¿Palo contra la Ley del IPE?

¿Palo a quienes aprobaron la nueva Ley del Instituto de Pensiones del Estado?
El pasado 20 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 16, 19, 32 y 59 de la nueva Ley del IPE por considerarlos incompatibles con el texto constitucional y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Con ello se hizo eco de la inconformidad de los miles de trabajadores que cotizan al organismo así como de los pensionados y jubilados veracruzanos que consideran que se les afectó en sus derechos humanos con el nuevo ordenamiento, y al momento y hasta en tanto no resuelva el máximo tribunal del país, se puede afirmar que aunque fue aprobada por mayoría por la LXIII Legislatura local su vigencia no es segura.
El argumento en que sustenta su demanda la CNDH es que los artículos 16 y 19 “transgreden el derecho a la igualdad y al principio de previsión social, pues establecen que las aportaciones que realicen los pensionados será del 12%, lo cual es inconstitucional e inconvencional, en vista de que, previo a la jubilación, ya se les descontó su aportación, traduciéndose en una falta de igualdad y un trato inequitativo”.
En paralelo a la acción de la CNDH, más de 14 mil interesados-afectados promovieron amparos por su cuenta o en forma colectiva, por lo que el litigio está vivo y es de mucho interés público conocer el desenlace.
Vía fast-track, en pleno periodo vacacional, la nueva Ley fue aprobada el pasado 18 de julio con 35 votos a favor y 9 en contra, y publicada en la Gaceta Oficial del Estado tres días después. Por más que del lado oficial, tanto del Gobierno del Estado como de la Legislatura, se insistió y se ha insistido en sus “bondades”, no opinan lo mismo los derechohabientes, quienes optaron por la vía legal para tratar de revertir la situación dada.
Ante el litigio y previendo una resolución no favorable, luego de que la CNDH presentó su demanda, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Nicolás Callejas Arroyo, informó el pasado 9 de septiembre que habían sido notificados del reclamo y que tenían 15 días para contestar, que la nueva Ley no ha sido declarada como inconstitucional, pero que “si la Suprema Corte de Justicia de la Nación la considera lesiva para los derechos de los beneficiarios, el documento deberá modificarse, sin objeciones”.
Días antes, el 5 de septiembre, el Gobierno del Estado publicó la fotografía de una reunión del gobernador Javier Duarte de Ochoa con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, en la que dialogaron “sobre importantes temas de la agenda estatal y nacional en materia de justicia y Estado de Derecho”, pero que en realidad habría servido para cabildear a favor de la nueva Ley del IPE, tal como está.
El viernes pasado, 26 de septiembre, hizo bien en desdramatizar el litigio el ex presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, pues no se trata más que de hacer justicia y aplicar la ley, de proceder, conforme a la definición de justicia que dio Ulpiano, cumpliendo con la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.
El distinguido jurista veracruzano-misanteco vino a su antigua alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, a cuya aula magna se impuso su nombre, y dijo algo tan simple y sencillo para un hombre familiarizado con la impartición de justicia, con fallos a favor o en contra conforme a derecho: la Ley del Instituto de Pensiones no es nada dramático y tendrá que corregirse si la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declara inconstitucional.
Me llama la atención su coincidencia con lo que había dicho antes Juan Nicolás Callejas Arroyo, y acaso cabría especular si dado su paisanaje (ambos de Misantla), su amistad personal y la de sus familias, Juan no le consultó en su momento el caso y Ortiz Mayagoitia le dio su opinión, que no es concluyente en cuanto a que la Ley está bien y es inmodificable, sino que abren la posibilidad de que el documento jurídico aprobado pudiera ser revertido.
Su declaración hace pensar que la CNDH está en lo correcto cuando pide declarar inconstitucionales cuatro artículos y no toda la Ley, pues “aseguró (Ortiz Mayagoitia) que no toda la Ley es inconstitucional, pues sólo uno o dos artículos tienen errores y corresponderá a los jueces la interpretación que se dé de la misma”.
Que un hombre tan serio e íntegro, conocedor del derecho, afirme que el ordenamiento tiene errores puede inducir a pensar que finalmente le darán palo a quienes lo aprobaron y, claro, no dejará de tener su efecto colateral político, aunque, finalmente, si los jueces coinciden con quien fue presidente de su máximo organismo, no se tratará más que de un acto de justicia, que habrá que celebrar.
Me parece bien que en tanto se resuelve y se dice la última palabra, los inconformes, a través de uno de sus abogados, Eduardo Pérez Saucedo, han informado que entregaron un documento al Gobierno del estado y que están a la espera de una audiencia “porque tiene injerencia con diputados priistas y si tiene voluntad de corregir lo que está mal, lo hará”.
Esto se entendería como extender la mano para un entendimiento razonable, que sería lo mejor y lo más deseable. En realidad, tanto el actual gobierno como los derechohabientes son víctimas, uno de las circunstancias, de los tiempos, que lo hicieron heredar una pesada carga, y los otros de los actos depredatorios, de rapiña, de quienes fueron directores del Instituto y lo saquearon y lo dejaron prácticamente postrado, casi desahuciado.
Es cierto, hay un crecimiento exponencial de pensionados y jubilados y una disminución de fuentes de aportación de ingresos, pero el patrimonio del IPE en recursos directos y en inmuebles era grande, suficiente para soportar la carga que ahora se presenta. Indigna que quienes lo saquearon gocen de impunidad. Contra ellos es contra los que se debe proceder, no en contra de los trabajadores, pensionados y jubilados.
La resolución de la Corte, por lo demás, habrá de desvelarle al gobernador si está en buenas manos en materia jurídica y si puede confiar plenamente en su oficina legal, pues ya acabamos de ver la metida de pata que andaban dando con la iniciativa de nueva Ley de Tránsito y Seguridad Vial que le dieron al diputado Adolfo Ramírez Arana para que la presentara como suya. Con la del IPE, el golpe, si lo llega a haber, no será para ellos, sin para la imagen del Ejecutivo.