 |  |  |  |  |
|
| ||||
| | | | |
|
| ||||
Casi a la par de la salida de Ignacio Ovalle Fernández de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), anteayer trascendió también que el gobierno de México había disuelto una unidad antinarcóticos de élite que durante 25 años trabajó coordinadamente con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, lo que se consideró un duro golpe a la cooperación bilateral en materia de seguridad nacional.
El cambio de Ovalle a la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación, generó más suspicacias porque fue sustituido en Segalmex por Leonel Cota Montaño, quien se desempeñaba como secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La designación de Cota, más que por la indagatoria de la Secretaría de la Función Pública de una red de corrupción dentro de Segalmex –en cuyas empresas Diconsa y Liconsa la Auditoría Superior de la Federación detectó tan sólo en la Cuenta Pública 2020 presuntas irregularidades por 8 mil 600 millones de pesos–, parecería haberla propiciado otra investigación mucho más grave que se lleva fuera de México.
A mediados de febrero pasado, en Miami, Florida, la DEA y el FBI desclasificaron documentos judiciales sobre el caso de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno de Estados Unidos considera el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección hizo jugosos negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria.
En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que dirigía Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976 y 1982, fue el primer jefe de Andrés Manuel López Obrador.
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje señalaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro que son señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.
A principios de noviembre pasado, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) puso al descubierto otra trama ligada a Saab, que movió 64 millones de dólares –cerca de 1,300 millones de pesos– en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas.
Y, hace un mes, MCCI reveló que una de estas empresas fachada que envió toneladas de leche a Venezuela a través del testaferro de Maduro obtuvo dos contratos por hasta 184.5 millones de pesos para vender acero y mallas soldadas para la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado el pasado 21 de marzo por el presidente López Obrador.
La investigación periodística documentó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le asignó en 2019 y 2020 dos contratos a Prometallic S.A. de C.V., fundada apenas el 15 de enero de 2018 en Monterrey, Nuevo León, y cuyo accionista Humberto Marcos Corella fue durante 12 años socio y administrador de Grupo Brandon, empresa declarada como fantasma por el SAT y que envió toneladas de leche de mala calidad a Venezuela como parte de una trama de lavado de dinero que encabezaba Alex Saab.
Grupo Brandon fue constituido el 11 de noviembre de 2004 en Monterrey, con el objeto social de comercialización de toda clase de alimentos. Siete meses después, el 1 de junio de 2005, los socios originales vendieron sus acciones a Marcos Corella y a su madre, convirtiéndose en accionistas únicos durante 12 años, pues el 27 de marzo de 2017 simularon una asamblea extraordinaria en la que traspasaron sus acciones a favor de Javier Eduardo de la Fuente Rodríguez y Mario Alberto Valdez Díaz, dos jóvenes veinteañeros de colonias populares de la zona metropolitana de Monterrey, sin experiencia empresarial. En octubre de 2021 ambos presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por suplantación de identidad y se deslindaron por completo de esa empresa.
Hasta el momento, coincidentemente, el único vuelo internacional en el recién estrenado aeropuerto Felipe Ángeles ha sido el de la aerolínea Conviasa, del gobierno de Venezuela.
¿Será mera casualidad?
