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Veinticuatro horas antes de sufrir el atentado del que milagrosamente salió ileso, Ciro Gómez Leyva fue tundido una vez más por el presidente López Obrador que lo acusó tanto a él como a Carlos Loret y a Sergio Sarmiento, de deshonestos y que “si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro”.
Ignoro si Carlos y Sergio se engancharon, pero Ciro ni siquiera comentó la agresión verbal. Al término de su noticiero se despidió de su audiencia, subió a su camioneta y minutos después vino la pesadilla. Una motocicleta donde iban dos sujetos se le emparejó y el copiloto sacó un arma y disparó. Dos de los balazos eran mortales de necesidad porque iban a la cabeza del periodista, pero se estrellaron en el cristal blindado de la ventanilla y Ciro volvió a nacer.
En contrapunto con lo que le sucedió a Ciro, hay otros 16 que no corrieron con esa suerte este año. La lista negra (literal) de los periodistas ultimados arteramente comenzó a nutrirse el 10 de enero con el asesinato en Veracruz de José Luis Gamboa. A él le siguieron Juan Arjón López, Ernesto Méndez, Antonio de la Cruz, Yesenia Mollinedo, Sheila García, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares López, Juan Carlos Muñiz, Jorge Luis Camero Zazueta, Heber López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Fredid Román y Pedro Pablo Kumul.
Del año 2000 a la fecha están documentados 157 homicidios contra periodistas. De ese total, 37 han ocurrido desde que la 4T llegó al poder. De ese número, 16 han ocurrido en este 2022 que ha resultado el más mortífero para los comunicadores. Y de esos 16, Veracruz ha “cooperado” con cuatro periodistas asesinados y es número uno en ese renglón a nivel nacional seguido por Baja California, Michoacán y Sonora.
Con estos números no es novedad que México sea por cuarto año consecutivo el país más letal del mundo para los periodistas. “Comparado con países en guerra como Ucrania, México está peor. Es el peor del hemisferio occidental. Es el peor ya del mundo este año en términos de letalidad para la prensa”, dijo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 en entrevista con Pascal Beltrán del Río.
Y si a esos asesinatos agregamos los 141 mil 550 homicidios dolosos cometidos del 1 de diciembre del 2018 al 30 de noviembre de este año, futa…
¿El presidente ordenó el atentado contra Ciro? No por Dios, claro que no. López Obrador será intolerante pero va a misa. Sabe que la muerte violenta de un periodista de tanto prestigio hubiera ocasionado algo más que un cisma en el país.
De lo que sí es directamente responsable, es del clima de crispación que se vive, del mal humor de los mexicanos y de la impunidad que sin duda ha dado pie al asesinato de tantos periodistas.
Y no le baja. El viernes por la mañana primero ofreció su solidaridad y apoyo a Ciro y minutos después volvió a tundir a los medios de comunicación que no le son afines.
Y ese odio lector, es una muy mala noticia para los comunicadores.
El ataque a Ciro Gómez Leyva es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a disentir. Es un atentado contra las voces de quienes se oponen a la destrucción del INE; de quienes denuncian un día sí y otro también el clima de violencia que se vive en el 70% del territorio nacional con las consabidas masacres, homicidios, feminicidios, crímenes de odio, secuestros y desaparecidos que ya son parte de lo cotidiano.
El atentado contra Ciro es también contra quienes han denunciado (y lo seguirán haciendo), el ecocidio que está cometiendo el presidente en la selva de Yucatán, el desabasto de medicamentos, el precario servicio en los hospitales, la multiplicación de los pobres y la corrupción de su gobierno.
No, López Obrador no ordenó asesinar a Gómez Leyva. Pero al azuzar a sus hordas de fanáticos contra los periodistas de la forma tan soez en que lo hace, es casi tan responsable como el sicario que iba por Ciro y que gracias a Dios, falló en su encomienda.
La advertencia de Marlon
En septiembre anterior el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregó al Congreso local la Cuenta Pública 2021, y en octubre el Congreso la bateó y ordenó que en un plazo no mayor de 90 días se efectúe una nueva valoración. Ésta se está llevando a cabo, pero al parecer de manera ilegal.
El diputado de PRI, Marlon Ramírez Marín, que ya lo había advertido al pleno se lo dijo el pasado fin de semana a este reportero. Y lo cito textual.
“Uno de los argumentos que se esgrimieron en la Comisión de Vigilancia del Congreso Local por el dictamen que se emitió y se votó por el Pleno de manera favorable, en el que entre otras cosas no se aceptaron las cuentas públicas de los entes fiscalizables (dependencias estatales, municipales y organismos como los operadores de agua), es que como los entes públicos manejan una combinación de recursos federales, estatales y municipales, tiene que existir un convenio de colaboración entre el Órgano Superior de Fiscalización, que es constitucionalmente quien tiene la facultad exclusiva de auditar esos manejos de fondos federales. Y para que los órganos locales puedan hacer válida, legal y constitucionalmente la auditoría de esos fondos, tiene que tiene que estar vigente un convenio de colaboración.
“Nosotros le requerimos a la auditora general (Delia González Cobos) que nos acreditara que ese convenio está vigente. Pero ese convenio hasta la fecha no nos los ha mostrado. Y si el convenio no está vigente, las auditorías que se están realizando en materia de fondos federales pueden resultar inválidas, porque se está haciendo uso de una facultad exclusiva de un ente distinto que no es el Órgano Superior de Fiscalización del Estado”.
¿Se habrán dado cuenta de esto los diputados y diputadas de la LXVI Legislatura y el propio ORFIS? Ojalá, porque de lo contrario se van a meter en una bronca que costará millones y el desprestigio de no pocos desprestigiados legisladores.
