¿Alcaldes, de nuevo, de tres años?

Según algunas notas periodísticas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa reconoció que la figura de reelección para cargos de elección popular no figura en la iniciativa que envió ayer al Congreso local para adecuar el Código Electoral del Estado a la reforma política-electoral aprobada en diciembre pasado por el Congreso federal, y tampoco se pronunció sobre la reducción de los periodos de los alcaldes de cuatro a tres años, tema este que seguramente generará ruido porque es condición indispensable para que se puedan reelegir presidentes municipales, síndicos y regidores.
El titular del Ejecutivo informó del envío de su iniciativa durante su conferencia de prensa matutina de los lunes, en la cual dijo que la adecuación será “plena” y con vínculos claramente establecidos entre las leyes local y federal.
En el caso concreto de Veracruz, vaya relajo legislativo que se va a armar porque resulta que la nueva legislación federal señala que las constituciones de los estados tienen que establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, síndicos y regidores por un periodo adicional siempre y cuando el periodo de mandato de las comunas no sea superior a tres años, y en el estado rige el periodo de cuatro, que se aprobó el 17 de mayo de 2011 y que apenas entró en vigor con los actuales alcaldes.
La reelección, se entiende, se aprobó a nivel federal para incentivar a las autoridades municipales a tener el mejor desempeño con el propósito de ganarse la simpatía ciudadana, tanta como para que los reelijan, y se ve difícil que, por ejemplo, Américo Zúñiga Martínez, o Ramón Poo Gil, o Joaquín Caballero Rosiñol, por citar a los alcaldes de Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, no quisieran prolongar su mandato por otro periodo, así como los miembros de sus comunas, aunque, claro, ellos están impedidos por haber sido elegidos para un periodo de cuatro años.
Podría pensarse que durante la discusión en el Congreso local se agregará esta figura en el Código Electoral del Estado, para lo cual se volverá a alcaldes de tres años, o que si no se hace ahora, el próximo gobernador hará la corrección correspondiente.
¿Por qué algunas resistencias a la reforma política-electoral?
Durante años, los partidos de oposición al PRI vinieron reclamando inequidad en los procesos electorales, intervención de los gobiernos y uso de recursos públicos a favor de su partido y de sus candidatos (primero fue el PRI pero luego en el poder presidencial el PAN hizo lo mismo), así como rebase de topes económicos de campaña. De vuelta el priismo a la Presidencia y el panismo a la oposición, el reclamo resurgió.
Como se dice comúnmente, el Gobierno federal priista hacía como que escuchaba y como que iba a atender por fin el reclamo, pero en realidad les daba “avión” sobre todo a los panistas y ahí se la llevaban; mientras, en efecto, los comicios eran cada vez más cuestionados por los propios electores y muchos resultados se definían finalmente en los tribunales electorales, también bajo sospecha de estar al servicio del gobierno en turno, hasta que se atravesaron en especial tres circunstancias.
Uno. La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia ha venido a constituir un refresco en un sistema político que se estaba asfixiando por los viejos vicios de siempre, en los que también cayeron los panistas, pues el mexiquense ha dado muestras suficientes de apertura y de deseos de cambio, para lo cual está llevando a cabo una serie de reformas estructurales que –yo sí lo creo– rendirán frutos a largo plazo.
Dos. El Pacto por México, reconocido e incluso envidiado en el extranjero porque permitió sentar a la misma mesa a los partidos con el gobierno para negociar las reformas, ha servido para, ahora sí, atender algunos reclamos de la oposición, como el de la reforma política-electoral, a cambio del apoyo opositor a Peña Nieto para sus demás reformas. Peña, tiene que reconocérsele, dejó el autoritarismo y prefirió negociar y hacer concesiones antes de imponer por la fuerza, como se hacía antes, sus iniciativas. Recibe, pero también da.
Tres. Y la chispa que se necesitaba para incendiar la pradera, que ya estaba seca y lista para arder, aunque nadie activaba el encendedor que se necesitaba, brotó en Boca del Rio cuando como a verdaderos amateurs pillaron a un grupo del gobierno planeando intervenir en las pasadas elecciones, sin advertir que eran filmados y grabados, material que llegó a manos del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien tuvo las pruebas para demostrar que su reclamo estaba más que justificado, de lo que se agarraron también los partidos de izquierda para sumarse y reclamar.
De ahí renació la exigencia de que se diera una reforma política-electoral cuanto antes, que Peña aceptó porque creo yo que también desea el cambio si quiere modernizar a México, y el ordenamiento ya fue aprobado por el Senado la madrugada del pasado 4 de diciembre de 2013, aunque ahora necesita la validación de al menos 17 legislaturas locales, cuyo plazo se vence al final de este mes para hacerlo, aunque, según el PAN, en algunos estados se han estado haciendo patos para no dar su aval, se entendería que porque impediría la injerencia de gobiernos locales para seguir manipulando las elecciones, entre otros impedimentos.
Aprovechando el viaje y dadas algunas resistencias, el PAN está exigiendo también no sólo el aval para la reforma sino que los propios estados armonicen su marco legal con la norma federal, para lo cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha “sugerido” (ordenado) ya a las legislaturas locales a que lo hagan.
Lo que constituye un golpe (según se quiera ver para quién) en el caso del estado es que se elimina la autonomía del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), que ahora se denominará “Organismo Público Local de Veracruz en Materia Electoral”, que estará vigilado y controlado desde el centro, además de que será el Senado de la República y ya no el Congreso local el que nombre a los magistrados electorales estatales, que actualmente están bajo sospecha de servir al gobierno en turno.
Además de que se podrán anular elecciones si se excede el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, si se adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas, todo eso entre otras cosas.
Viéndola al margen de cualquier interés partidario, la reforma le conviene a la sociedad porque las nuevas limitantes y las nuevas exigencias harán que se mejore la calidad de los procesos electorales y que los partidos postulen a verdaderos buenos candidatos, ya no a la morralla ni a los impresentables de siempre, si no quieren perder y recibir el rechazo ciudadano.