El Mecanismo debe cambiar hasta de nombre

El deterioro en la imagen el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuesta sangre y dolor. Un nombre muy largo para tan poca responsabilidad.

No se trata del desgaste lógico y natural de una función pública sino de una medida de seguridad para seres humanos. Y esto ha fallado. El Mecanismo pareciera ser un escudo que no detiene las agresiones, mucho menos las balas y las amenazas.

Ese Mecanismo es un ente distante y diferente a las actividades de la Fiscalía General de la República y carece de vínculos con agentes de ministerios públicos, jefes policíacos y jueces.

Es decir, ese mecanismo se dedica a proteger sin prevenir ni evitar. Al darse cuenta que el comunicador es asesinado lo único que le queda es darle el pésame a la familia. Ahí termina su trabajo.

El Mecanismo carece de datos acerca de las investigaciones de los periodistas asesinados, información que les es muy valiosa para su trabajo diario, con la cual se puede contar con factores determinantes para evitar más homicidios, pero la información para el análisis y la estrategia simplemente no les llega o no la necesitan o no la piden. El caso es que siguen asesinando periodistas.

Ante la ola de crímenes contra comunicadores el Mecanismo debiera tener una serie de estrategia que eviten incluso las amenazas, pero lo cierto es que se está quedando solo. Porque no sirve de nada y lo poco que hace lo hace mal.

La ONU dio un informe que debe transformar de fondo este mecanismo al decir que los recursos humanos, económicos y materiales del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son insuficientes, y la mayoría de los ataques a estos colectivos en México son perpetrados por servidores públicos.

El representante de la ONU en México, Jan Jarab, indicó que “los avances no deben impedir ver que el Mecanismo continúa siendo una respuesta insuficiente por distintas razones, algunas de las cuales persisten desde su creación” a raíz de una ley que entró en vigor en 2012.

Jarab destacó que al inicio de su operación, en 2012, había 48 beneficiarios y que actualmente la cifra es de 903, por lo que ahora se suma a otras ineficiencias la insuficiencia de recursos económicos y materiales.

Para los 1.131 beneficiarios que esa Secretaria prevé atender para fin de este año se calcula un gasto de 325 millones de pesos; sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 207,6 millones de pesos, correspondiente a 64 % del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2017 y 2018.

Según la ONU, 55 % de los casos en que se identificaron presuntos agresores, estos eran servidores públicos, quienes están sujetos a un grado de responsabilidad superior por su obligación de respetar a quienes ejercen labores de periodismo y defensa de derechos humanos.

Aarón Mastache, quiso defender su ineficacia pero sólo se hundió más en la carencia de alternativas al decir que de diciembre a la fecha, es decir, en el actual sexenio, han sido asesinados 15 periodistas y 24 defensores de los derechos humanos.

Mastache anunció que a partir de octubre, policías federales podrían resguardar a periodistas y defensores de derechos humanos adheridos al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación; esta fuerza podría conformarse por los policías que no quisieron integrarse a la Guardia Nacional y que prefieren estar en el escritorio o en labores administrativas. Indicó que con dicha acción, la Segob podría presentar un ahorro del 20 por ciento. Es decir, que para este personaje es más importante ahorrar dinero que evitar muertes.



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