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Desde el pasado viernes 14, a través de las redes sociales, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, adelantó que la Cuenta Pública 2021 que entregó a la Comisión de Vigilancia el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) podría no ser aprobada por el pleno de la LXVI Legislatura, cuyo análisis se prolongó ayer hasta el siguiente lunes 24.
El coordinador del grupo legislativo de Morena criticó que el ORFIS no haya considerado las solventaciones de observaciones que presentaron los ediles de diversos ayuntamientos.
Afirmó que tanto alcaldes en funciones como quienes les antecedieron se han quejado del trabajo que hizo el ORFIS, al señalar que no fueron tomadas en cuenta las actas de entrega, por lo que adelantó que él no votará a favor de aprobar la Cuenta Pública del 2021, marcando así, de antemano, la línea para los diputados de la bancada morenista y sus aliados, incluidos los tres recientemente expulsados del PAN, con cuyos votos alcanzaría hasta la llamada mayoría calificada.
Por un problema político personal derivado de un grave señalamiento que el ex alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Wilbert Luis Luis, hizo en su contra, Gómez Cazarín ha descalificado y está por desaprobar los resultados de la Cuenta Pública 2021. Pero también, según se rumora en la bancada de Morena, la confrontación de su líder con la auditora general Delia González Cobos la habría atizado un presunto conflicto emocional dada la extraordinaria influencia que ejerce sobre él la diputada panista Nora Jessica Lagunes Jáuregui, quien ha mostrado un obsesivo interés en la auditoría que el órgano fiscalizador practicó a la pasada administración municipal de Tantoyuca que presidió Amado Guzmán Avilés, hermano de Joaquín “El Chapito” Guzmán, quien todavía como dirigente estatal del PAN apoyó el año pasado la reelección de Lagunes Jáuregui, imponiéndole como suplente en la diputación plurinominal a su sobrina María de Monserrat Guzmán Herrera.
Refieren, por ejemplo, que una semana antes de que la titular del ORFIS entregara formalmente en el Congreso local los resultados de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal anterior, los diputados que integran la Comisión de Vigilancia, en vez de acudir por cortesía a la sede del órgano autónomo fiscalizador como tradicionalmente se acostumbraba, citaron a la Auditora General en un salón del Palacio Legislativo donde le hicieron una serie de observaciones y reclamos. La insistencia de la diputada Lagunes Jáuregui por el caso de Tantoyuca fue tan obsesiva que hasta el diputado local de Morena por ese distrito de la Huasteca veracruzana, Roberto Francisco San Román Solana, la increpó públicamente.
Y es que el ex alcalde Amado Guzmán recibió observaciones por 252 millones 502 mil pesos, la cifra más alta de los 212 municipios del estado que, en total, deberán solventar ante el ORFIS 3 mil 23 millones 507 mil pesos. Monto que descendería notablemente si todos los ex munícipes cumplieran con la presentación de validaciones y actas de entrega-recepción debidamente cer-ti-fi-ca-das por las autoridades, dependencias y/o comités de obras correspondientes, pues se sabe de algunos ex alcaldes que han querido sorprender al órgano fiscalizador con copias simples e inclusive hasta con actas falsas.
En el caso de Tantoyuca, el ex alcalde panista no entregó ni una sola validación ni acta certificada. Cuando cumpla con esta norma oficial de fiscalización seguramente el monto del presunto daño patrimonial disminuirá considerablemente.
Por eso sorprende la descalificación de Gómez Cazarín al resultado entregado por el ORFIS, pues el mismo diputado presidente de la Jucopo expresó que “a los alcaldes que hicieron las cosas bien, los vamos a apoyar y los vamos a defender, siempre y cuando las pruebas estén aquí, pero nos ha tocado ver cómo cobraron pavimentaciones que no hicieron”.
Mencionó que muchos ex munícipes reportaron obras concluidas y no las iniciaron, o en otros casos los trabajos que se realizaron son de mala calidad, señalando como ejemplo el caso de San Andrés Tuxtla, donde la anterior administración municipal construyó una pista de tartán que a los siete meses estaba destruida. “¿Cómo van a aprobar eso y cómo no va a salir con observaciones? (…) No somos tapaderas de ninguna acción de corrupción, nosotros tenemos el compromiso, somos representantes y eso es lo que vamos a hacer”, advirtió.
Y comentó que “aquí han llegado alcaldes y presentan las pruebas, donde ellos entregaron la documentación, y no se los tomó en cuenta el ORFIS, por eso yo no voy a votar a favor”.
Lo que quizá no le dijeron es que por ahorrarse decenas de miles de pesos –que legalmente las nuevas autoridades municipales no pueden costear– entregaron copias simples de actas, las que por ley el ente fiscalizador se ha negado a recibir sin certificar, pues estaría incurriendo en una ilegalidad.
¿Acaso el trato VIP que los operadores legislativos de Morena pretenden darles a los caciques del PAN de Tantoyuca tendrá que ver con el proceso electoral de 2024?
Y es que en el proceso electoral de 2021, curiosamente, la familia Guzmán Avilés “perdió” las diputaciones federal y local ante los candidatos de la alianza Morena-PVEM pero ganó nuevamente la alcaldía con Jesús Guzmán, el padre de María de Monserrat, la suplente de la diputada plurinominal Lagunes Jáuregui.
