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Hasta antes de este miércoles 21 nadie se explicaba por qué, a pesar de las denuncias bien sustentadas que entre 2016 y 2019 presentaron representantes legales de la Sección 32 del SNTE y altos funcionarios del gobierno del estado y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en contra del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ante la Fiscalía General de la República (FGR), ninguna ha procedido y ni siquiera lo han molestado con algún citatorio o declaración ministerial.
El 4 de junio 2019, por ejemplo, el entonces auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, presentó una denuncia de hechos ante la sede central de la FGR en la Ciudad de México contra la administración del panista por la contratación de 6 mil 324 cámaras de videovigilancia, por las cuales el gobierno de Yunes pagó anticipadamente mil 100 millones de pesos a la empresa COMTELSAT a pesar de que el 72% no servían.
Dos meses antes, el 9 de abril de ese mismo año, en calidad de representantes de la administración pública estatal, los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado, respectivamente, presentaron también denuncia penal en contra de Yunes ante la Delegación de la FGR en el puerto de Veracruz por el fraudulento contrato del llamado Sistema Estatal de Videovigilancia.
Pero anteriormente, el 8 de agosto de 2016, recién pasadas las elecciones en las que se impuso al priista Héctor Yunes Landa y a Cuitláhuac García, de Morena, Yunes Linares fue denunciado por la Sección 32 del SNTE de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ante la FGR en la Ciudad de México.
Javier Martínez, representante Jurídico del sindicato magisterial, señaló que de 2006 a 2010 en que se desempeñó como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Yunes había autorizado un sistema de préstamos a los maestros que beneficiaron a tres empresas cuyos accionistas eran él, su esposa y sus tres hijos.
El abogado explicó que los montos otorgados al magisterio eran descontados a través de la nómina de los profesores, quienes pagaron intereses altos por el dinero solicitados a través de préstamos a la financiera Consupago –filial del grupo empresarial Chedraui, cuyos ejecutivos son muy allegados al ex gobernador del PAN–, la cual triangulaba los cobros y ganancias con las empresas Cobranza y Recuperación, Corporate Linkage e Intermediación Corporativa, de la familia Yunes Márquez.
Según estimó la Sección 32 del SNTE, las operaciones habrían ascendido a 236 millones de pesos entre 2008 y 2011.
Pero todo esto ya lo sabía desde hace cinco años el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en mayo de 2017, como dirigente nacional de Morena, en una gira por los municipios de Tuxpan, Tantoyuca y Pánuco, en el norte de Veracruz, se refirió a la llamada “Carpeta azul” con la lista de todas las propiedades de Yunes en México y el extranjero. En esa ocasión, anunció que pediría a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que diera curso a las denuncias por enriquecimiento ilícito en contra del mandatario estatal del PAN.
Pero hasta ahora ninguna denuncia ha procedido ni procederá, según parece. La notoria ausencia de la senadora yunista Indira Rosales en la sesión plenaria de este miércoles para modificar el artículo quinto transitorio del decreto que reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional –que Morena en alianza con el PRI ya aprobó en la Cámara de Diputados para ampliar hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública– dejó entrever un nuevo acuerdo entre los operadores políticos y legislativos de AMLO con el jefe del clan que actualmente controla la dirigencia del PAN en Veracruz.
Y es que la fiscalía veracruzana sólo ha procedido penalmente en contra de algunos ex funcionarios allegados al ex gobernador panista –entre ellos el ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, y más recientemente el ex fiscal Jorge Winckler–, pero hasta el momento no se ha atrevido a tocarlo a él ni a sus hijos, aunque en el proceso municipal de 2021 le abrieron una indagatoria ministerial a su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez por haber falsificado presuntamente documentos oficiales para acreditar su residencia efectiva en el puerto de Veracruz de al menos tres años antes de la elección, requisito legal por el que los tribunales electorales finalmente le tumbaron la candidatura a la alcaldía porteña dos semanas antes de que concluyeran las campañas. Sin embargo, el junior que en 2018 contendió contra Cuitláhuac García por la gubernatura, ni siquiera se ha presentado personalmente a declarar.
Este jueves 22, el diputado local de Morena por el distrito de San Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni Magaña, quien desde la semana pasada preside la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura del estado, habló de una lista entregada a la Fiscalía General del Estado de ex alcaldes panistas y perredistas vinculados al ex gobernador Yunes Linares, los cuales serán investigados por su presunto contubernio con despachos contables externos contratados por el ORFIS para auditarlos, pero que presumiblemente se habrían prestado a “limpiar” sus cuentas públicas municipales a cambio de supuestos “moches” millonarios.
En esa lista negra figuran los ex alcaldes Octavio Pérez Garay (independiente), de San Andrés Tuxtla; Jesús Mancha, de Tuxpan (PAN); Arturo Herviz, de Ángel R Cabada (PRD), Argeniz Vázquez Topete, de Santiago Tuxtla (PRD), y, entre varios más, Fernando Yunes Márquez, del puerto de Veracruz.
Ya se verá hasta dónde alcanza el blindaje político que parecen traer Yunes Linares y sus hijos desde 2018, cuando gracias a los buenos oficios del entonces gobernador de Chiapas y actual coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, quien como presidente de la Conago intercedió y abogó ante López Obrador a favor del mandatario panista de Veracruz, el cual había respetado el aplastante triunfo del tabasqueño en la entidad, donde arrasó con 2 millones de votos, y además persuadió a su primogénito para que reconociera públicamente también el triunfo de su sucesor, el morenista Cuitláhuac García.
