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En Veracruz, los responsables de las diversas áreas de la Fiscalía General, pueden amañar investigaciones, solicitar órdenes de aprehensión (a un Poder Judicial sometido) y con ello, encarcelar inocentes, además, cuando el sainete se cae, no pasa nada.
También pueden entregar restos humanos que supuestamente corresponden a determinada persona y aunque la familia no encuentre las señas particulares de la víctima, se niegan a admitirlo y a realizar las pruebas necesarias para confirmar o rectificar sus peritajes.
Pero ahí no para la cosa, porque después de arduos trabajos ‘científicos’, se equivocan y detienen a un homónimo del sospechoso, para después buscar resolver todo con un: usted disculpe, pero se llama igual que el presunto.
Aunque son botones de muestra, ejemplifican que la procuración de justicia es un desastre. No obstante, más allá de las deficiencias estructurales (falta de presupuesto, corrupción, investigaciones rezagadas, instalaciones deficientes, etc.), la situación se agrava, porque la dependencia es utilizada como un brazo operador del gobierno estatal.
En efecto, la fabricación de delitos contra quien corresponda, se volvió política pública. El caso de José Manuel del Río Virgen es la punta del iceberg, sin embargo, los detenidos por circunstancias similares suman cientos, como lo documentó la Comisión Especial que hace un tiempo conformó el Senado.
La pregunta que surge, al conocer todos estos asuntos, es una: ¿se puede actuar con tanta sevicia sin que haya consecuencias legales?
El próximo gobernador(a) o la justicia federal, tendrán que dar la respuesta. Al tiempo.
