Cuando el 11 de octubre de 2019 fue detenido el ex subsecretario de Finanzas y Administración, Bernardo Segura Molina –el único yunista que sigue en prisión, de los cuatro ex funcionarios de la Sefiplan contra los cuales se giraron las primeras órdenes de aprehensión en aquel momento–, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes difundió de inmediato un comunicado en el que calificó este hecho como una “atrocidad”.
Aquella vez, Yunes Linares dijo que durante los últimos meses había decidido mantener un silencio prudente y no responder a las infamias y mentiras del gobierno en turno, sin embargo “lo sucedido el día de hoy es una atrocidad que me obliga a dar mi opinión en defensa de personas que colaboraron en mi gobierno y lo hicieron con honestidad y eficiencia”.
El ex gobernante de la alianza PAN-PRD explicó que un juez penal de Pacho Viejo había concedido orden de aprehensión contra cuatro ex servidores públicos de la Sefiplan: “Uno de ellos fue detenido esta mañana mientras dejaba a su hijo en la escuela, como si fuera el peor delincuente. Previamente la Contraloría General del Estado les había impuesto una sanción económica de ¡más de 750 millones de pesos!”, recriminó en alusión al caso de Segura Molina, quien había sido detenido a las 8:27 horas de ese viernes 11 de octubre en una escuela particular de la zona residencial de Las Ánimas, en Xalapa, por elementos de la Policía Ministerial que daban seguimiento al expediente 318/2019.
Además del ex subsecretario de Finanzas y Administración también se habían girado órdenes de captura por presunto ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad en contra del ex tesorero de la Sefiplan, Adrián Viccón Basto; del ex subdirector de Operación Financiera, Luis Francisco Virués Hernández, y de la ex secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero García, quien por ese entonces despachaba ya como tesorera municipal del ayuntamiento xalapeño que presidía el morenista Hipólito Rodríguez Herrero.
Yunes Linares reaccionó al instante y condenó que se les acusara de no haber entregado la totalidad de recursos enviados por el gobierno federal al Sector Salud, los cuales habrían sido ejercidos en seguridad pública.
En aquella ocasión, según trascendió, Yunes habría instruido a uno de sus allegados para que contratara a los mejores abogados de Veracruz o de Xalapa para llevar la defensa legal de estos cuatro ex colaboradores, al igual que como lo hizo presuntamente en el caso de Jaime Téllez Lacedelli, hijo del ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, quien el 7 de noviembre de 2019 fue detenido por unas horas junto con Joao Jair García Uscanga, debido al proceso penal 378/2019 que se le sigue también a Winckler y al ex fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, quien desde hace casi tres años continúa prófugo.
Ahora, en cambio, al ex titular de la Fiscalía General del Estado le estaban imponiendo a un defensor de oficio, por lo que Winckler tuvo que recurrir de última hora al ex procurador de Justicia del desaparecido Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas, hijo primogénito del mayor Armando Félix, ex jefe de ayudantes del ex gobernador de Veracruz y ex secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los mejores abogados penalistas de México que colaboró con él en la FGE como asesor externo.
Ayer, en cambio, Yunes Linares fue exhibido en redes sociales caminando muy relajado hacia su automóvil de dos millones de pesos en Miami, Florida. Y sus hijos Miguel Ángel y Fernando, que aspiran a la gubernatura, tampoco han hecho pronunciamiento alguno por la detención de Winckler. Sólo la diputada federal Maryjose Gamboa y sus peones a cargo del Comité Directivo Estatal del PAN han levantado la voz para condenar la supuesta “persecución política” en contra del ex fiscal.
“YUNES, UN DELINCUENTE”: FLAVINO
Ayer, por cierto, entrevistado por el reportero Javier Laertes, del portal veracruzenlinea.com.mx, el ex gobernador interino Flavino Ríos Alvarado afirmó que, como fiscal, Jorge Winckler no actuó solo ya que consultaba y tenía el aval del ex mandatario Miguel Ángel Yunes, a quien también tildó de “delincuente”.
Ríos Alvarado, quien fue objeto de persecución y preso político bajo la administración yunista, declaró que además del de tortura podrían imputársele más delitos a Jorge “N”.
En cuanto a Yunes, recordó que existen varias denuncias en su contra tanto en la FGE como en la Fiscalía General de la República (FGR), presentadas al inicio de esta administración por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.
El notario público de Minatitlán negó que Jorge “N” sea un perseguido político, sino que, al contrario, cuando fungía como fiscal no solo persiguió a adversarios políticos sino que fabricó delitos para encarcelar a “gente inocente”, por lo que recomendó a los panistas no defender a “un delincuente”.
“Yo creo que no tiene vergüenza la dirigencia estatal del PAN. ¿Por qué?, porque ellos tendrían que ser reflexivos, reflexionar. Jorge Winckler, cuando fue fiscal, no solamente hizo persecución política, sino fabricó delitos y, en mi caso personal, la justicia federal dijo que yo no había cometido ningún delito, ni la posibilidad de que lo hubiera cometido, pero no sólo fui yo, también fue César del Ángel que estuvo en la cárcel; hubo muchas personas que fueron perseguidas y acusadas sin que hubiera elementos suficientes”, expresó.
Inclusive arremetió en contra de su viejo ex correligionario partidista: “Lamentablemente contaron con la complicidad de los jueces, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, y se confabularon para encarcelar a personas inocentes”, acusó.
Misma historia que parece estarse repitiendo ahora con algunos adversarios políticos del régimen de la 4T en Veracruz y otros “chivos expiatorios” que han sido encarcelados para encubrir a influyentes personajes y criminales implicados en atroces feminicidios.