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A diferencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien el sábado 9 abordó el vuelo AM-686 de la Ciudad de México a Chicago en asiento Business Class, absteniéndose de participar al día siguiente en la consulta popular de revocación de mandato que, según él, representaba un “asunto de tanta trascendencia política”, en Xalapa, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, salió a festinar el domingo por la noche, junto con el gobernador Cuitláhuac García, el apoyo que más de un millón y medio de veracruzanos le dieron al presidente Andrés Manuel López Obrador.
No faltaron, por supuesto, las críticas y comentarios mordaces de que la magistrada estaba haciendo méritos para congraciarse con el titular del Ejecutivo estatal a fin de que instruyera al grupo legislativo de su partido para que diera trámite a su solicitud promovida cinco días antes para que se le aprobara una dispensa de ley en términos de lo dispuesto por el Artículo 33 fracción XXXVI de la Constitución Política del estado a fin de que pudiera continuar en el cargo de magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, en razón de que en fecha 19 de abril del presente año cumple 70 años de edad.
Casualmente, este martes 12, la LXVI Legislatura local aprobó sin debate y sólo con el voto de la mayoría morenista y de los diputados aliados del PT y PVEM la solicitud de la magistrada Romero Cruz, lo que motivó que las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano abandonaran el salón de sesiones, disculpándose inclusive con la maestra Martha Soledad Gómez Atzin, quien ese día recibió en el recinto legislativo el Premio Estatal a la Mujer Veracruzana.
Posteriormente emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron lo siguiente:
“Rechazamos de manera enérgica las acciones inconstitucionales llevadas a cabo por la mayoría en el Congreso del Estado que, sin someter a discusión y votación, aprobó la solicitud de dispensa de ley para poder seguir desempeñando el cargo de Magistrada Presidenta del Poder Judicial local en razón de que, el día diecinueve de abril del presente año, cumple setenta años de edad; solicitud que, a todas luces, carece de asidero legal, toda vez que dicha pretensión no tiene cabida en el terreno constitucional; lo anterior, derivado a que, el Poder Legislativo local al que se le formula la petición, no tiene la facultad ni la competencia constitucional para atender dicha solicitud.
“En tal razón, ante la inobservancia de la promovente con respecto a lo mandatado por la propia Constitución Política Local, nos encontramos en un escenario donde, el Congreso del Estado se debió declarar incompetente para dar sustanciación a lo inconstitucionalmente solicitado por Isabel Inés Romero Cruz. Fuimos testigos de una flagrante violación a las constituciones federal y local, cometida desde la cima del poder público estatal”.
Y recordaron precisamente que “un precedente claro de la inconstitucionalidad de los recientes actos lo da el mismo Ministro Arturo Zaldívar Lelo De la Rea, al rectificar y rechazar la prolongación de su nombramiento”.
Señalaron que “son más de 20 acciones de inconstitucionalidad las que se le han señalado al Congreso de Veracruz desde que Morena es la principal fuerza y sus diputados encabezan el Poder Legislativo, por lo que resulta inadmisible que el acuerdo, además de ilegal, se haya conseguido sin votación ni consulta”.
La solicitud de Romero Cruz causó polémica ya que como presidenta del TSJE ha obligado a otros magistrados a jubilarse al cumplir este límite de edad, el cual está vigente desde que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, promovió en 2017 la reforma constitucional. El año antepasado inclusive un par de magistrados se ampararon para ser reinstalados.
El caso más reciente fue el de la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, a la que la presidenta del TSJ le envió a mediados de agosto de 2021 un oficio indicándole que al día siguiente cumpliría 70 años de edad y que se le aplicaría el retiro forzoso.
El escrito, firmado por la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz, decía lo siguiente: “Se le comunica que de inmediato deberá hacer entrega de la oficina y demás mobiliario que tenía a su cargo a personal de la Contraloría General del Poder Judicial del Estado, en atención a que al actualizarse la hipótesis legal del retiro forzoso, por Ministerio de ley, cesan sus funciones, razón por la que no puede continuar como magistrada en activo”.
En opinión de algunos juristas, el retiro forzoso de Castañeda Palmeros se consideraba ilegal dado que, según su currículum que aparece en el portal oficial del Poder Judicial https://www.pjeveracruz.gob.mx/pjev/archivos/semblanzas/MagistradaYolandaCeciliaCastanedaPalmeros.pdf, su nombramiento como Magistrada inamovible se le había otorgado en 1997.
¿Por qué entonces doña Chabelita no se apega también a lo establecido en la Constitución Política del estado y evita que los diputados de Morena tuerzan la ley sólo para cumplirle su capricho de mantenerse al frente del Poder Judicial de Veracruz durante siete meses y medio más?
