Las dos varas con las que mide el Fiscal

A punto de arrancar las campañas electorales dentro de seis días, la carga negativa para el PRI, por acción –o inacción– del Gobierno del Estado (el priismo en el poder), aumenta.
Al reclamo por la enorme deuda pública; por la falta de pago a proveedores, a prestadores de servicios, a la Universidad Veracruzana, a la Escuela Normal Veracruzana, a maestros, jubilados y pensionados; por los altos niveles de inseguridad que hacen pensar que la delincuencia, dentro de la que se incluye a la propia policía, está fuera de control; por las agresiones a periodistas; por la terapia intensiva en que está el sistema de salud por la falta de recursos; por la impunidad que prevalece al no castigarse a quienes han hecho mal uso de los recursos públicos; por el secuestro y muerte de jóvenes a manos de policías en Tierra Blanca y ahora también en Papantla; al reclamo por todo eso y otras cosas más, ahora se viene a sumar la dilación de la Fiscalía General del Estado (aparentemente independiente pero totalmente dependiente del Ejecutivo estatal) para no actuar en contra de cuatro presuntos violadores (se habla de uno más) de una joven, entonces menor de edad, presuntamente por la influencia de sus padres.
Desde que el padre de la víctima, Javier Fernández Gómez, impotente y desesperado decidió ventilar el caso de su hija haciéndolo público, “a pesar de mi inmensa pena y dolor”, en una carta que envió al diario Notiver el sábado 19 de marzo como un “grito desesperado” ante las largas que está dando al asunto la Fiscalía, prácticamente toda la Semana Santa el tema dominó en los medios incluso de circulación nacional, que se hicieron eco de la denuncia y que mantienen vivo el interés en la resolución, postura a la que se sumó también la Arquidiócesis de Xalapa, y la condena cobró ribete internacional el Sábado de Gloria cuando escritores, académicos y activistas de Francia, Perú, Gran Bretaña, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Canadá, España, Colombia y Venezuela suscribieron una carta de 300 feministas y defensoras de derechos humanos de 24 estados del país para solidarizarse con la joven violada, además de que la organización de activistas cibernéticos Anonymous México cumplió su advertencia hecha el día 23 de que si en 72 horas “la Fiscalía General del Estado y el gobierno priista” no consignaban penalmente a los imputados, ellos y sus simpatizantes los perseguirían por su propia cuenta, de tal forma que el 26 a través de su canal de YouTube difundió teléfonos, fotografías y videos de los cuatro juniors, amén de que para este lunes a temprana hora está convocada una marcha en el puerto de Veracruz de protesta contra la Fiscalía y de solidaridad con la víctima.
Pero todo eso, por lo que ha declarado, tiene sin cuidado al Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quien argumenta que el hecho se denunció cuatro meses después de ocurrido, que la Fiscalía está en el trámite de la integración y que aunque se exija intempestivamente justicia, “las leyes dan un compás de tiempo bastante amplio para generar una investigación sólida, no me presiona que se publicite un caso”, “compás de tiempo bastante amplio” que no aplicó en el caso de la columnista Maryjose Gamboa “para generar una investigación sólida”, necesario recordarlo para subrayar cómo mide con dos varas y procura justicia según sus intereses particulares, y que por más que insista que no protege a los denunciados, sospechosamente ya adelantó que: “Entiendo que el veredicto ministerial que se dé en este sentido a una de las partes no gustará”, ¿acaso porque va a favorecer a los presuntos violadores?
En un lamentable hecho, en las primeras horas del sábado 12 de julio de 2014, Maryjose atropelló y dio muerte en forma verdaderamente accidental a un joven, quien sin ninguna precaución cruzó de noche y en un lugar no permitido la avenida por la que circulaba la columnista, en el municipio de Boca del Río. En lugar de huir, segura de que no había tenido la culpa y confiando en la justicia, esperó en el lugar del accidente a que llegaran las autoridades de tránsito y ministeriales y se entregó voluntariamente. Crítica sistemática de la administración duartista desde que fue despedida de un noticiario televisivo y luego de uno radiofónico por presiones y petición hechas desde la Coordinación General de Comunicación Social, por su línea crítica y plural, el gobierno vio entonces la oportunidad de vengarse de ella y de enviar un mensaje a toda la prensa crítica que eso también le podía pasar, y actuó en consecuencia.
Conforme a la ley, Maryjose tenía derecho a salir en libertad bajo fianza y en esa condición continuar el proceso legal, pero el propio Procurador General del Estado entonces, Luis Ángel Bravo Contreras, se ensañó con ella y armó un proceso plagado de irregularidades para que no alcanzara fianza (luego los tribunales federales lo echaron abajo), y en cuestión de horas, el lunes 14 de julio la consignó ante el juez quinto penal, de lo cual informó en conferencia de prensa en la propia Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, como si se tratara de una peligrosa delincuente, y a continuación, en apenas seis días más, el juez Sergio Jiménez Maraboto le dictó auto de formal prisión. Tras ocho meses de reclusión, el 27 de febrero de 2015, la columnista salió en libertad. Ahora, aquel apresuramiento que tuvo entonces no se le ve en el caso de los presuntos violadores.
Con esta presión internacional, con este reclamo a la Fiscalía y al gobierno, con este panorama adverso saldrá el tricolor y sus candidatos (a la gubernatura y a diputados locales) a pedirle el voto a los ciudadanos. Si la votación le llegara a ser adversa al Revolucionario Institucional no habrá ganado el PAN-PRD, habrá perdido el PRI.
Los acusados, en una carta que enviaron al diario Notiver, se dicen inocentes y que se está politizando el caso. Se va a politizar si quedan impunes. Por lo pronto, ante la dilación de la Fiscalía, el candidato del PAN-PRD ya tiene más tela de donde cortar y la inconformidad popular más de donde alimentarse.
Resumen del caso
Los cuatro presuntos violadores son Enrique Capitaine Marín, Gerardo Rodríguez Acosta, Jorge Cotaita Cabrales y Diego Cruz Alonso, aunque una nota del corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, quien tuvo acceso a la investigación ministerial, afirma que hay un quinto involucrado, Felipe Capitaine Marín, hermano de otro de los acusados. El grupo es conocido ya como “Los Porkys de Costa de Oro”, en alusión al caso ocurrido en Xalapa en 2001, cuando también unos jóvenes con dinero llamados "Los Porkys", de familias reconocidas e influyentes, mataron a golpes a otro muchacho y el crimen quedó impune.
Si bien el hecho ocurrió el 3 de enero de 2015, la denuncia penal se interpuso hasta el 11 de mayo de ese mismo año, y no obstante las pruebas aportadas por el padre como el señalamiento directo de su hija, estudios médicos, análisis psicológicos, dichos de testigos que acompañaban a la víctima y videos en donde los cuatro jóvenes admiten su culpabilidad, el lunes pasado la Fiscalía le informó que el abogado de los denunciados pidió seis nuevas pruebas, petición que aceptó no obstante que el plazo legal de 180 días para consignar se venció en noviembre del año pasado. El padre de la víctima dijo que la denuncia la presentaron cuatro meses después cuando la afectada le contó todo a su hermana mayor.
Uno de los acusados, Jorge Cotaita Cabrales, presuntamente se vio involucrado en un caso similar al de la columnista Maryjose Gamboa, pues la mañana del 24 de abril de 2013 con una camioneta atropelló y mató a un joven ciclista en el bulevar Ávila Camacho. De acuerdo a una nota de Federico García, de Notiver, la policía naval y oficiales de tránsito de Boca del Río dieron cuenta de ese hecho, pero extrañamente “la policía de Tránsito de Boca del Río nunca envió el parte del accidente al Ministerio Público, tampoco la PGJE inició una investigación formal en esa ocasión, a pesar de que personal de Millenium (un hospital privado) reportó a la fiscalía el ingreso del paciente”.
La Iglesia también reclama
El miércoles 23 de marzo, en plena Semana Santa, el Director de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, alzó su voz para denunciar que todo indica que “la justicia es negociable en Veracruz”. Expresó que al no haber castigo para los presuntos violadores “es, además, una expresión de abuso de poder”, pero también del “abuso de la autoridad o de quien se sienta superior y lamentablemente se siente intocable”.
Un día antes también se había pronunciado Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Xalapa, quien dijo que las autoridades estatales estarían demostrando impunidad en caso de que no se castigue conforme a la ley a los culpables, y consideró “lamentable y terrible” que existan personas que utilicen su poder social y económico y se sientan con las atribuciones de violentar el cuerpo de una persona. "Mandaría un mal mensaje, mandaría el mensaje de la impunidad".