Se promulgan las leyes secundarias
Arturo Reyes Isidoro
Prosa Aprisa
2013-09-10
Publiqué ayer: “Al tiempo que dialogan en Gobernación, los inconformes juegan también un pulso con el Gobierno y las posiciones están ya muy definidas y encontradas. El presidente Enrique Peña Nieto ha sido ya muy claro y preciso: no hay marcha atrás en la reforma, mientras que los maestros disidentes insisten en que se anule y anuncian más movilizaciones y bloqueos”.
Ante el anuncio de una megamarcha para este miércoles y un supuesto paro nacional, ayer en el portal del diario Reforma se anunció que Peña prevé promulgar este martes las tres leyes secundarias de la reforma educativa en un acto que tendrá lugar en la residencia oficial de Los Pinos, al que acudirán los líderes o representantes de los principales partidos políticos: PAN, PRI y PRD, la derecha, pues, el centro y la izquierda.
Al promulgarse, se publicarán formalmente a fin de que sean cumplidas y hechas cumplir como obligatorias. El pulso, el juego a las vencidas parece llegar a su final. Lo preocupante es la reacción que pudieran tener los docentes inconformes o sus líderes. Ya me imagino el estado de alerta en que deben estar desde ayer las fuerzas de seguridad y las armadas en todo el país.
“Si el Papa ayunó y oró el sábado por la paz en Siria, Medio Oriente y el mundo entero, creo que es momento de que nosotros lo hagamos, también por la paz en el país”, rematé la columna de ayer. Hasta que no vuelva toda a la normalidad tenemos que hacerlo.
Pero también comenté ayer acerca de los mensajes del Presidente y del Ejército sobre su decisión y determinación de efectuar la ceremonia del Grito la noche del 15 en el Zócalo de la Ciudad de México, ahora ocupada por los miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), así como el tradicional desfile del 16.
El periodista Jacobo Zabludovsky en su columna “Bucareli” que publica en el diario El Universal se ocupó del tema también ayer. “La historia –dijo– enseña el grado de importancia de algunos símbolos capaces de definir la suerte de una guerra… En 1810 el cura Hidalgo sonó la campana de su parroquia… y desde entonces su bronce convoca a la fiesta, anuncio de libertad, de independencia, de soberanía y, en fin, de paz”.
En forma preocupante, apuntó: “Habrá de verse si el próximo domingo en la noche replica o dobla, sobre todo si se considera que al día siguiente, debajo y enfrente de ella, debe desfilar el Ejército en un día que la tradición le tiene reservado al despliegue militar en el Zócalo hoy intransitable”.
Expresé ayer que una declaración de Peña Nieto de que se celebrará el Grito la noche del 15 no podría interpretarse más que como “o desocupan el Zócalo o los vamos a desalojar”, y que: “El sábado mismo hubo otro signo inequívoco de que si el lunes 16 los docentes intentan desquiciar la Ciudad de México e impedir el desfile, las Fuerzas Armadas van a pasar sobre ellos”. Recordé que en el 68 Díaz Ordaz se había cerrado al diálogo y había respondido con la fuerza, con el Ejército, pero que Peña mantiene abierta una mesa de negociación.
Jacobo lo dijo con otras palabras: “El tañer de la campana se puede trasladar a Dolores, su lugar de origen; ya se ha hecho, pero el desfile no, no hay antecedentes y no es probable que el Ejército acepte cambiar la ruta habitual. Los militares respetan sus propios protocolos… hoy estamos a una semana del acostumbrado paso de las tropas. Sería un poco ridículo dramatizar las opciones para librar el espacio: Una, la deseable, es la del diálogo, porque hablando se entiende la gente. La otra es la del desalojo violento”.
El remate a su columna no deja de ser preocupante, por las heridas que dejará el desenlace de la confrontación: “No sabemos qué pasará en el Zócalo el próximo fin de semana, pero es un hecho que la campana no sonará igual para todos”. Lamentablemente.
Creo ahora que lo ideal sería masificar el contenido en especial de la Ley del Servicio Profesional Docente, un texto –creo yo– del que todo el mundo habla, como de Don Quijote de la Mancha, pero muy pocos han leído, ni siquiera los puntos principales. Su conocimiento sería necesario no sólo para acabar con tanta desinformación que hay al respecto, que creo que fue lo que originó en mucho todo el problema, lo que acusa una gran falla del Gobierno, sino para vigilar que se cumpla lo que dispone.
Por ejemplo, a mí no me parece nada mal que se acaben los “comisionados”, que cobran sin dar clases y cobran otro sueldo, normalmente jugoso, en alguna dependencia oficial donde muchas veces tampoco hacen nada protegidos y solapados por sus dirigentes, las Gordillos, los Callejas.
Ahora se establece que las personas que decidan aceptar un empleo, cargo o comisión que les impida realizar la función magisterial, deberán separarse del Servicio Docente sin goce de sueldo. Actualmente algunos gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y dirigentes partidistas cobran en los cargos que ocupan pero también están “comisionados” por influencias de sus sindicatos y cobran como maestros sin pararse jamás ante un grupo.
Como tampoco me parece mal que por ley se prohíban las cuotas escolares que condicionan ahora el acceso a la educación o que el Estado provea la formación continua, así como que los programas o cursos de formación sean gratuitos, de calidad y elegidos por el personal, con base en sus necesidades.
O que a los seis meses de servicio se otorgue el nombramiento definitivo de base para el ingreso a una plaza docente, siempre que no se presente alguna nota desfavorable. Esto beneficia sobre todo a los jóvenes egresados de las normales en condiciones desfavorables, esto es, que a menos que papi o mami les puedan heredar una plaza o tengan el dinero para comprárselas o palancas con los líderes sindicales para que les adjudiquen una, por muy buenos que sean, aunque tengan verdadera vocación y entrega, lucharán gran parte de su vida por tener una.
A menos que yo haya leído mal, el nuevo ordenamiento aplica los mecanismos de nombramientos sólo a los profesores de nuevo ingreso; permite impugnar la separación del servicio docente ante tribunales laborales con base en la legislación laboral; y el personal que no obtenga un resultado satisfactorio en la tercera evaluación conserva su empleo, pues sólo se le incorpora a otra labor.