DILAPIDACIÓN POR CAPRICHO Y OTROS MALOS USOS DEL GASTO PÚBLICO

La tercera entrega del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el que cierra la revisión de la Cuenta Pública de 2019, el primero de la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, finalmente alcanzó a exhibir sus excesos , el derroche, las deficiencias de planeación y las vulnerabilidades a la corrupción de sus principales programas.

Aunque los montos cuantificados a las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo por probable daño patrimonial y observaciones de gasto irregular son elevados, del orden 44 mil 364 millones de pesos, el caso mas gravoso, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, cuyo costo fue determinado en una cantidad exhorbitante- 331 mil millones de pesos, mas lo que se acumule-no recibió un dictamen negativo, ni se le calificó de daño patrimonial, que lo merecía por el contexto y las evidencias de la investigación.

Pese a ello, la Auditoría a la cancelación es escandalosa en la exhibición de la irracionalidad económica y la autocracia presidencialista con que ejerce el poder político y patrimonial Andrés Manuel Lopez Obrador.

DESTRUIR PARA LEVANTAR SU PIRÁMIDE
Cancelar el aeropuerto internacional que se construía en Texcoco, para edificar otro en la base militar de Santa Lucía, modernizar el de la ciudad de México y rehabilitar el de Toluca e interconectarlos, ha causado un inmenso daño al patrimonio de la nación.

Es dinero tirado a la basura. De acuerdo al análisis de la ASF el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del NAICM, se estima en al menos, 331 mil 996 millones de pesos, el cual se integra por: 163 mil 540 millones de pesos (49.3%) por gastos ya erogados a 2019, y 168 mil 455 millones de pesos (50.7%) restantes son costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación.

En el primer grupo se incluyen: a) los costos no recuperables de la inversión ejercida en el periodo 2014-2018 (70 mil 497 millones de pesos ), y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios (7 mil 629 millones de pesos; b) los costos derivados del esquema de financiamiento para la construcción del proyecto, relativos a la recompra del 30.0% de los bonos emitidos (50 mil 887 millones de pesos), y a la liquidación de certificados bursátiles de la Fibra-E (34 mil 027 millones de pesos) y c) los costos legales derivados de la cancelación del proyecto (498.5 millones de pesos).

El segundo grupo de costos por 168 mil 455 millones de pesos (50.7 ) corresponden a las obligaciones para la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso.

Pero la cuenta no para ahí. Puede incrementarse por que no se liquidó 70.0% del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y que no fueron recomprados, con un valor de 79 mil 265 millones de pesos y por el pago de comisiones o intereses generados por los bonos en circulación pendientes de recompra, los cuales se verán afectados por las variaciones en el tipo de cambio que se puedan presentar (peso/dólar).

A 2019, continuaban en proceso de resolución 41 juicios de amparo, 1 juicio contencioso administrativo y 2 demandas de arbitraje internacional, derivados de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios.

En las cuentas alegres del gran capitán la SCT calculó un costo de cancelación de 100 mil millones de pesos, que ya era una cifra excesiva, el triple es obviamente peor.

IRRESPONSABILIDAD POLITICA
Sin embargo, la ASF no lo califica como daño patrimonial para la Hacienda Pública Federal. Elude hacerlo, no obstante que esa erogación procede de una decisión unilateral y caprichosa del presidente López Obrador. La autonomía tiene sus riesgos y la ASF se fue con cautela en los alcances de su dictamen, sin dejar de mostrar el absurdo derroche.

El presidente López Obrador basado en una subjetiva concepcion de que el proyecto era una red de negocios y corrupción de “ la mafia del poder” y en una consulta Popular al margen de la ley y con una participación minoritaria a la que le concedió valor de “ mandato del pueblo”, decidió cancelar la avanzada construcción y echar a la basura 331 mil millones de pesos del gasto público.

Por otro lado, al costo de la cancelación ya mencionado deberá sumarse otro tanto por la construcción decidida del sistema de aeropuertos alterno. Sin contarse el costo de ahuyentar la inversión privada por una política de intervencionismo de estado que genera incertidumbre legal.

En otro tipo de democracia con instituciones de rendición de cuentas, división de poder, frenos y contrapesos, su decisión irresponsable, tendría consecuencias políticas.

OTRAS OBSERVACIONES
Habrá ocasión de examinar las auditorias a otros programas e inversiones del gobierno federal que también recibieron observaciones.

En principio deben tomarse como muestras mas que como revisiones exhaustivas. En cuanto a los proyectos, al Tren Maya le detectaron contratos y pagos irregulares por al menos 134.5 millones de pesos, pero hay observaciones de ecocidio que no tienen cuantificación; a la construcción de la Refinería Dos Bocas se le dejan barata, no pintan pagos irregulares por 75 millones de pesos, cuando lo mas delicado de sus observaciones son los riesgos no suficientemente evaluados- como las inundaciones- y los cálculos de inversiones y las expectativas del mercado petrolero; las alzas en los costos, el tiempo de terminación de la obra, la producción y recuperación de las inversiones. Prendido de alfileres es dudosa la viabilidad técnica y financiera de la también caprichosa refinería.

La revisión a los programas sociales reveló la falta de control en sus operaciones, importes sin evidencia de haberse pagado, beneficiarios que no cumplían el perfil definido, ej adultos mayores en el programa de jóvenes,o difuntos a los que les registraron pagos de becas,empresas inexistentes como contratantes de becas-trabajo, entre otros.

No faltó cerrazón de dependencia a proporcionar información y negativa a abrir sus expedientes, como fue el caso de la Secretaria de la Función Pública, según se queja la ASF.

GOBIERNO DEL ESTADO, ACUMULA 2 MIL 685.9 MILLONES DE DAÑO PATRIMONIAL
A diferencia de la nula fiscalización del Orfis al gobierno del estado, la ASF concluyó las revisiones de la cuenta 2019, el primer año de Cuitláhuac García, por cuanto hace al gasto federalizado.

El reporte entregado en pasado sábado, aumenta las irregularidades detectadas, ahora por 272 millones mas, que corresponden, a participaciones aplicadas a adquisiciones ( 196.6 millones de pesos) al Fondo para el Pago de Nómina y Gasto Operativo por (62 millones )en la Secretaria de Educación y en Escuelas de Tiempo Completo, también de la SEV, por 6 millones 656 mil pesos.

Como no han solventado aún las observaciones del pasado reporte, el gobierno del estado sigue en el banquillo por la falta de comprobación de fondos ejercidos en la secretaria de salud por 1 mil 963.5 millones de pesos, en el Seguro Popular y un programa de medicinas, así que en total están adentro con 2 mil 685.9 millones, traen atravesado el daño patrimonial. Como les hace falta una Delia Tapadera en la ASF.

LA UV TIENE LO SUYO
Se quedó atorada la UV con casi 395 millones de pesos en la revisión que le hizo la ASF por el ejercicio del subsidio federal que recibió en 2019.

El daño patrimonial se localiza en aplicaciones en servicios y pagos al personal.