Elefante blanco

Fue el 18 de diciembre de 2012 cuando oficialmente nació en el estado un elefante blanco llamado Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en el Estado de Veracruz (CEAPP). Su objetivo, se estableció entonces, era velar por la integridad física de los comunicadores y garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
En este espacio en diversas ocasiones no sólo he sostenido que no sirve ni ha servido para nada salvo para sangrar al erario público con recursos que hacen falta en áreas sustantivas, pero además he argumentado que no tiene razón de ser porque la garantía de la libertad de expresión ya está señalada en la Constitución y que velar por la integridad física del gremio es obligación de los gobiernos a través de sus aparatos de seguridad pública.
Ese adefesio fue creado luego de que en menos de un año se reportó la muerte de ocho compañeros en la entidad –Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), Misael López, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y Guillermo Luna, que en paz descansen todos ellos– y de que sobre Veracruz cayó como una pesada losa, que no se ha podido quitar de encima, el señalamiento del Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, de que Veracruz “es el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa en uno de los países de mayor riesgo a nivel mundial”.
Si de por sí no tenía razón de ser esa Comisión, para colmo pusieron al frente a dos personas que jamás ejercieron el periodismo ni pasaron por una redacción, que por lo tanto las descalificaba porque no tenían la menor idea (ni la tienen aún) de cuál era la verdadera necesidad de los reporteros para estar protegidos de los riesgos por el ejercicio de su quehacer, y los hechos posteriores, el de Gregorio Jiménez de la Cruz el más reciente, han confirmado su inutilidad. Namiko Matzumoto Benítez (59 mil 531 pesos al mes como “bono de actuación” –je je–, al menos hasta 2013), “secretaria técnica”, y Rocío Ojeda Callado (20 mil pesos al mes como “bono de responsabilidad” –ja ja–), “presidenta”, son unas simples burócratas más y unas verdaderas vividoras del presupuesto.
Fue una Comisión de más, porque aparte ya existía y existe, al menos en la estructura oficial, una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas Comunicadores (siempre me he preguntado si el nombre es correcto), pues debiera ser Fiscalía Especializada en la Atención de Denuncias por Delitos contra Periodistas Comunicadores y a la que, en todo caso, se debieran asignar los 15 millones de pesos (creo que para este año le hicieron un aumento) de presupuesto anual que se asignó al referido paquidermo blanco.
Como si la inutilidad no bastara, todavía peor, ese presupuesto se tomó como un botín, como lo demuestra el hecho de que un mismo integrante de dicha Comisión, acaso el único que se salva por su verdadero deseo de servir a los compañeros, Jorge Morales Vázquez, ayer hizo un año que presentó ante el Congreso local un informe en el que denunciaba “posibles irregularidades” en la distribución de los recursos financieros y en el funcionamiento de la propia CEAPP.
Habló de un manejo “opaco y poco transparente” de los 15 millones de pesos, de una “pírrica” ayuda a los periodistas exiliados del estado por cuestiones de seguridad o a los compañeros en riesgo, además, de que la señora Matzumoto contrató a 37 personas, dizque “asesores”, secretarios, auxiliares administrativos, “que nada tienen que ver con los medios de comunicación” y que cobran salarios onerosos, muy inequitativos ante las percepciones de los reporteros del estado.
Jorge reveló que de los 15 millones, sólo se habían destinado 747 mil 745 pesos para la atención y apoyo a los periodistas, es decir, sólo el 5.2 por ciento del presupuesto total, y el resto, más de 14 millones, para los sueldos de los nueve comisionados y los 37 empleados, lo que le valió una “amonestación” de los restantes integrantes de la Comisión por revelar la verdad, lo que lo llevó a presentar una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, bajo el folio 413/2013 (nada más faltó que demandara la creación de otra comisión para que lo defendiera de la comisión encargada de defender a los periodistas).
La Comisión, dijo entonces Morales Vázquez, “no está atendiendo la parte preventiva de riesgo de los periodistas en Veracruz, ni de la protección”, que eran los fines con los que se supone se creó el engendro.
Del gran trabajo que realizan las “ejecutivas” da una idea una declaración de Rocío Ojeda Callado a Elia Melchi Reyes, de Notiver, el pasado 18 de febrero. “De acuerdo al reglamento de la comisión, usted es más ejecutiva que práctica”, le preguntó. “Qué bueno que lo mencionas porque en base al reglamento, estamos hablando que a la función de la presidencia sólo le compete las reuniones en las que sesionamos todos los comisionados”. Volvió a la carga Elia: “A Rocío Ojeda le critican mucho de no dar la cara o no hablar”. Respuesta: “Y entiendo perfectamente esta crítica y tienen razón, sin embargo, el reglamento que fue aprobado tiene funciones muy específicas donde delimita precisamente cuáles son las funciones de cada uno y no me corresponde estar en la operatividad”. ¿Y la defensa y protección de los periodistas no requiere operatividad? ¿No para eso se le paga? ¿Qué acaso se requiere cargo y que un reglamento lo apruebe para salir a solidarizarse con un periodista víctima de la delincuencia o de cualquier otra persona o grupo a causa de su trabajo? Carajo. Defensa y protección del periodista desde el escritorio, desde la comodidad, desde el clima artificial, en forma “ejecutiva”, tomando café. Eso le debió haber ido a decir a la viuda y a los huérfanos de “Goyo” Jiménez de la Cruz, por qué nunca estuvo con ellos, por qué no salió a demandar que se le buscara afanosamente para que apareciera con vida, porque se lo impedía un “reglamento”.
Qué bueno que el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el nuevo coordinador general de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, se disponen a corregir la situación. La desaparición de esa “Comisión” va a recibir la aprobación general del gremio. Será un paso más, positivo a mi juicio, en el reencauzamiento del rumbo del Gobierno hacia el final del sexenio.