 |  |  |  |  |
|
| ||||
| | | | |
|
| ||||
Ayer, al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la LXVI Legislatura local con motivo del cuarto informe de gobierno, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, fue interrogado sobre el caso de la empresa NL Technologies S.A. de C.V., que en la administración del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares celebró contratos de asociación público-privado para el servicio de alumbrado público y renovación de luminarias con al menos 15 de los 212 municipios del estado.
“Se estaba cometiendo un atraco mayúsculo y debíamos actuar”, dijo el titular de la Sefiplan al advertir que la empresa de Monterrey, Nuevo León, seguía cobrando por los servicios que de forma irregular dejó de prestar, orillando a los ayuntamientos a pagar doble por el consumo de la energía eléctrica obligados por los contratos desventajosos.
“Los tiempos de complicidad con los corruptos terminaron”, afirmó Lima Franco, quien presumió que dieron seguimiento a las acciones legales y denuncias realizadas por las autoridades municipales contra la empresa regiomontana para detener el “fraude”.
El funcionario comentó que “ahora a los municipios de Medellín, Tuxpan y Poza Rica ya no se les descuentan sus participaciones que iban de manera directa a esta empresa” y que
“NL Technologies dejará de recibir más de 640 millones de pesos que podrán ser invertidos en obras para beneficio de la gente”.
El viernes 13 de mayo de este año, en una reunión con alcaldes defraudados, el gobernador Cuitláhuac García instruyó a la Sefiplan a suspender los descuentos que durante más de cuatro años se les venían haciendo de sus participaciones federales a los municipios por esos contratos, lo que ya desde 2020 los ediles habían solicitado a la nueva administración estatal de Morena.
Lo que los asesores de esos ediles –principalmente el Despacho Aguilar de la Llave y Asociados– proponían no era cancelar sino suspender la transferencia de recursos, ya que consideraban que esa era la única manera de sentar a negociar a la empresa de Monterrey, misma sobre la que una semana antes el gobernador García Jiménez declaró que había “desaparecido”.
Casualmente, después de esta reunión del Ejecutivo estatal con funcionarios de la Sefiplan y los alcaldes de Tuxpan, Medellín, Chontla, Ozuluama e Ixhuacán de los Reyes, entre otros, por fin apareció Carlos Manuel Knight Crespo, dueño y representante legal de NL Technologies, quien al día siguiente filtró al portal alcalorpolitico.com dos cartas que desde el 9 de mayo había dirigido al mandatario veracruzano y a su secretario de Finanzas.
El empresario aseguró que se comunicó oportunamente con el gobierno estatal para notificarle sobre el cambio de domicilio de NL Technologies y que desde hacía más de un mes había solicitado una reunión formal con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, que hasta ese momento no había sido posible concretarse.
En su misiva, Knight señalaba que la reunión que solicitaba tenía el objeto de “exponer nuestra posición, explicar los alcances del proyecto, y cómo es que nuestra empresa trabaja con algunos de los municipios del Estado de Veracruz, de igual forma que se nos permita demostrar que sí hemos pagado los consumos de luz que genera el número de luminarias de LED instaladas y contratados con nosotros, de igual forma, expresar cuáles han sido los motivos por los que algunos no se han pagado”.
En otro escrito enviado ese mismo 9 de mayo al titular de la Sefiplan, el empresario hizo referencia a las declaraciones de Lima Franco, quien dijo que no descartaba emprender acciones legales contra la firma, al acusarla de no poner “mucho de su parte” para resolver el conflicto.
Knight remarcó que NL Technologies S. A. de C. V. no había sido requerida “en ninguna reunión para tratar temas relacionados con las contrataciones descritas, por parte de la dependencia a su digno cargo”, por lo que consideró “incorrecta” la expresión del secretario.
Y advirtió que desconocería cualquier arreglo que pudieran tener con Banca Afirme, pues puntualizó que ésta tiene exclusivamente el carácter de fiduciaria y no tiene facultades para negociar en nombre de la empresa regiomontana, lo que seguramente dijo por la reunión que Lima Franco había sostenido el martes 19 de abril de este año en la Ciudad de México con dicho grupo financiero del magnate muy cercano a la 4T, Julio César Villarreal Guajardo, presidente además de Grupo Villacero, a la cual asistieron también los alcaldes de Tuxpan, Ozuluama, Chontla y la síndica de Poza Rica.
Por eso fue que Knight Crespo reviró que era el gobierno estatal y sus funcionarios quienes estaban evadiendo el encuentro. “No contestan, no dan la cara. Yo sí tengo elementos de que los hemos invocado y los hemos llamado, pero ellos se esconden porque no tienen sustento a lo que dicen, nosotros sí”, aseveró.
Sin embargo, desde principios de agosto pasado, la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León no ha podido localizar el domicilio fiscal de NL Technologies S.A. de C.V., la cual, según su base de datos estatal del Sistema de Registro de Contribuyentes, no ha presentado ningún aviso de cambio de situación fiscal.
ALTOTONGA: DESMIENTEN ‘ASESINATO’
La mañana de este martes se difundió que la conocida y estimada maestra María Elena Pablo Lozano, madre de María Elena Baltazar Pablo, exregidora y excandidata de Podemos a la alcaldía de Altotonga, había sido “asesinada” en el interior de su domicilio.
Ayer, el Ayuntamiento que preside el priista Ignacio Morales Guevara aclaró que la profesora falleció por un problema cardiaco, desmintiendo que hubiera sido víctima de un atentado con arma de fuego como se difundió falsamente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.
Esta falsa versión obviamente cimbró a la sociedad altotonguense que todavía sigue muy consternada por el crimen de don Alfonso Andrade Aburto, un apreciado empresario ferretero que fue asesinado la semana anterior.
La administración de Morales Guevara reiteró su compromiso con la población de mejorar la seguridad pública municipal, para lo cual ha destinado recursos para la adquisición de patrullas y la capacitación y acreditación de sus policías.
Sin embargo, lo que pocos saben o no recuerdan, es que desde hace casi tres años la Secretaría de Seguridad Pública del estado intervino a la policía municipal y les requisó sus armas, por lo que en la actualidad los pocos elementos policiacos tienen que cumplir su función solamente con toletes.
¿Así cómo van a enfrentar a los criminales que andan super armados?
