Extraño silencio de la Fiscalía, ayer

Cómo estarán viendo el panorama electoral desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI que ya no quieren queso sino salir de la ratonera.
Ayer, el Revolucionario Institucional reaccionó de inmediato e indirectamente envió un mensaje a todo el priismo del país, en especial a los dirigentes y gobernantes: no permitirá actos que acaben con la credibilidad que todavía le queda.
Temprano nos amanecimos con la noticia del diario Reforma de que el papá del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, magistrado también del Tribunal Superior de Justicia, “lleva la voz de mando en las campañas del PRI” en ese estado.
El periódico documentó pormenorizadamente la irregularidad con base en grabaciones que obtuvo de asistentes a los encuentros encabezados por Leonel Sandoval, padre del ejecutivo.
Este señor, suelto de la lengua, no sólo se asume como el verdadero dirigente priista, sino que involucra y compromete al Tribunal Electoral al decir que está del lado tricolor (lo que por otra parte no es ninguna novedad porque es la generalidad en casi todos los estados del país), además de que no respeta su independencia como miembro del Poder Judicial, amén de que cae en un conflicto de interés por ser el padre del gobernador.
Indudablemente, dada la contundencia de las pruebas, en lugar de tratar de justificarlo y encubrirlo, la dirigencia nacional priista se deslindó de Sandoval padre, lo soltó y lo dejó solo además de que le exigió que asuma su responsabilidad.
El caso tiene mucha similitud con el ocurrido en el estado en 2013 cuando el PAN documentó, con base en grabaciones, y presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la existencia de una estructura de funcionarios del Gobierno del Estado paralela al PRI que se preparaba para operar a favor de los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales del tricolor utilizando recursos públicos federales, estatales y municipales.
Aquel escándalo estuvo a punto de hacer fracasar el Pacto por México, el juguete de moda entonces del presidente Peña Nieto y quiso que no, hizo que se pactara sacar adelante la Reforma Electoral con más candados para que fueran más equitativos los procesos electorales, primero efectos que ya estamos viviendo en las actuales campañas, aunque es un proceso todavía inacabado.
Fue Joaquín Hendricks, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, quien salió con la voz cantante a dar la cara por la dirigencia nacional: “De ser una nota que tenga fundamentos sólidos (los tiene, de otra forma no se hubieran preocupado por deslindarse de inmediato), me parece que hay que exigirle responsabilidad a quien, como compañero nuestro, cometiera ese tipo de irregularidades (nótese que generalizó, o sea, aprovechó para enviar un mensaje-advertencia a todo el priismo nacional), y si lo exigimos de nuestros adversarios políticos, lo propio tendríamos que hacer en este caso”.
Fue contundente: “De corroborarse la información sería una cuestión absolutamente indebida. Hay que conocer la objetividad y el origen del manejo de esta nota, pero de ser cierta, habría que darle continuidad a una averiguación en ese sentido y exigir la responsabilidad pública a quien haya incurrido en un error de ese tipo”.
Dado que el padre del gobernador involucró también al INE, igualmente el PRI, a través de su representante ante el órgano electoral, Jorge Carlos Ramírez Marín, se deslindó de cualquier “gestión oficiosa” de Leonel Sandoval.
“El partido no reconoce ninguna gestión oficiosa que alguien en pleno derecho o en alguna relación quisiera hacer, pero ni las ha solicitado ni las necesita, ni por supuesto puede reconocer algún tipo de gestión que no provenga de sus órganos formales”.
¿Qué le preocupa y por qué le preocupa al PRI deslindarse de inmediato? Porque según documentos internos de ese partido, dados a conocer por la revista Proceso el pasado 5 de abril, la dirigencia nacional teme perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y buena parte de las gubernaturas que están en juego.
El PRI, su representatividad que está en los gobiernos, sufre de una grave crisis de credibilidad y hechos como los de Jalisco sólo contribuyen a hundirlo más, porque, además, son la prueba más palpable de que es puro cuento el discurso de legalidad y transparencia que andan pregonando sus candidatos, y el mejor testimonio de que el tricolor no ha cambia en sus vicios que lo hicieron perder la Presidencia en 2000.
La reacción ayer de la dirigencia nacional priista, creo yo, es una advertencia de que no se permite ni se permitirá que el padre de ningún gobernador intervenga en los procesos de los respectivos estados. ¿Tomará debida nota la clase gobernante tricolor del país?
En esa línea de preocupación me ocupé en la columna de ayer sobre el extremo cuidado que están teniendo en el PRI de Veracruz de que no los pillen violando la Ley Electoral, de que nada los lleve ante los tribunales para dirimir ahí los resultados finales, de que no pongan en duda el conteo del cómputo del 7 de junio, pero también de que el proceso resulte, o parezca, lo más limpio posible.
Por eso extraña que desde la Fiscalía General del Estado hayan guardado silencio ayer ante el atentado que sufrió en su persona y en sus bienes la candidata del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) por el distrito de Acayucan, Liliana Janix Castro Muñoz, cuya casa de campaña en Isla, donde dormía junto con su familia, fue quemada en horas de la madrugada.
Fue un verdadero atentado, un acto criminal, indudablemente, pero el hecho de que ella sea candidata connota la sospecha de que una de las motivaciones pudo haber sido porque es competitiva y puede ganar y por lo tanto la quisieron eliminar físicamente o al menos intimidarla para que abandone la liza electoral. Ella se quejó que pese a que dio aviso a las autoridades nadie llegó a auxiliarla de inmediato.
No se puede acusar a nadie directamente o en especial de la autoría, pero no hay que quebrarse mucho la cabeza para saber a quién culpará el imaginario popular. Por eso, para atajar cualquier versión, sospecha o creencia infundada, pero además en estricto apego a la Ley, la Fiscalía debió haber reaccionado anunciando que abriría de inmediato una investigación, que dedicaría un equipo especial para tratar de esclarecer los hechos, incluso, para contribuir al mejor clima electoral, que garantiza y garantizará el desarrollo del proceso brindando seguridad a todos los actores políticos, en especial a los candidatos. Hasta anoche cuando despaché esta columna, el silencio era absoluto. Pero tampoco ninguna autoridad electoral había reaccionado, ni ningún otro partido, ni el oficial ni los de oposición. Triste y preocupante.
No tarda en que se haga escándalo nacional y que tengan encima en el estado a Andrés Manuel López Obrador, o que la verdadera oposición lo use como prueba de cómo se intimidó y atentó contra una candidata. Pero se han dejado correr los hechos.