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Son pocos, muy pocos, los directores o secretarios de Seguridad Pública del estado a los que se les recuerda por haber servido con honestidad y eficacia a los veracruzanos en esa complicada responsabilidad gubernamental. Los peores han sido los arribistas que, originarios de otra entidad, evadieron honrar la oportunidad que generosamente recibieron en el estado que los acogió. Sólo vinieron a saquear y a enriquecerse, coludiéndose inclusive con criminales y delincuentes a los que estaban obligados a combatir, incumpliendo su misión de salvaguardar el patrimonio, la integridad y tranquilidad de las familias veracruzanas.
Uno de los casos más anecdóticos es el del general Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, nativo de la Ciudad de México, quien fue recomendado por el entonces gobernador priista de Guerrero, Rubén Figueroa, al mandatario veracruzano Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), también del partido tricolor.
Entre las pillerías de este militar ejecutado el 20 de abril de 2012 –uno de los encargados de efectuar las operaciones represivas en contra de la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero y otros movimientos subversivos contra el gobierno en las décadas de 1980 y 1990– todavía se recuerda el robo de una colección de armas que horas antes le acababa de mostrar y presumir un prestigiado notario público xalapeño que lo había invitado a cenar en su residencia ubicada sobre la céntrica avenida Ávila Camacho de esta ciudad capital.
Otro caso más reciente es el de Arturo Bermúdez Zurita, también oriundo de la capital del país, quien en la administración del exgobernador Miguel Alemán Velasco sirvió como carga maletas de su sobrino Sergio Maya Alemán, poderoso subsecretario de Finanzas, y por el cual se vinculó desde la campaña de Fidel Herrera Beltrán, en 2004, con Javier Duarte de Ochoa, quien al suceder al exmandatario cuenqueño en 2010, lo nombró secretario de Seguridad Pública, saliendo inexplicablemente millonario antes de que finalizara el sexenio duartista.
Ahora, paradójicamente en el régimen de la Cuarta Transformación, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegó en 2018 Hugo Gutiérrez Maldonado, un abogado procedente de Monterrey, Nuevo León. Su primer desliz fue mentir sobre un falso doctorado en Derecho, y su administración estuvo marcada por escandalosos casos de corrupción, desaparición y ejecución de funcionarios, y la muerte de civiles detenidos y recluidos en el Cuartel San José, de Xalapa.
El 20 de octubre pasado, sorpresivamente, Gutiérrez Maldonado huyó. Se fue sin dar la cara. En su carta de renuncia, argumentó al gobernador Cuitláhuac García que “como bien usted conoce mi situación personal, debo atender cuestiones muy personales que me reclaman e impiden seguir destinando todo el tiempo que este encargo demanda, y he preferido entregarle buenas cuentas con la finalidad de que Veracruz siga en la ruta de mejorar cada vez más la seguridad de la sociedad, por lo que he tomado la decisión de presentarle mi renuncia…”
Todavía tuvo el descaro de informarle a su exjefe que “no omito mencionar que recibí el pago de mis respectivos salarios a los que tuve derecho, así como que durante mi gestión no sufrí accidente o enfermedad alguna, por lo que no me reservo el derecho o acción alguna que reclamar en contra de la presente administración”.
¿Pues para qué? Si como dice la canción de El Jibarito, salió “loco de contento con su cargamento para la ciudad…”, pues entre algunos de los pocos “amigos” que dejó en Veracruz estiman que en los cuatro años que “sirvió” a los veracruzanos pudo haberse embolsado alrededor de 500 millones de pesos generados tan solo por el cobro de “moches” y cuotas de proveedores y concesionarios del transporte público y del servicio de grúas.
Ayer, al comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública de la LXVI Legislatura local con motivo del cuarto informe del gobernador García Jiménez, su sustituto en la SSP, el capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, fue duramente cuestionado por el diputado priista Marlon Ramírez Marín, quien además de pedirle informes sobre el arrendamiento de 110 patrullas, cuyo contrato que venció el 31 de marzo aún no lo han podido renovar, así como de los 27.7 millones de litros de gasolina donados desde 2019 por Pemex al Gobierno del Estado y que representan 594.4 millones pesos, le expuso también otros casos de diversos contratos asignados, entre ellos los que durante los últimos dos años se dieron sospechosamente por 40 millones de pesos a una casa proveedora de uniformes cuya representante legal, Araly Rodríguez Vez, resultó ser funcionaria de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), como secretaria de apoyo, ¡con sueldo de 7 mil 200 pesos mensuales!.
Y el sucesor de Gutiérrez Maldonado en la titularidad de la SSP, pese a que Ramírez Marín le entregó copia del contrato número SSP-UA-076-22 relativo a la adquisición de vestuario y uniformes para personal adscrito a esta secretaría –documento que él mismo firmó el 10 de agosto pasado todavía en su calidad de Subsecretario–, se comprometió públicamente a investigar “sobre la persona que usted menciona en virtud de que puede existir algún homónimo”, como si el nombre y apellido materno de la “proveedora” fueran muy comunes. Vaya justificación.
