La culpa del otro

¿Cuál es la responsabilidad del Estado y, en realidad, de qué se puede culpar a un gobernante? Me lo pregunto porque a pesar de la pandemia y el confinamiento, cotidianamente vemos protestas, de las que se hacen a la antigüita, con personas que buscan elevar su voz para exigir alguna cosa a la que consideran tener derecho.

Lo digo porque nadie parece hacerlo bien. Por ejemplo, el presidente municipal panista de Fortín, Antonio Mansur Oviedo, es calificado como “negligente” al permitir la reapertura de un tianguis. En cambio, en Xalapa critican a Hipólito Rodríguez Herrero por no hacerlo.

Argumentos sobran de uno y otro lados… Allá, que la necesidad económica de la gente que no tiene un salario o empleo fijo hace imprescindible reabrir comercios, más allá de sus consecuencias. Aquí, que lo primero es salvaguardar la vida de la población y se debe impedir actividades no esenciales, de acuerdo con lo establecido por las autoridades sanitarias.

A pesar de sus diferencias en cuanto a población, el escenario en ambos municipios es similar: Semáforo Rojo por la Emergencia Sanitaria, con escasa industria pero vocación turística, son parte de regiones donde el número de contagios de Covid-19 sigue en ascenso, con sus consecuentes muertes.

¿Entonces?

Es aquí cuando volvemos al asunto del Estado y el Gobierno. Dicen los clásicos que el Estado es una forma de asociación que sirve para defender y proteger a la persona y sus bienes. Su fuerza radica en la colectividad, regulada por el derecho, y su integración material requiere de Población, Territorio y Gobierno. Es decir, que se trata de una ficción jurídica para superar la ley de la selva, en la que los débiles no tienen lugar.

Tiene derecho de hacer todo lo que el bien común reclama, prohibir lo que lo impide y prescribir lo que exige, de tal suerte que se convertirse en la institución jurídica, política y social columna del desarrollo humano.

El Gobierno busca hacerlo posible, como elemento de coordinación, planeación, implementación, dirección y control de las acciones del Estado. Se estructura de acuerdo con sus facultades y competencias, en órganos compuestos de recursos humanos, financieros, materiales y técnicos que integran la Administración Pública: prestadores finales de los servicios y obras que el Estado se obliga a proporcionar.

Por mandato constitucional, todo servidor público protesta –promete– guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Por si fuera poco, los funcionarios municipales incluyen la Constitución Política del estado correspondiente y la Ley Orgánica del Municipio Libre. ¡Échese ese trompo a la uña!

Así las cosas, uno se pregunta a quién se le ocurre postularse a un cargo público. Sobre todo en un país de tercer mundo en el que las necesidades son infinitas y los recursos limitados. Un trabajo ingrato, sin duda, para el que no se dedica a robar y enriquecerse a costa del erario, o a través de mecanismos peores todavía. Vamos de gane cuando en una administración impera el orden y las políticas públicas responden a acciones planeadas e informadas.

Es absurdo pensar que esta pandemia sea culpa de algún Estado, Gobierno o Administración Pública, aunque a Donald Trump pueda costarle la reelección presidencial o pretendan matar al mensajero, como es el caso de Hugo López Gatell en México.

Todos saldremos pagando la crisis de salud, económica y política que acompaña a la Covid-19. Mientras los ciudadanos no entendamos que solucionar los problemas públicos no sólo es obligación de los gobernantes y asumamos nuestra corresponsabilidad, seguiremos echándole la culpa al otro.