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José Elías Romero Apis, ex diputado federal del PRI, escribió que alguna vez, muy joven, le escuchó decir a su padre, un prominente abogado y político, que los Presidentes de la República podían jugar con todo, menos con tres cosas: la Constitución, el Banco de México y el Ejército. Y reseñaba que años después pudo leer y ver lo que le había pasado a Victoriano Huerta por jugar con la Carta Magna; a Gustavo Díaz Ordaz con las Fuerzas Armadas, y a Luis Echeverría con el Banco Central.
Hoy, en su afán transformador, el presidente Andrés Manuel López Obrador anda haciendo malabares legislativos para evadir algunos preceptos constitucionales por la militarización de la Guardia Nacional y ha expuesto al escrutinio público y judicial a la hermética milicia con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Ayer, al confirmar la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo –quien dimitió a la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la Fiscalía General de la República y aprobado el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca en contra de 83 presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, el mandatario pidió a los padres de las víctimas “que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir…”
Sin embargo, el malestar de la élite castrense ha ido creciendo. Ayer, en el Campo Militar Número 1, los abogados Alejandro Robledo y César Omar Gómez, quienes llevan la defensa legal de cuatro imputados –el general José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala; el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel–, anunciaron que procederán penalmente contra el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, al cual acusan de politizar la investigación y de fabricar pruebas falsas contra los militares.
Y este martes, el columnista de El Universal, Carlos Loret, reveló que hace un par de semanas, después de que Encinas diera a conocer públicamente el informe de la Covaj, en una reunión del gabinete de seguridad que ante la ausencia del Presidente encabezó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, advirtió que “si siguen manchando al Ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen”.
La molestia del jefe militar es entendible, pues seguramente teme que así como se está actuando en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reabra también aquella masacre de Los Zetas de más de 300 personas, ocurrida el 18 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, cuando la Guarnición de Piedras Negras estaba bajo el mando del actual secretario de la Defensa Nacional.
En junio del año pasado, la revista PROCESO publicó que según documentos de la Sedena fechados el 20 y 28 de marzo de 2011, los comandantes de la Zona Militar con sede en Saltillo y de la Guarnición de Piedras Negras fueron informados de los secuestros y asesinatos masivos cometidos por los Zetas en el municipio de Allende el 18 de marzo de aquel año.
En un reportaje firmado por Juan Alberto Cedillo, se documenta que los hechos en los que murieron más de 300 personas fueron reportados por familiares de las víctimas al 14 Regimiento de Caballería, con sede en Múzquiz, que a su vez los notificó tanto a la Zona Militar como a la Guarnición de Piedras Negras. No obstante, consigna que “pese a la gravedad de los sucesos, los militares no actuaron y, al igual que los gobiernos estatal y federal, guardaron silencio”.
La documentación publicada por el semanario fundado por el fallecido periodista Julio Scherer García –padre del abogado Julio Scherer Ibarra, ex consejero Jurídico de la Presidencia de López Obrador– fue obtenida por la organización National Security Archive (NSA) con sede en Washington, que se dedica a la desclasificación de archivos de seguridad en el mundo, particularmente en Estados Unidos.
La revista asentó que los documentos dan cuenta de las denuncias recibidas por el 14 Regimiento de Caballería con sede en Múzquiz, que las envío a la Zona Militar bajo el mando del general Dagoberto Espinosa Rodríguez, quien actualmente es director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM). También las envió a la Guarnición de Piedras Negras que estaba a cargo del general Cresencio Sandoval.
Así, un documento del 20 de marzo de 2011 señala que el día 18 se presentó una persona a denunciar el secuestro de sus parientes, aunque al día siguiente la familia recibió una comunicación telefónica en la que les informó que estaban en custodia de la Policía Municipal, sin que volvieran a tener comunicación con ellos. Además, en el domicilio “se encontraban personas armadas, procediendo a informar a la Comandancia 14 RCM autorizando a acudir a la citada denuncia”.
Tres unidades del Ejército salieron a verificar la denuncia y a su regreso reportaron “la existencia de viviendas saqueadas, ranchos quemados y abandonados, múltiples casquillos percutidos, así como vehículos incendiados y con evidencias de disparos de arma de fuego”. Según la versión del semanario, una copia de este reporte fue enviada a los generales Sandoval y Espinosa Rodríguez.
“De acuerdo con el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el actual titular de la Sedena era también responsable de la prisión de Piedras Negras, donde integrantes de los Zetas incineraron cadáveres de sus víctimas”, refiere el reportaje.
En marzo de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al gobierno de Coahuila, a la Fiscalía General de ese estado y al presidente municipal de Allende, para que se investigaran las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos.
“La gente corría a la garita, buscando protección del cuartel militar, que no debe estar más lejos que dos kilómetros, pero los soldados respondían que no tenían instrucciones de intervenir y se replegaron, y también se tuvo que replegar la gente que iba en pedido de ayuda”, de acuerdo con uno de los testimonios recogidos por el organismo.
El subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Michael W. Chamberlin, declaró en ese entonces al programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui que “será interesante (saber) qué tiene que decir la PGR sobre la responsabilidad del Ejército en estos hechos y se debe considerar la respuesta que da Humberto Moreira al informe de Ariel (Dulitzky) –director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas–, diciendo que él no tenía el mando de la cárcel de Piedras Negras sino que era directamente por parte del Ejército”.
Hace tres años, el 27 de junio de 2019, los gobiernos federal, estatal y municipal ofrecieron una disculpa pública por los abusos y violaciones en el manejo de la masacre en Allende, Piedras Negras y la región norte de Coahuila.
“El presidente de México nos instruyó a ver a las víctimas a los ojos, a no escondernos ante su justificado enojo, a pedir disculpas como Estado y a realizar todo lo que esté en nuestras manos para reparar los agravios individuales y colectivos”, recalcó en ese entonces la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un acto solemne realizado en la plaza principal de Allende.
“Para que los hechos no se repitan y deje de reinar la impunidad es necesario seguir investigando en todos los niveles de gobierno, de arriba hacia abajo hasta encontrar a los culpables”, subrayó la actual senadora de Morena frente a decenas de mujeres y hombres que acudieron con las fotografías de sus familiares que aún se encuentran desaparecidos.
Tres días después, el 30 de junio, la plataforma Netflix estrenaría la miniserie titulada “Somos”, que da cuenta de los sucesos de 2011 en Allende, Coahuila. A partir de una investigación se recreaba la masacre y se pretendía dar respuesta a varias interrogantes que aún persisten al respecto.
Casi dos meses antes, el 3 de mayo de 2019, el presidente López Obrador había afirmado que el secuestro y desaparición masiva de los centenares de personas en ese municipio coahuilense, así como el uso del penal de Piedras Negras para asesinar personas y desaparecer sus cuerpos, “son crímenes horrorosos que aún se investigan y que no prescriben”.
Constitucionalmente, el Presidente de la República es el Jefe Supremo de la Fuerzas Armadas. ¿Logrará el tabasqueño resistir la embestida de la élite militar?
