PURGA Y RASURADA EN EL PODER JUDICIAL

Con el pretexto de la austeridad y la eficiencia en el gasto, el grupo que manda en el poder judicial del estado, en el que da la cara la Magistrada Presidenta Isabel Inés Romero Cruz, implanta drásticas medidas laborales de contra el personal de la institución, sin distingo de rangos, aunque con cierta graduación, según categorías.

A últimas fechas, en el poder judicial se han recuperado las políticas generales de la 4 T, de cuando recién llegaron; retoman el discurso de la escasez, la austeridad y el control del gasto- ya se sabe, para los que son del núcleo privilegiado- un signo de que desde los niveles superiores de gobierno están exprimiendo dónde pueden para concentrar el dinero en las prioridades políticas que les marcan.

Al poder judicial le han puesto su cuota y tienen que ver dónde aplastan y donde sueltan el gasto. Les están cayendo a los mas vulnerables, a los que no tienen quien los proteja.

PRESIONAN A MAGISTRADOS PARA BAJARLES EL SUELDO
A los magistrados, sobre todo a los mas antiguos los presionan para que acepten reducirse el sueldo en un 30%, lo que obviamente los tiene muy molestos, en desacuerdo con la decisión tomada sin representación válida en el minipleno controlado por los de Morena, con la que buscan quedar bien con el gobernador Cuitláhuac García, que les ha exigido aprieten el cinturón a los que se dejen. Aunque otro grupo de los que fueron nombrados en el actual gobierno, como ahora ganan muchísimo mas de lo que alguna vez soñaron, sabido que varios provienen de los niveles bajos de la judicatura, gustosos estarían dispuestos a consentir la mochada salarial.

LA BARREDORA
De un plumazo, a partir de hoy, el Consejo de la Judicatura suprime 29 juzgados, la mayoría de primera instancia, 11 de micro regiones y 12 de lo familiar, penales, civiles y mixtos, y solo un juzgado menor, en 15 distritos judiciales, es decir, en la gran parte del territorio del estado.

Basados en un supuesto estudio de la estadística judicial, que no se conoce, concluyen que los juzgados en extinción tenían poca carga de trabajo, disminución que no sería privativa de los seleccionados para desaparecer, sino de toda la red jurisdiccional, que como es sabido estuvo paralizada durante muchos meses, a causa de la pandemia.

El caso es que no solo van a redistribuir los asuntos en trámite de los juzgados cancelados, entre los vecinos de igual competencia ; el acuerdo que ayer se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, con efectos a partir de hoy, implica el despido masivo de personal.

Sin dar los números de los purgados, los eliminan por categorías y argumentos diversos. Dejan sin empleo a los jueces- serían 19- a los que les niegan la calidad de trabajadores; al cerrar su espacio de jurisdicción, ” la relación jurídica debe darse por terminada, considerando “improcedente su reincorporación y/ O readscripción “, rematando que dichos juzgados fueron ” aperturados en el último quinquenio sin justificación”. Sería la ” purga de los Edeles”.

Igualmente echan al personal de confianza. De ellos se dice que no continuarán con la relación laboral puesto que ” no gozan de la estabilidad en el empleo” . Barren con personal ” no basificado”, lo mismo que con ” recursos humanos no profesionalizados”

Únicamente se salvan de guadaña del despido los trabajadores de base y sindicalizados- quienes serán reubicados; y eso porque no quieren problemas con el sindicato.

A partir de hoy se cierran los 29 juzgados y comenzará la entrega. A ver cómo reaccionan los corridos; no hay en el acuerdo previsiones de liquidaciones, solo la advertencia, ” hasta aquí llegaste”, la otra quincena a ver donde la cobras. Habrá los que demanden, pero por lo pronto, el poder judicial se deshace de ellos.

NO LES CREEN LA AUSTERIDAD
Al interior del poder judicial, no se cree la falta de dinero del gobierno del estado, ni la austeridad y eficiencia en el gasto en la judicatura. ¿Cómo creerles que deben contribuir a que alcance para comprar medicinas, cuando ven el dispendio en meterle mas de 70 millones de pesos para remodelar un estadio de beisbol? ¿ quién confiaría en la eficiencia del gasto de la judicatura al saber que mantuvieron con poco beneficio para el poder judicial el contrato para construir las ciudades judiciales ?

Nadie ignora en el medio la existencia del negocio de 5 mil millones de pesos con las empresas constructoras asociadas para edificar 21 ciudades judiciales, traspasado del gobierno de Miguel Angel Yunes al de Cuitláhuac García, el cual compromete el presupuesto a largo plazo del poder judicial, con cargas mensuales superiores a los 17 millones de pesos.

No pega en el poder judicial el cuento de la austeridad, tampoco el de la honestidad, ni la eficiencia en el gasto.