Caso Patishtán, víctima de la corrupción

Con una actitud indolente, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negó la libertad del indígena Tzotzil, Alberto Patishtán Gómez, a través de los jueces Freddy Gabriel Félix Fuentes, Manuel de Jesús González Suárez y Arturo Eduardo Centeno Garduño. Sin justificación legal, estos magistrados determinaron ratificar la pena de 60 años en contra de Patishtán, por su presunta participación en la emboscada a siete policías.



El maestro Patishtán, se ha convertido en una víctima del sistema y es la viva imagen de la animadversión hacia los indígenas, -reforzado- que ha persistido en Carlos Salinas de Gortari desde 1994 tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), movimiento que le causó la imagen que ahora todos los mexicanos conocemos éste mantiene: como un represor y asesino social.



Patishtán es un indígena chiapaneco, integrante del EZLN. Antecedentes que al salinismo le suele causar escozor, por lo tanto, el no permitirle su libertad pese a no contar con los fundamentos legales que amparen esta arbitraria decisión ordenada a sus asalariados magistrados, es parte del repudio Peñista-Salinista mantienen en contra de la condición indígena.



Es realmente absurda la determinación de mantenerlo en cautiverio, que ha despertado la indignación de diversos organismos defensores de los derechos indígenas. El mismo Alberto Patishtán hizo pública su postura por la decisión del gobierno de reiterar su sentencia de 60 años, por haber incurrido en un delito que no cometió.



Considerado preso político y con todo el aparato tanto gubernamental y federal en su contra. Mucha razón tiene el profesor Tzotzil al decir: “La justicia está al revés, pues los que han cometido algún crimen como los acusados por el caso Acteal son liberados y a quienes como yo somos inocentes, el gobierno nos mantiene encarcelados”



“Pareciera que hay que matar para salir de la cárcel”, reiteró Patishtán Gómez, en referencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le permitió obtener la libertad a Marcos Arias Pérez el pasado 12 de marzo del 2013, acusado de haber participado en la masacre de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997.



Dicha resolución no es un hecho que afecta un solo hombre. Esta resolución nos perturba a todos los mexicanos, pues nadie está exento de padecer de la mediocridad del sistema jurídico y sobre todo, sufrir del egocentrismo de un mal gobernante que sin el menor remordimiento, destruye –por gusto y placer- la vida de un ser humano, aprovechándose de su condición humilde.



El Código Penal está diseñado para amparar a la clase política. Estos pueden delinquir a sus anchas, robar, vincularse con el narcotráfico y la delincuencia organizada, realizar tráfico de influencias, etc. pero no existe nada dentro de la ley que se vierta contra ellos y los haga pagar sus tropelías y actos delincuenciales.



Contrario a lo que todos esperamos, vemos resoluciones como el caso de Florence Marie Louise Cassez Crepin quien fue condenada a 60 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Y sin el menor indicio de ética, fue dejada en libertad y recibida por su comunidad francesa como toda una heroína. Sus cómplices, por no contar con sus influencias aún continúan en la cárcel.



La liberación de Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano, que desde 1985 fue capturado y ahora, por una resolución judicial, le brindó la posibilidad de obtener su libertad el 09 de agosto del 2013, emancipación concedida por el actual gobierno priísta, representada por Enrique Peña Nieto.



José Antonio Zorrilla Pérez, ex director de la desaparecida dirección federal de Seguridad y autor intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía Tellez Girón, el 30 de mayo de 1984, dejó la prisión en donde purgaba una sentencia de 35 años y ahora cumplirá lo que le falta en su casa. Para que la termine cómodamente y nadie lo moleste.



Raúl Salinas de Gortari –el famoso hermano incómodo- fue exonerado por el juez XIII de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, a quien por el delito de peculado, se le incautó todas sus propiedades y le fue devuelto 224 millones de pesos. Qué poniéndonos románticos, pues es dinero de todos los mexicanos y que el hermano de Carlos Salinas de Gortari robó en contubernio del ex ejecutivo federal mexicano.



Lista larga, en donde se encuentran diversos servidores públicos tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional y hasta personajes –que pisaron la cárcel pero luego fueron liberados- del Partido de la Revolución Democrática (PRD). También lucen nombres de gobernadores, alcaldes quienes han desviado recursos del erario público para enriquecerse incontrolablemente y jamás se le ha requerido legalmente para la devolución de los recursos de los mexicanos.



Ejecutivos estatales como Arturo Montiel Rojas, del Estado de México, Fidel Herrera Beltrán, del estado de Veracruz, del propio Enrique Peña Nieto –por citar algunos-, servidores públicos que han sido denunciados por actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito y de participar con el crimen organizado. Siguen libres y uno hasta es el actual presidente de México.



Para la clase política no hay ley que los alcance. En las cárceles se encuentran hombres dignos, éticos como Alberto Patishtán y de los miles de hermanos indígenas que desde afuera se encuentran apoyando el arbitrario y abusivo encarcelamiento que desde hace 13 años, el maestro Tzotzil ha tenido que padecer junto con su familia.



Hasta cuando permitiremos este tipo de abusos. Hoy es Patishtán, mañana puedes ser tú o un miembro de tu familia.



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