EXCESOS DEL PODER EN VERACRUZ,DESDÉN POR LA LEGALIDAD

Ya no es novedad en Veracruz que el grupo en el poder del estado- emanado del partido Morena-pase por alto las normas legales a que debe someter su actuación. El desdén por la legalidad y la simulación de las formas es una de sus características manifiestas en distintos ámbitos y con objetivos diversos, con frecuencia de naturaleza política, para someter adversarios y asumir el control abusivo de instituciones.

El control de los tres poderes del estado, resultado de las elecciones locales de 2018 que le permitieron a este grupo acceder al poder ejecutivo y mayoritariamente al legislativo, facilitó la toma del poder judicial, y con ello, consolidar un poder sin contrapesos locales desde donde sin observancia del estado de derecho, ante la ausencia de contrapesos se han expandido ilimitadamente.

En su expansión, se apoderaron de la mayoría de los órganos autónomos, el de la fiscalización (ORFIS) la transparencia y el acceso a la información (IVAI) los Derechos Humanos (CEDH)y la defensa de los periodistas, (CEAPP) restándoles solo el Órgano electoral(OPLE) mas no el Tribunal- y la Universidad Veracruzana(UV)

Su acoplamiento subordinado al poder federal,como es sabido, controlado por la misma fuerza política encabezada por su líder Andrés Manuel López Obrador, otorga al grupo local una esfera de autonomía relativa, siempre y cuando, no interfiera con la directrices centrales y actúen dentro de las lineas permitidas por la jerarquía.

El catálogo de los abusos es extenso y variado; baste mencionar a modo de ilustración, sin entrar en detalle esta vez, el asalto a la Fiscalía del Estado, la Revocación de Mandato en Ayuntamientos- Mixtla de Altamirano y Actopan- la destitución de la magistrada presidenta del poder judicial, hasta el uso pervertido del sistema de procuración y administración de justicia- la colusión entre la Fiscalía y jueces- para mantener en prisión con truculentas argucias legales a objetivos de interés político, como son los casos del ex subsecretario de Finanzas Bernardo Segura y la ex presidente comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información(IVAI) Yoli García.

El único dique a los excesos y simulaciones legaloides del grupo en el poder en Veracruz, ha sido por excepción el Poder Judicial de la federación. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la controvertida Reforma Electoral, uno de pocos precedentes de contención, que desafortunadamente, los procesos en ese poder son lentos y complicados, lo que favorece la continuidad de los actos arbitrarios.

En el actual proceso electoral, el grupo local de Morena va por el refrendo de la mayoría en el congreso local y sobre los ayuntamientos donde no tienen aún en control, dado que éstos fueron electos antes de la oleada que los llevó al poder hace dos años.

ORIZABA EL NUEVO CASO Un episodio reciente de violencia criminal detonó la nueva intervención arbitraria del gobierno del estado, ahora sobre el Ayuntamiento de Orizaba, que gobierna el PRI.

El antecedente es un enfrentamiento de policías del estado contra presuntos delincuentes, donde en el primer combate mueren varios delincuentes y en la secuela, la banda criminal ataca y mata a tres policías del estado en las instalaciones del servicio forense de Orizaba.

Tales hechos precedieron el sorpresivo asalto del gobierno del Estado a las funciones de policía preventiva del Ayuntamiento de Orizaba el pasado fin de semana.

Como se difundió ampliamente, la policías del estado, junto el ejército y la guardia nacional, desarmaron a los mas de 350 policías municipales- deteniendo temporalmente a unos 50 elementos, a fin de asumir el Estado la Seguridad Pública del municipio.

Es probable o no que los responsables de la seguridad del estado tuvieran indicios de la implicación de policías municipales en los hechos en que perdieron la vida los agentes de su corporación, pero de haberlos tenido, podían haber procedido legalmente. Detener con orden de aprehensión o en flagrancia a los involucrados, en vez de retenerlos arbitrariamente y con violencia, como varios de ellos se quejaron públicamente y por medio de sus familiares. Cercaron Orizaba con cientos de agentes, docenas de patrullas y camiones y hasta helicópteros sobrevolando la zona, escena de acción policíaca que atemorizó a la población y tomó por sorpresa al alcalde Igor Rojí.

Si bien es cierto que el ejército tiene facultades para verificar las armas amparadas en un permiso individual o colectivo, como es el caso que sirve de justificación al Gobierno del Estado para el operativo de desarme, esta atribución no cubre la detención o confinamiento de personas.

Tampoco hay ningún fundamento legal para que el Gobierno del Estado asuma la función de la Seguridad Pública en ese Municipio, toda vez que al Ayuntamiento le asiste el derecho de prestar ese servicio en su territorio, conforme lo previsto en el articulo 115 y 21 de la Constitución de la República, y no existe un convenio para cederlo, que es la premisa para subrogarlo; se requiere la voluntad o consentimiento del ayuntamiento expresada en un convenio tal y como lo dispone la Constitución y lo reglamenta en la Entidad la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

En los hechos el alcalde Rojí se vio obligado a entregar no solo las armas sino también la función municipal de protección preventiva a la población, y comprometerse a que la policía- que esta acreditada- pase nuevamente pruebas de confianza.

Por lo que se sabe el alcalde no está conforme con la imposición, constatan su desacuerdo sus declaraciones a medios, la asistencia legal que ha buscado en un colegio de abogados de la ciudad para impugnar el golpe policiaco y la visita de queja a Olga Sanchez Cordero la Secretaria de Gobernación ( con competencia legal para intervenir) pero limitada de influencia.

No esta de mas apuntar que no es la primera vez que el actual Gobierno del estado somete a ediles, confisca las armas de sus policías municipales y los despoja de la seguridad pública. Hay precedentes en Sayula de Alemán, Alamo, Altotonga y Misantla, este último de desenlace trágico; la alcaldesa Florisel Ríos rogaba protección a los secretarios de gobierno Eric Cisneros y de seguridad Hugo Gutierrez antes de que la asesinaran, precisamente porque a la policía de Jamapa le habían retirado las armas.

EN LA PLAZA CONQUISTADA

Ayer estuvieron en Orizaba el gobernador Cuitláhuac García y varios de sus secretarios de despacho, el de gobierno Eric Cisneros que regresó de sus desvaríos turísticos y de Educación internacional a grupos étnicos, de Finanzas José Luis Lima y de Desarrollo Económico, Enrique Nachón, estos dos últimos para encubrir el golpe con reuniones con empresarios locales. Todos como los conquistadores de la ciudad. Después de la invasión la plaza se rindió.

No desaprovecharon la ocasión para descalificar la protesta del alcalde, hasta lo tildaron de cacique y estrecho de entendimiento, Eric Cisneros, en su mala caracterización de “ Estadista” de talla internacional – sacando su prontuario de citas que repite como propias “ Nosotros trabajamos no por la próxima elección, sino por la próxima generación”. Pero el papelazo otra vez se lo ganó Cuitláhuac. Dando cátedra de derecho ante los medios, se mofó de la ignorancia del alcalde al ignorar las facultades del ejército, y le restregó no conocer el contenido del articulo 72 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pues resulta que la citada ley no tiene articulo 72, solo llega al 50. No solo hay desdén por la legalidad, también ignorancia.

La intervención de Orizaba, por otro lado, no se ve ajena al proceso electoral. El actual alcalde Igor Rojí se postula como candidato del PRI a diputado federal y el ex alcalde, Juan Manuel Diez, va de candidato a la presidencia municipal, también por el PRI.