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Este martes 30 de agosto se conmemoró, con marchas y manifestaciones en Xalapa y otras ciudades de Veracruz y del país, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
En el estado, a casi cuatro años de su arribo al poder, el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) sigue en deuda aún con los familiares de miles de desaparecidos, los cuales confiaron en que la administración del gobernador morenista Cuitláhuac García sí les resolvería lo que no pudieron o no quisieron sus antecesores Javier Duarte de Ochoa, del PRI, y Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN-PRD.
Dentro de escasos tres meses, por ejemplo, se cumplirán ya nueve años de la desaparición de ocho jóvenes que fueron aprehendidos entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013 por elementos de Seguridad Pública en la colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz. Sus nombres son: Ricardo Adrián García Cruz, Pablo Darío Miguel Hernández, Yonathan Izac Mendoza Berrospe, José Armando Cortés Arrioja, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, Vicente Helos Ortega y José Ignacio Cruz González.
Sobre esta trágica historia fue producido en 2019 un documental por I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., con apoyo de la Embajada de Alemania, con el objetivo de dar visibilidad al caso que también es acompañado en tribunales por los abogados de la asociación civil. Las actividades de difusión de “Abrir la Tierra” se llevaron a cabo en diciembre del año pasado gracias a la Embajada de los Países Bajos.
Pero hasta ahora sigue imperando la impunidad.
El documental, dirigido por Alejandro Zuno –un guionista mexicano que en 2019 fue nominado en los premios Ariel 2020 y participó como selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, DoQumenta, Shorts México y la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género–, cuenta la historia de Perla Damián, cuyo hijo, Víctor Álvarez Damián, fue “levantado” por hombres vestidos de civil y policías estatales. A través de su historia, se narra y transmite el dolor que padecen las familias de los otros siete jóvenes que también fueron desaparecidos. Perla expresa cómo, trabajando en el vacío que deja la justicia mexicana, ella y las madres que conforman el Colectivo Solecito han regresado a casa los restos de cientos de personas, mientras continúan la búsqueda de sus propios hijos.
Hasta el 11 de enero del 2022, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), tenía contabilizadas oficialmente 96 mil 732 personas desaparecidas y no localizadas en México, la mayoría de las cuales se concentraban en el estado de Jalisco. Dos años antes, el 6 de enero de 2020, el gobierno de México informó que Veracruz era la entidad con el mayor número de fosas clandestinas descubiertas: 608.
Al año siguiente, en octubre de 2021, la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, informó de otras 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 202 cuerpos en el país. Veracruz era también el quinto estado con más personas desaparecidas o no localizadas, con 5 mil 524 ausentes hasta esa fecha.
Anteayer, el RNPED reportó oficialmente un total de 105 mil 112 desaparecidos en el territorio nacional, 5 mil más de las víctimas contabilizadas tres meses antes, el 16 de mayo pasado, cuando se rebasó el umbral de las 100 mil personas desaparecidas.
Por arriba de Veracruz, las entidades que siguen encabezando la lista con la mayor cantidad de desapariciones son Jalisco (15 mil 34), Tamaulipas (12 mil 314) y el Estado de México (11 mil 415).
Actualmente, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa –preso desde a mediados de 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, procesado por asociación delictuosa y lavado de dinero– sigue luchando jurídicamente, amparo tras amparo, para que no se le impute responsabilidad penal ni se le ejecute orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada, por los cadáveres hallados en la barranca de La Aurora, una ranchería del municipio de Emiliano Zapata, ubicada a menos de 15 kilómetros de Xalapa.
Mientras, el ex secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, quien en la administración del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán fue su auxiliar en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), salió del reclusorio de Pacho Viejo en diciembre de 2018, a los cinco días de iniciada la administración del morenista Cuitláhuac García, y desde entonces el desprestigiado ex jefe policiaco disfruta tranquilamente de su riqueza inexplicable que acumuló en el sexenio 2010-2016, en el que oficialmente se registró un número menor a la cantidad real de desaparecidos.
