Túnel: Contraloría exoneró a funcionarios

El pasado 7 de mayo, al comparecer ante el Congreso local para informar sobre el proyecto y desarrollo de construcción del túnel sumergido del río Coatzacoalcos, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, entre tantas cosas que dijo, dio a conocer que tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) realizaron auditorías de los ejercicios 2008, 2009 y 2012, y coincidieron en la existencia de diversas irregularidades financieras y técnicas; que en particular, la ASF determinó la existencia de un importante desfase temporal en la ejecución de la obra y con base en ello consideró procedente imponer penas y hacer efectivas las garantías correspondientes.
El titular de la SIOP hizo un sucinto recuento a partir del 26 de agosto de 2002, cuando mediante oficio 119/2002 el Gobierno del Estado solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la concesión para operar, explotar, conservar y mantener el Puente Coatzacoalcos I, con objeto de aplicar los excedentes de su explotación para el desarrollo del túnel sumergido. Dio detalles de las irregularidades que se comenzaron a dar a partir de 2005, en el sexenio anterior, tanto por lo que hace a la obra del túnel como a la operación del Puente.
Casi al final de su exposición, Buganza reveló que desde el pasado 9 de diciembre de 2013 presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a efecto de que se iniciara la investigación correspondiente, se determinara quién o quiénes son probables responsables y, agotado el procedimiento de investigación, ejercitara la acción penal correspondiente y se reparara el daño causado al erario público. Ya vamos para seis meses y no se sabe qué ha hecho la Procuraduría al respecto o en qué fase del proceso se encuentra el asunto. No sería raro que termine el sexenio y no se haga nada y no se castigue a nadie y menos se recupere el dinero desviado, defraudado, dinero de los causantes veracruzanos.
Por lo pronto, según reveló una nota informativa del diario Reforma ayer, la Contraloría General del Estado (en el sexenio pasado bajo la responsabilidad de Clara Luz Prieto Villegas) sobreseyó el expediente “al no haberse acreditado probable responsabilidad administrativa en el resultado”, no obstante que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que funcionarios estatales adjudicaron directamente, sin justificación legal (algo que detalló Gerardo Buganza Salmerón) tres contratos en el Puente Coatzacoalcos I por un monto total de 87.4 millones de pesos.
El encabezado de la nota resume todo: “Solapan estados a corruptos”. Bajo la firma del reportero Jorge Arturo Hidalgo, se dice que los estados solapan con un sin número de razones la impunidad de sus funcionarios al exculparlos de los castigos que promueve la Auditoría Superior de la Federación, y que nueve de cada 10 expedientes que la ASF envió a las contralorías estatales para aplicar sanciones administrativas contra funcionarios quedaron en la impunidad.
Qué argumentaron para ello: evidencias insuficientes, que no se encontraron anomalías, que era improcedente la petición de la Auditoría, que si había irregularidades pero que ya había prescrito el plazo legal para sancionar, que se habían reintegrado los recursos aunque sin especificar de dónde los habían obtenido (algo similar a lo que está por suceder con respeto al ex secretario de Comunicaciones, Raúl Zarrabal Ferat), y que hubo incumplimiento a la ley aunque no dolo ni mala fe.
De acuerdo a la información periodística, en un extenso reporte de 2 mil 591 páginas enviado a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la Auditoría detalla caso por caso las respuestas que dan los estados a las promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para quienes cometen irregularidades en el manejo de fondos federales, “o sea, el dinero de los mexicanos”.
Será interesante saber cuál fue la respuesta completa que se dio en el caso del túnel sumergido, si reabrirán los expedientes y si el presidente Enrique Peña Nieto ordenó la acción para echar abajo la “resolución definitiva” que determinaron las contralorías locales y para castigar a los responsables como parte de su lucha contra la impunidad.
En el ciudadano la desconfianza es enorme y la incredulidad también y en abono de ello cabría esperar que para el caso de los funcionarios involucrados en el escándalo del túnel no pasará nada, pues si incluso ya se les exoneró administrativamente y se les declaró blancas palomas, no se cree que procederá alguna responsabilidad penal, que la Procuraduría General de Justicia del Estado no se atreverá a ir más allá y por lo tanto no castigará a nadie.
La nota de Reforma dice que solapan estados a corruptos, pero creo que también se podría decir lo mismo de autoridades federales, pues ahí está el caso de los fraudes al erario público por los puentes inconclusos o que ni siquiera se comenzaron pero que se cobraron en su totalidad, y no obstante que el mismo secretario Buganza presentó denuncias penales ante los dos agentes del Ministerio Público Federal de Xalapa adscritos a la Procuraduría General de la República, tampoco no se sabe que nadie haya sido molestado y se guarda un sospechoso silencio que apunta a la impunidad. Es el mismo caso de la Procuraduría estatal que recibió denuncias por el mismo motivo.
Ahora queda claro que para la Contraloría General del Estado, en el caso del túnel, ningún funcionario es responsable de que no se haya vigilado que se cumpliera con la normatividad administrativa y legal y que no se denunciaran a tiempo las anomalías ante las instancias correspondientes; por el contrario, solapó y encubrió a los malos funcionarios públicos comenzando por sus mismos contralores internos.
¿Alguien pensará en serio que se va a proceder contra algún involucrado en las anomalías que detectó y denunció el ORFIS sobre la cuenta pública de 2012, o al menos contra los peces gordos? A ver si no terminan, como dijera el taxista, metiendo a la cárcel a los ex presidentes municipales de los municipio pequeños, “puro pendejo que no sabe leer ni escribir”.