La opacidad de la 4T jarocha

En efecto, no saben robar, dejan evidencia por todos lados

La propia Contralora General del estado, Mercedes Santoyo, lo dijo en su comparecencia: de 19 mil 591 operaciones, 19 mil 400 contratos de obras y servicios fueron por adjudicación directa, o lo que es lo mismo, por dedazo, una ‘licitación amañada’.

La figura de la adjudicación, está limitada por la ley de Adquisiciones local, a no más de 101 mil pesos, sin embargo, dicho tope no fue impedimento para los ‘honestos servidores’ de la administración de Cuitláhuac García, que se despacharon con la cuchara grande.

Este mecanismo, tiene la bondad de resolver problemas de bote pronto (por ejemplo, si hay un ‘norte’ y destecha 20 casas, comprar materiales para reconstruir es un apremio, licitar tardaría en resolver el asunto), pero el uso abusivo huele a corrupción.

Los pasos son muy sencillos: al proveedor elegido, se le piden los datos de otras dos empresas (tiene que haber tres invitados), que por lo general son del mismo interesado o un socio que acepta ser comparsa, se presentan las ofertas y, desde luego, la elegida a priori será la de menor costo, así pues, ‘cumplidos’ los requisitos, ‘el moche’ queda legalizado.

Justo por tales tentaciones, el máximo autorizado es el señalado, pero como la voracidad es muy grande, elaboran actas circunstanciadas para buscar justificar la adjudicación ‘a la carta’, claro está, que como no hay inconformidad, el negocito queda ‘planchado’.

Estos moditos de ‘meterle mano al cajón’ no son desconocidos, lo novedoso es que se hayan ido hasta el 99 % del total de contratos. Transforman todo para que todo siga igual.