PGJ: ENTRE LO POLÍTICO, LA LLANA JUSTICIA Y LA OPINIÓN PÚBLICA

La Procuraduría de Justicia de Veracruz es una área delicada del gobierno. Es quizás la más difícil porque tiene que lidiar entre lo político, lo institucional y la llana justicia.

Y los titulares han tenido que pasar por casos verdaderamente peliagudos (a excepción del actual, que está viviendo la resaca de los pendientes), y renunciaron para no embarrarse en la maraña de corrupción y proteccionismo que se hace desde el poder a otras áreas y que dañan precisamente la imagen de la Procuraduría. Escándalos que tuvieron que ser tragados por los procuradores sin hacer gestos.

Como ejemplos recientes, se recuerda a destacados políticos como Ignacio González Rebolledo, quien tuvo que lidiar con casos como el del niño Pedrito (hasta hoy desaparecido) quien fuese secuestrado en Álamo el 12 de junio de 1999 y según los informes habrían sido elementos de Seguridad Pública los que realizaron dicho “levantón” y posteriormente el ridículo, cuando disque lo rescataron en Puebla y resultó ser otro niño llamado Gasparito. En esas épocas, la Procuraduría quedó desplazada por la entonces recientemente creada Secretaría de Seguridad Pública, a la que le dieron facultades de investigación, siendo su primer titular el actual diputado por Xalapa, Alejandro Montano Guzmán, hombre fuerte del Alemanismo.

El abogado Emeterio López Márquez, en el Fidelismo, le tocaron casos muy calientes, como los hijos del presidente Peña Nieto que estuvieron a punto de sufrir un atentado por una confusión entre malandros y guaruras; y la ejecución de Efraín Teodoro Torres, alias Z14, donde Reynaldo, en su calidad de secretario de Gobierno, dio una inicial pista falsa de que se trataba de otra persona y que su cuerpo había sido entregado a sus familiares en Poza Rica.

De igual manera sale de la Procuraduría para darle paso a un abogado corrupto y más dedicado al proteccionismo: Reynaldo Escobar Pérez, quien por su protagonismo y énfasis en falsear la información, quedó por demás lejos de repetir siquiera un cargo de elección popular, a costo también de haber debilitado al gobierno estatal. A Reynaldo le costó trabajo renunciar a la Procuraduría, pero ya era insostenible en el cargo.

Amadeo Flores Espinosa es el último procurador que tuvo que lidiar con casos de alto impacto, como lo fueron los asesinatos de los periodistas Regina Martínez Pérez y Gregorio Jiménez de la Cruz, así como el homicidio del pastor evangélico Claudio Martínez. Han sido los asuntos que más han marcado en el rubro de justicia en los últimos años pertenecientes a la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, aunque la decisión de colocar a Amadeo en la PGJ fue catalogada como excelente, por su reconocida trayectoria en el servicio público. Al final, renunció al cargo.

Al actual procurador Luis Ángel Bravo Martínez no le ha tocado un caso verdaderamente emblemático, y ha tenido que lidiar sólo con casos pendientes antes de que destaque como el gran investigador que debe demostrar ser: se sabe en la clase política, que Luis Ángel pedía a gritos ser el titular de la PGJ, hasta que se la dieron; ahora tiene que demostrar porqué tanta insistencia en ser procurador.

Ha habido cambios, especialmente en el manejo de prensa e imagen, uso hasta de redes sociales, herramientas que su antecesor no utilizaba dada su estilo parco y dedicación al trabajo. Hoy, llegan varios boletines con actividades de la Procuraduría de Justicia diariamente, a manera de resaltar que se está trabajando en serio.

Sería interesante plantear si acaso la Procuraduría debería ser una dependencia abierta a los nuevos tiempos de transmisión casi en tiempo real de actividades, que se antojan arriesgados para la discreción y seriedad que debe llevar la PGJ. Que a lo mejor resulta un arma de doble filo el que se intente exhibir a la dependencia con casos poco trascendentes como el gente que es detenida por no dar manutención a la familia o acusaciones de pedofilia.

En Coatepec no hace mucho trascendió el caso de una persona acusada de abuso de confianza y detenida por la Policía Ministerial para ser llevada a Pacho Viejo, pese a que el delito ya había prescrito. El afectado pasó dos horas en el penal, hasta que finalmente fue liberado con el tradicional “Usted disculpe”.

Y es que ante la falta de casos realmente representativos, pareciera que la Procuraduría se ha abocado a indagar en archivos viejos para hacer acto de presencia ante los medios, arriesgando la seriedad y prestigio de la institución, y por ende, al estado.

Quizás esa sea la chamba con lo que tiene que lidiar Luis Ángel Bravo: el de tener que sacar adelante el trabajo pendiente de la Procuraduría, pero a la vez sortear entre las aguas de la corrupción, el proteccionismo oficial a otras áreas y el difícil manejo de una opinión pública que desacredita en automático y por costumbre todo lo que huela autoridad.

EPÍLOGO

Si bien ya se dijo en el mensaje oficial que todo se trató de un lamentable accidente y no hay culpables qué señalar en la muerte de la señorita Alondra Córdoba Vargas (a quien le cayó un árbol encima este martes 3 de junio mientras estaba en clases en la Secundaria Técnica No. 3), hay quienes señalan que existe una Unidad Interna de Protección Civil, dependiente de la Unidad de Protección Civil de la Secretaría de Educación de Veracruz, que debe velar por estrategias de prevención para la seguridad de los alumnos; misma que quizás deberá de explicar y dar a conocer a detalle lo ocurrido, más allá de las primera impresiones… Por cierto ¿y Adolfo Mota dónde anda? Porque la única que ha dado la cara es la subsecretaria Xotchil Adela Osorio ante los medios.