Llegó la hora de apretar

Para usar un término musical, el asunto va in crescendo. Primero, el gobernador Javier Duarte de Ochoa salió a decir el lunes pasado, a propósito de las manifestaciones por la reforma educativa, que no había que confundir tolerancia con faltar a la observancia de lo que la ley señala.
Al día siguiente, el martes, el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, confirmó que el secretario de Educación, Adolfo Mota, analizaba si habría sanciones contra los profesores paristas.
Ayer miércoles, mediante un boletín de prensa oficial, se informó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) aplicará, a partir de este jueves 10, descuentos a los maestros que se ausenten sin justificación alguna de sus centros de trabajo.
El comunicado agrega que en caso de que los mentores falten tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días a su trabajo, esto es, a dar clases, entonces se procederá a su rescisión laboral, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, la cual data de 1970, como lo recordó el secretario de Educación Emilio Chuayffet el lunes al comparecer en la Cámara de Senadores.
Sin que tenga la versión confirmada pero sí fuertes indicios de que ese fue el acuerdo, eso habría sido lo que trataron el titular del Ejecutivo estatal y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el viernes pasado, reunión de la que aquí comenté.
En principio, el gobernador Duarte de Ochoa quiso matizar el tono de su dicho comentando que en el estado se privilegia el diálogo “para tratar de superar diferencias y alcanzar consensos”.
Luego de sobarles el lomo a los que no regresan a clases y continúan con sus movilizaciones diciéndoles que hay respeto total a su postura (la de la inconformidad, lógicamente), que también “ha tenido reflejo” en algunos puntos de la entidad, vino el cabronazo verbal: sí, pero si no, el “gobierno está obligado a hacer prevalecer la ley”.
El Gobernador no se anduvo por las ramas. Reconoció al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, pero dijo muy claramente que no comparte las causas que defiende, ante las cuales ha sido respetuoso y tolerante en su manifestación.
“Indicó que se ha apostado por el diálogo para encauzar mediante las vías correspondientes las inquietudes y planteamientos de los maestros que están sumados a esa expresión. Sin embargo, aclaró, no hay que confundir tolerancia con faltar a la observancia de lo que la ley señala; en ese sentido, el gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir lo que las leyes mandatan (sic, pero así dice el boletín oficial)”.
Erick Lagos, por su parte, aseguró que el 95% de las escuelas del estado está trabajando y afirmó que “todo está en paz y en armonía”.
Ayer la SEV exhortó a los maestros que mantienen acciones de protesta a que retornen a las aulas “de manera inmediata, con el fin de privilegiar el derecho universal de las niñas y los niños a recibir educación”.
Manejándose como se manejan las cosas en el sistema de gobierno en el país, cabe pensar –y creer– que apretar a los inconformes es una acción concertada entre la Federación y los estados y que vendrán días de tensión porque, ahora sí, se va a proceder.
Un seguimiento de las protestas, de las movilizaciones y de los bloqueos en el estado muestran que, en efecto, hasta ahora el gobierno de Duarte de Ochoa fue tolerante; que se dialogó con las dirigencias de los sindicatos oficiales, por llamarles de alguna manera, pero también con representaciones de los grupos inconformes, pero que llegó la hora de apretar en el país y él no piensa ni va a desentonar.
La tarea que le espera al titular del ramo en el estado, Adolfo Mota Hernández, no será nada fácil ni agradable. Pero como sobre advertencia no hay engaño, el jurídico de la SEV debe estar trabajando, desde ya, horas extra. Ta vez ahora de las calles se pase a los tribunales.
Algo que llama la atención en medio de todo esto: se ha informado ya también que se han presentado denuncias formales contra quienes han bloqueado vías de comunicación, han tomado casetas de peaje, han tomado edificios y escuelas y causados otros daños. Quizá sea otra medida para acabar de cerrar la pinza, ejerciendo órdenes de aprehensión. Quizá. Ya se verá en las horas y en los días por venir. Habrá que estar atentos.
Otra versión más
Que si patatín que si patatán. Dos leídos columnistas, Raymundo Jiménez y Luis Velázquez, apreciados compañeros además, se han ocupado ya del tema y han dado sus versiones.
La presunta agresión del ex rector Víctor “El canelo” Arredondo Álvarez en contra de su homólogo el también ex rector Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez sigue siendo tema de conversación en los mentideros de Xalapa, donde se dan, a su vez, versiones que estarían corregidas y aumentadas.
Ayer mismo, en una comida donde estuvieron varias personalidades de las finanzas, la política y el periodismo de la capital del estado, escuché otras historias del caso. Pero hay una versión más, que sería la que le habrían dado a la máxima autoridad política del estado, por lo que tal vez se le podría considerar la versión “oficial”.
Los hechos habrían ocurrido la tarde del 4 de septiembre, aquel día en que siete de los ocho ex rectores que viven fueron a darle su respaldo a la nueva rectora Sara Ladrón de Guevara (sólo no estuvo presente Salvador Valencia Carmona, aunque también mandó a decir que estaba con la primera autoridad).
Luego del saludo, los ex rectores Raúl Arias Lovillo y Aguirre Gutiérrez acordaron comer juntos y para ello se fueron a un restorán de Coatepec, especializado en mariscos.
Los servicios de inteligencia de Arredondo se enteraron y éste fue hasta allá junto con el también ex rector Rafael Hernández Villalpando, el notario Rafael Ortiz Castañeda y el hermano de un funcionario de la Secretaría de Educación estatal.
El objetivo de la agresión era Arias Lovillo, pues lo responsabilizan de haberle jugado chueco a Arredondo y de que por su culpa no llegó a la rectoría de nuevo. Carlos Manuel lo que hizo a la hora de la agresión fue haber intentado defender a su compañero de mesa y sacó la peor parte.
En lo que sí coinciden todas las versiones es que cuando Aguirre Gutiérrez se presentó a presentar una denuncia a la dependencia donde él mismo trabaja, la Procuraduría de Justicia del Estado, ¡no se la tomaron!, quién sabe por instrucciones de quién.
Lo que también es cierto es que no deja de ser un hecho vergonzoso y reprobable y que entre la comunidad universitaria cada vez que sale a la plática el tema todos exclaman ¡de la que nos salvamos!