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La denuncia de un empresario cordobés, Joaquín Rodríguez Fernández, defraudado millonariamente por su socio, quien es su propio hermano, ha puesto en evidencia y en el foco de la opinión pública el manejo discrecional de la aplicación de la ley de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, Ihali Patricia Armas Márquez.
A pesar de que se abrió la Carpeta de Investigación VER/DXVII/F8/5554/2022 y un juez les dictó orden de aprehensión en el proceso penal 97/2023, el empresario Manuel “N” y sus hijas Celia María “N” e Isabel “N” se reunieron en lo oscurito con la juez que lleva el caso, para pactar un acuerdo previo a la audiencia que se llevará a cabo este martes 16, a las 11:30 horas, para ser exonerados.
¿Por qué no fueron detenidos en ese momento? ¿Por qué la juez se prestó a un pacto de impunidad? ¿Cuál es el interés o de cuánto fue el acuerdo del pacto de impunidad que en ese encuentro se convino? La víctima ha acusado un acuerdo abierto, sin rubor, entre los presuntos delincuentes y la administradora de justicia.
Y así lo hizo valer por su propio pie y derecho, este viernes 12 de mayo, al acudir a interponer una denuncia penal en contra de la juez Ihali Patricia Armas Márquez por los delitos de incumplimiento de un deber legal, encubrimiento por favorecimiento, prevaricación equiparada, delito contra la administración de la justicia y los que resulten.
Este mismo día, el agraviado se presentó también ante el Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Víctor Luis Priego López, para interponer una queja o denuncia administrativa en contra de la jueza, ya que estaría actuando a favor de quienes lo agraviaron, citando los encuentros “de acuerdo” que han sostenido.
El empresario, radicado en la ciudad de Córdoba, insiste en denunciar este caso de corrupción por las vías legales y pide al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que así como lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no permita que en Veracruz se pacte con delincuentes ni que se violenten los derechos de las personas, con acuerdos en lo oscurito y amañados.
Joaquín Rodríguez Fernández insiste en que fue estafado con más de 30 millones de pesos y millonario legado por herencia familiar en el extranjero y que se quedará sin recibir justicia gracias a las influencias de quienes lo agraviaron a través de prácticas fraudulentas y falsificación.
Así, ha indicado que pareciera que en Veracruz “es más fácil y barato comprar a autoridades que se dedican a la venta corrupta de beneficios, que reparar daños a la víctima”.
UNA JUEZ CON LARGO HISTORIAL
Este caso pareciera ser sólo la punta del iceberg de una red de corrupción que dicha juez ha tejido al interior del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Y es que, en 2020, a Ihali Patricia Armas Márquez se le abrió la Carpeta de Investigación 813/2020 por presuntos hechos de corrupción vinculados con una banda de colombianos que se dedicaban al robo de casa-habitación.
En ese año, en su carácter de Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, sin mayor experiencia en la función jurisdiccional, fue designada como Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo. Fue en esa época cuando no actuó en contra de esta banda de robo a casa-habitación, argumentando violación a derechos humanos y porque estaba excedido el término de puesta a disposición, sin apertura a audiencia, ordenando a la administradora de causa que devolviera los oficios.
Por estos hechos fue denunciada en la carpeta ya mencionada, sin que hasta la fecha la Fiscalía Especializada haya judicializado la misma por los hechos cometidos. Y así, bajo la protección del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, la juez sigue saltando de distrito a distrito, cometiendo presuntos actos de corrupción, revictimizando a las víctimas, quienes en lugar de recibir justicia reciben una violación a sus derechos humanos, dejándolos en la incertidumbre, como el caso del empresario Joaquín Rodríguez Fernández.
El actuar de esta juez en nada coincide con la política de la 4T impulsada por el gobernador Cuitláhuac García y el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, quienes han convocado para el próximo sábado 20 de mayo a una manifestación ante la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para protestar por los presuntos excesos anticonstitucionales de algunos ministros y la corrupción que impera entre los impartidores de justicia del fuero federal. Aquí, en Veracruz, existe esta denuncia, con nombre y apellido, que la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, tampoco debería dejar pasar.
