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El pasado jueves 20 de abril, Estefany Nahomi, de 14 años, fue asesinada en Tecolutla por su compañero de secundaria, Víctor Yael, quien enojado supuestamente porque la adolescente no aceptó ser su novia, la agredió a puñaladas.
El caso estremeció a la sociedad veracruzana por la corta edad y saña del victimario. Sin embargo, lamentablemente, cada vez más menores de edad son procesados por delitos de alto impacto como violación, homicidio y portación de arma.
En su edición de este domingo 23, el diario Excélsior publicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2022 –levantada por el INEGI en 45 centros de internamiento en las 32 entidades federativas, entre los meses de agosto y septiembre del año pasado–, tres mil 413 menores de edad enfrentaban cargos, de los cuales 30.2% cumplía sanción en centros de internamiento, mientras que para 56.5% su sanción no implicó encierro.
El diario capitalino señaló que, en contraste, en 2017 el porcentaje de internados era la mitad del actual: 17%.
Según la citada encuesta, en 2022 los principales delitos por los que los adolescentes contaron con sanción penal fueron: violación (23% de los internados), robo (19%), homicidio (18.6%), portación de arma (14.2%) y posesión de droga (9.1%).
Sin embargo, en 2017 lo que más cometieron los menores inculpados fueron robos (37.8%), homicidios (16.8%) y violaciones (12.5%). El porcentaje de los sancionados por portación de arma se duplicó.
Andrés Mendoza, reportero del diario capitalino, entrevistó a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, quien observó que la referida encuesta revela que las autoridades no están aplicando estrategias preventivas.
“Hay una ausencia absoluta del Estado para prevenir y acompañar a quienes están encarcelados o en tratamiento en libertad”, indicó. Además, puntualizó que carecen de espacios de participación. “No los estamos escuchando y al no escuchar no sabemos cuál sería la mejor forma de acompañarlos”, alertó.
Y es que, de acuerdo con la encuesta del INEGI, mientras entre 2017 y 2022 se duplicó el porcentaje de adolescentes en reclusión, la violación reemplazó al robo como el crimen más cometido y se duplicó el número de menores de edad detenidos con armas de fuego.
El año pasado, de los tres mil 413 adolescentes que enfrentaban cargos por algún delito, mil 30 (30.2%) cumplían sanción en algún centro de tratamiento o internamiento, mientras que tres mil 413 (56.5%) contaban con una sanción que no implicaba detención.
Esto contrasta con las cifras de cinco años antes, cuando el porcentaje de menores de edad internados por algún delito era la mitad del actual, es decir 17%, y la tasa de quienes cumplían su sanción en externación era de 65 por ciento.
Ante esta situación, preocupa la reforma enviada al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador para fusionar algunas instancias que se encargan de los derechos de los niños, de los jóvenes y personas con discapacidad, entre otros.
El domingo pasado, por ejemplo, más de 500 organizaciones de la sociedad civil alertaron que eliminar estos organismos como al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), afecta los derechos humanos y la igualdad de grupos vulnerados.
¿Los escucharán?
