LXII Legislatura: prohibido olvidar

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Si los petroleros creen que la sociedad de Minatitlán olvidará los abusos, el fraude y el cobro injusto de un contrato mal aceptado y correctamente desecho entre su Ayuntamiento y la empresa Cibernética: están equivocados.

Si la clase política veracruzana piensa que la misma historia de corrupción reproducida por los hermanos Ricardo y Julio Aldana Prieto en el municipio de Ixhuatlán del Sureste es un asunto “mediático” que pronto perderá “importancia”, está equivocada.

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Mañana, primero de septiembre, Ricardo Aldana Prieto entrará en funciones como diputado federal al igual que la LXII Legislatura en el Congreso de la Unión.

El coordinador de la bancada de diputados federales priistas de Veracruz, inicia un periodo de tres años de continuidad en su exitosa carrera dentro del poder.

Su éxito –generado en el contexto de los abusos históricos del STPRM- no alcanzará esta vez a cubrir con el manto de la impunidad acciones como las de Cibernética, la empresa de su hermano.

Dicho organismo privado utilizó en su labor a los empleados municipales de limpia pública de Minatitlán e Ixhuatlán del Sureste, echó mano de los camiones de basura propiedad de los ayuntamientos, cobró por el servicio a la ciudadanía, tiró los desechos en espacios contaminados y contaminantes, que de por sí eran destino de la basura mal manejada.

Y encima de todo esto, Cibernética de Julio Aldana Prieto se dice violada en sus derechos por la anulación de un contrato leonino, con el cual fueron ellos quienes violaron las arcas públicas de Minatitlán e Ixhuatlán del Sureste.

Todo, bajo el amparo del poder político que emana del Sindicato Petrolero y sus tentáculos.

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Cada peso que pagan las tesorerías de Minatitlán e Ixhuatlán a la empresa Cibernética, representa un insulto a la sociedad de estos lugares.

Cada centavo público canalizado a esta “deuda” –así sea avalada por jueces- es con cargo a la impunidad de la que forma parte el coordinador de la bancada veracruzana del PRI en San Lázaro.

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La mejor forma en que la ciudadanía de los municipios afectados puede defender su derecho a exigir cuentas y respeto por el manejo de sus recursos en las tesorerías municipales, es promoviendo un amparo al respecto y aguardando el momento del voto.

A un amparo federal contra las acciones de Cibernética que perjudican al erario público, se puede sumar una denuncia ciudadana ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en la avenida Bellavista de Coatzacoalcos y con cobertura jurídica en todo el Sur de Veracruz, desde Alvarado hasta Las Choapas.

Luego, vendrán las elecciones locales en el 2013.

No creerle a políticos que ofrezcan el oro y el moro y que detrás de ellos tengan acciones nefastas como esta triangulación de dinero público a través de contratos fraudulentos, surgidos de posiciones de poder como las que representa el sindicato petrolero, sería un buen castigo.

Negarles el voto, sería la consecuencia concreta de ese castigo.

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No estamos ante un asunto de partidos políticos o de ideologías.

Se trata de un tema de robo descarado y de impunidad.