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El jueves pasado, en la columna que escribe semanalmente en el influyente diario neoyorquino The Wall Street Journal, William Barr, quien fue el fiscal estadounidense número 85 con Donald Trump, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalándolo de ser “hoy el principal facilitador de los cárteles del narcotráfico” e imputándole que “los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”.
Ante la crisis generada por el incontrolable tráfico de fentanilo –una potente droga que ha venido causando alrededor de cien mil muertes al año en Estados Unidos–, Barr retomó la iniciativa que en enero pasado habían presentado en la Cámara de Representantes los republicanos Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, la cual había pasado desapercibida, y se sumó a su propuesta de otorgar al presidente Joe Biden la autoridad para que use al Ejército de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos, a los que tildó de narcoterroristas, comparándolos inclusive con el grupo terrorista islámico ISIS.
Y pese a que el jurado de una Corte federal de Nueva York acaba de declarar culpable al exsecretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de proteger especialmente al Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exfiscal trumpista publicó: “Los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que quería ir por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento.”
Afirmó que “la ‘cabeza de la serpiente’ está en México, y allí es donde debe dirigirse el eje principal de nuestros esfuerzos”.
Sin embargo, como fiscal estadounidense –cargo que desempeñó del 14 de febrero de 2019 al 23 de diciembre de 2020–, Barr, todavía un mes antes de su renuncia, entregó a la Fiscalía General de la República (FGR), a petición del gobierno de López Obrador, al general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, quien había sido detenido en octubre de ese año en el aeropuerto de Los Ángeles por la agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
Y, como ya se sabe, dos meses después, en enero de 2021, la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero terminó exonerando al extitular de la Sedena al determinar que no se relacionó con narcotraficantes; “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada (Cartel del H-2, de los hermanos Beltrán Leyva) por las autoridades estadounidenses y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.
De esta manera, a diferencia del caso de García Luna –en cuyo juicio su abogado defensor alegó que no se habían presentado pruebas contundentes, más que los dichos y señalamientos de oídas que hicieron algunos testigos protegidos–, la FGR en México desechó las supuestas evidencias obtenidas por la DEA con las que pretendía enjuiciar a Cienfuegos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y por lo que el exjefe militar fue detenido en el aeropuerto angelino el 15 de octubre de 2020, permaneciendo solo cinco semanas en prisión.
DOMINGO VIOLENTO
¡Qué daríamos por decir que vamos muy bien en materia de seguridad pública! Sin embargo, los hechos ocurridos tan solo ayer domingo en los municipios de Tezonapa y Mecayapan, en el centro y sur del estado, nos indican que el trabajo de inteligencia de los aparatos de seguridad pública del estado y federal están fallando o simplemente no están funcionando como debiera ser, pues… ¿cómo es posible que ignoraran que el comandante de la policía municipal de Chinameca, Tolín Reyes Bonilla, fuese el presunto líder de la banda delincuencial dedicada al secuestro en esa región sureña, la cual había plagiado a dos personas de San Juan Evangelista y por cuya liberación se armó tremenda balacera en la que fueron abatidos dos supuestos delincuentes y resultó herido un mando de la Secretaría de Marina Armada de México con funciones de policía municipal en Acayucan?
En cuanto al caso del exdiputado Alexis Sánchez García, quien fue cobardemente acribillado junto con su hijo menor, mientras que su esposa se debate entre la vida y la muerte, ¿ya saben las autoridades de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado qué fue lo que motivó su alevoso homicidio y presuntamente quién lo ordenó?
Lo más intrigante es el silencio que hasta la noche de ayer había guardado el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, su excompañero de curul y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, por cuya cercanía lo había designado secretario de Servicios Legislativos.
Y es que resultó muy extrañó que el líder del grupo legislativo de Morena, tan dado a comunicarse en las redes sociales, no hubiera hecho todavía un pronunciamiento sobre este trágico hecho.
