¿Quiénes y cuántos irán a prisión?

Cuando el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, dijo el miércoles ante los diputados locales que en el fraude que encontró cuando llegó a la dependencia (antes Secretaría de Comunicaciones) están involucrados funcionarios de todos los niveles, sabía muy bien lo que afirmaba.
En su comparecencia con motivo del Tercer Informe de Gobierno dijo que los trámites de pagos de anticipo y estimaciones tuvieron que ser aprobados y firmados por diversos empleados y funcionarios de la extinta Secom, así como por responsables de las empresas que realizan la supervisión externa de las obras.
¿Quiénes y cuántos funcionarios o exfuncionarios del Gobierno del estado serán aprehendidos y encarcelados por estar involucrados en los actos de corrupción y fraude de los que dio cuenta el secretario Buganza?
En varios casos, la responsabilidad recae sobre residentes o ex residentes de obra, directores o ex directores de la dependencia y secretarios o ex secretarios de despacho, quienes forzosa y necesariamente autorizaron, firmaron y entregaron recursos económicos aparte de los anticipos o adelantos, pese a que o nunca se iniciaron las obras o las que se iniciaron nunca tuvieron avance y se dejaron abandonadas.
Pero la responsabilidad recae también sobre los ex contralores internos de la dependencia, aunque ayer la versión insistente era que le resulta una gran carga de culpa al ex Contralor General del estado, Iván López Fernández, así como al ex titular del ORFIS y hoy Contralor General del estado, Mauricio Audirac Murillo, cosa que nos confirmó un jurídico involucrado que nos pidió su anonimato.
Además, en el incumplimiento y fraude están implicados también empresarios constructores (acaso algunos prestanombres de funcionarios del propio Gobierno) e incluso periodistas metidos a constructores, quienes además recibieron estratosféricas cantidades que no pueden comprobar con trabajo alguno realizado.
¿Por qué se cree que habrá detenidos y encarcelados? Porque la denuncia no fue presentada ante la Procuraduría General del Estado, por no ser de su competencia, donde podría haber alguna indicación o recomendación de que se proteja a algunos o a todos los involucrados, y porque la Procuraduría General de la República (PGR) ya está investigando. O sea, ya no puede haber marcha atrás.
Como el propio Buganza lo adelantó, la PGR, a través del personal del Ministerio Público de la Federación en Xalapa, investiga 18 denuncias, para lo cual se ha constituido físicamente en diversos puntos del estado a fin de comprobar y dar testimonio de que no se hicieron las obras que funcionarios reportaron como construidas, y se integran los expedientes que serán consignados a la judicatura de la Federación.
Si las denuncias se presentaron ante la PGR es porque el fraude se cometió con recursos federales, aunque también los hay del estado. El delito está plenamente configurado, pues de acuerdo a la Ley se da un adelanto de 30 por ciento luego de que se asigna la obra y cuando el constructor amortiza, esto es, comprueba que ya los ejerció plenamente, se constata el avance físico de la construcción y si se construyó más de lo que el anticipo cubría, se hace una estimación para pagar el excedente.
De cómo se cometió el fraude, el titular de la SIOP puso como ejemplo la denuncia AP/PGR/VER/XAL/II232/2013 en relación la reconstrucción del camino Independencia-Pompeya-Arroyo de Fierro en el municipio de Martínez de la Torre, donde la empresa constructora recibió recursos económicos por 10 millones 758 mil 724 pesos, que representaban el 84.01% del costo de la obra, y nunca realizó trabajo alguno, aunque se reportó que ya casi estaba para concluirse.
Un día después, se sabe que diputados “amigos” del PRI habían advertido a colaboradores de Buganza que otros diputados priistas y algunos de la oposición “amiga” presuntamente cilindrados por alguien externo se le iban a ir de frente durante su comparecencia, pero que cuando vieron que iba en serio se frenaron. Lo que no sabían era que Buganza iba dispuesto a encuerarlos públicamente, pues llevaba suficientes documentos que los comprometen, por lo que además de que iba blindado llevaba suficiente metralla para defenderse.
Sobre el caso, ayer hubo dos reacciones. El ex titular de la Secom y nuevo diputado local Raúl Zarrabal Ferat se limitó a responder a los reporteros: “Hoy soy diputado local, como diputado contesto que nos da mucho gusto que le dé seguimiento a todo. A muchos diputados nos hubiera gustado ver más la obra que sabemos que ha realizado la SIOP, sabemos que ha habido muchas obras, era una oportunidad para externarlo”. Sus palabras no requieren más comentario. ¿O sea, hubiera sido mejor que se hubiera concretado a decir lo que se hizo y no lo que se dejó de hacer por actos de corrupción?
Por su parte, el diputado del partido Alternativa Veracruzana (AVE) y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Francisco Garrido Sánchez, declaró que es preocupante que el ex auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Mauricio Audirac Murillo, ahora ocupe el cargo de Contralor General del Estado, “cuando hubo muchas irregularidades en la que fue Secretaría de Comunicaciones que no se reportaron en las cuentas públicas”.
Tres cosas más. Una, Buganza pudo hacer la denuncia porque tiene autoridad moral. Para usar una frase que dijo al inicio de la administración, no ha metido la mano en el cajón. Quién sabe cuántos más pueden presumir de ello. Dos, quién sabe si lo han pensado en el Gobierno, pero con su valiente denuncia, le quitó golpe o fuerza a lo que va a decir Miguel Ángel Yunes Linares el próximo domingo a propósito del Tercer Informe. Quiérase o no, el gobierno de Javier Duarte pasó de las palabras a los hechos en su combate a la corrupción, al hacer su paisano cordobés la denuncia penal.
Tres, comentario aparte, con su decisión de actuar, el Gobierno de Veracruz, porque así lo planeó o por mera chiripa, se puso en línea con el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de actuar motu proprio contra las irregularidades cometidas por funcionarios anteriores, como hizo en Tabasco con el ex gobernador priista Andrés Granier y su pandilla, pues se procedió por iniciativa del Gobierno federal y no por denuncia del gobernador perredista Arturo Nuñez, como lo aceptó éste el pasado jueves 21 en declaraciones a Carmen Aristegui, y como ya lo había dicho el pasado 28 de mayo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En el caso, a finales del año pasado el director del Hospital del Niño de Villahermosa advirtió que se iban a declarar en emergencia médica porque no tenían oxígeno para operar, por lo que la secretaria de Salud federal Mercedes Juan López investigó y detectó que había un desfalco de mil 500 millones de pesos que le habían entregado a Granier, debido a lo cual ella misma y el entonces subsecretario de Gobernación Eduardo Sánchez, hoy vocero presidencial, viajaron a Tabasco para alertar a Nuñez. Granier está detenido y bajo proceso.
Con esto último que consigno, lo que se advierte es que en el Gobierno federal no están dispuestos a solapar ningún acto de corrupción, por muy priistas que sean los involucrados, y que al gobierno de Javier Duarte le cayó ahora de perlas la gran oportunidad de demostrar a Peña Nieto que en esa batalla está con él, a su lado, y que lo demuestra con hechos. Seguramente no la dejará pasar.