tributaria sobre PEMEX (por lo menos aligerarle un poco sus costos fiscales, para que pueda mejorar sus fierros y aumentar su magra rentabilidad), en los últimos años el erario ha llevado a la paraestatal al borde de la asfixia y a la economía pública a una irreductible dependencia del dinero de petróleo. ¿Quién se atreverá a incrementar los impuestos en este país en el que las 500 mayores empresas no los pagan o lo hacen en cantidades absurdas, ofensivas y todos temen a dichos consorcios?

Con frecuencia, pensar de cara al futuro implica costos y retos mayúsculos, del tamaño que citó Churchill: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Fue Churchill, por cierto, a quien no temblaron las corvas para decirle a los ingleses, siendo primer ministro: “no tengo más que ofrecerles que sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas”. El reto, parece, radica en ser eficientes en lo inmediato pero especialmente en el largo plazo.

Sin embargo, en esta época de “mediciones científicas”, muchos gobernantes caen en la tentación de guiarse por las encuestas y las “preferencias ciudadanas” como único recurso para complacer a una opinión pública ávida de soluciones expeditas a graves problemas que casi siempre son de fondo y requieren “cirugía mayor”. Conducirse así, en estricto sentido, es una traición al compromiso primigenio establecido con los votantes; parece que sólo se tratara de “quedar bien con la audiencia electoral”, como el gobierno griego, sin importar lo que venga después, lo que lleva a medidas superficiales y poco efectivas, no a soluciones. Es el reino de la inmediatez, que con frecuencia complica más que resolver los conflictos sociales (una despensa en lugar de una fuente de ingresos propios permanentes para una familia pobre, por ejemplo).

Es una gran tentación guiarse por la popularidad. Se requiere de temple y talante para actuar con responsabilidad, cumpliendo deberes antes que conquistando audiencias y más si eso tendrá costo. Es la congruencia que todo ciudadano merece, por encima del aplauso, de aquéllos que fueron escogidos para guiar el destino común. Son rara avis in terris, pero venturosamente quedan algunos así.

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