PODER JUDICIAL: ADMINISTRACIÓN INCOMPETENTE Y SUMISIÓN PRESUPUESTAL AL EJECUTIVO

El cierre de 29 juzgados y el despido de personal- estimado en mas de 80 empleados- decretados el primero de julio y la pretensión de recortar el sueldo en 30% a los magistrados, rechazada por muchos de ellos, alertan sobre presuntos problemas financieros y de administración presupuestal en el poder judicial del estado.

Pero ¿ De quién es el problema financiero que se está reflejando en el poder judicial ? ¿es de la administración de este poder como lo señala el gobernador Cuitláhuac García, quien sostiene que no aplicaron una política de austeridad ante la pandemia, la reducción de ingresos y la ” ineficiencia ” de los Juzgados micro regionales ? o ¿ el problema proviene del gobierno del estado que traslada su propio déficit, imponiéndole recortes y suministrando menos recursos de los que debiera al poder judicial ?

Ante las versiones contradictorias, habría que localizar y determinar las causas del faltante de dinero- 500 millones de pesos para cerrar el año- y de la presunta “quiebra” que lloriquea Isabel Inés Romero, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la judicatura.

La oscuridad con que ahora se manejan los recursos públicos en el gobierno del estado dificulta desde afuera conocer las cifras confiables y confirmar la veracidad de lo que los servidores públicos se dignan a declarar. Omisos en la publicación de la mínima información financiera de la mayoría de las entidades del sector público estatal, impunes por el silencio del cadáver de la transparencia- el IVAI, y el incumpliendo del Orfis en sus funciones de fiscalización, no se le conoce aún auditoría alguna en 2 años, son pocos los datos para interpretar el problema financiero que estalló en el poder judicial.

Pese a la falta de datos confiables, de lo que no hay duda, por los hechos y las declaraciones conocidas, entre éstas, el audio difundido de la reciente reunión de magistrados, es de la vulneración de la autonomía presupuestal del poder judicial por la injerencia del poder ejecutivo en su administración y de la evidente incompetencia, confesa de la magistrada presidente Isabel Inés Romero.

De entrada como se lo señalaron sus propios pares a la magistrada presidente, por debilidad al ejecutivo, consintió que para 2021 el presupuesto aprobado fuera de 1 614.3 millones de pesos, una reducción de 281 millones de pesos- decisión contraria a la previsión constitucional de que el presupuesto podrá ser mayor pero no menos al 2% del total del presupuesto del estado.

Por otro lado, con todo y esa reducción de inicio, no se justificaría que a éstas fechas la magistrada presidente refiera que ya no le alcanza el dinero, que se truena los dedos y hasta pidió fiados los servicios de ” sanitización ” .

¿ Cuales fueron los gastos extraordinarios efectuados que le anticipan un déficit de 500 millones de pesos para terminar el año ? Los cuestionados pagos por la construcción de las ciudades judiciales, un negocio de la anterior administración, pero refrendado por los actuales del gobierno del estado, se han realizado en años previos, sin embargo habría que determinar su peso en el déficit. Pero, también se tiene que verificar cómo se ha realizado el suministro de fondos este año, si es menor, como puede suponerse, el gobierno del estado estaría castigando el presupuesto del poder judicial e incumpliendo con su obligación constitucional de ministrarlos conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley.

GOBIERNO ADMITE DÉFICIT
En una declaración de ayer alusiva al problema financiero revelado en el poder judicial, Cuitláhuac Garcia reconoció que necesita ahorrar 3 mil 500 millones de pesos, supuestamente, para nivelar el efecto inflacionario en los ingresos federales recibidos, menores en términos reales.

Este reconocimiento sugiere que el problema no sería únicamente de la administración del poder judicial, sino del recorte impuesto unilateralmente por el gobierno del estado. Los juzgados cerrados no son el problema, la magistrada presidente estimó el ahorro por cancelación en 22 millones de pesos, una cifra que no pinta en el déficit de 500 millones.

Para cubrir el déficit, en la versión de la magistrada presidente el gobierno del estado le daría 200 millones, pero le indicaron el cierre de los juzgados y que pidiera a los magistrados se bajaran el sueldo, ” el señor gobernador me pidió”, una evidente intromisión del ejecutivo en la administración del poder judicial. Conocedores de sus derechos, obviamente los magistrados antiguos la batearon aunque los magischairos, aceptaron el moche, puesto deben el nombramiento al actual gobierno.

Destapado el problema del faltante presupuestal, habrá que ver como evoluciona y si en algún momento revive Doña Delia González del Orfis y ofrece alguna opción de rendición de cuentas, o seguirá como hasta ahora, siendo otro de los órganos autónomos nulificados por el gobierno de Morena.

DIÁLOGO FINANCIERO IMPOSIBLE
Enternece el relato que hizo la magistrada de un fragmento de conversación (?) con Cuitláhuac García, se le oye decir en el audio difundido que ” desconfiaba mucho porque no soy muy buena para las matemáticas ( hasta que número sabe sumar ?) ni para eso de la administración financiera,(¿ eso?) lo estoy aprendiendo ( ¿en la nocturna? ) pero fui varias veces y ya la ultima me dijo ” que no entiende” ( ¿Quién es más duro de cabeza ?)

NO TIENEN DINERO, PAGAN DEUDAS AL FISCO Y ADEMÁS CONTRATAN MAS DEUDA
De rebote el tema de la escasez de dinero, tumba la versión triunfalista de las finanzas sanas y equilibradas del gobierno del estado. El déficit estatal previsto de 3 mil 500 millones – admitido por Cuitláhuac refuta las cuentas alegres de su secretario de finanzas, Jose Luis Lima Franco, cuestiona la política de andar pagando deudas al gobierno de López Obrador, mientras tiene que contratar créditos por cantidad igual a la saldada, e imponer recortes al gasto público que podrían poner en riesgo la prestación de los servicios públicos; no hay medicinas, no hay obra pública, no hay apoyos a las empresas y al empleo. No hay para sostener los juzgados, si hay para devolverle dinero al gobierno de López Obrador, para para pagarle a sus socios de las ciudades judiciales, y por supuesto para remodelar el estadio de beisbol del Aguila de Veracruz .

Para cerrar el año, no se duda, el gobierno del estado contratará mas créditos.