EL DERECHO A LA JUSTICIA, POR ENCIMA DE REGATEO POR EL PRESUPUESTO

El derecho al acceso a la Justicia de los veracruzanos está por encima del pichicateo por el dinero del presupuesto entre el gobernador Cuitláhuac García, su secretario de Finanzas José Luis Lima Franco y su empleada en el Poder Judicial, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz.

Urge terminar con la incertidumbre creada en el poder judicial y resolver el financiamiento a la institución que administra e imparte la justicia, y que se rindan cuentas con transparencia de que realmente ocurre ahí con el gasto público.

Ante la información trascendida de la crisis financiera en el poder judicial, el supuesto agotamiento de su presupuesto de egresos al mes de julio y la injerencia del gobierno del estado presionando a la débil presidenta Isabel Inés Romero para que imponga reducción de salarios a magistrados y otras medidas- ya cerró 29 juzgados y despidió a cerca 80 empleados – debe exigírseles garantizar la continuidad con eficiencia de los servicios de impartición de justicia; sin esta garantía institucional, se vulnera el acceso a la justicia.

El derecho a acudir a los tribunales, encontrar jueces y magistrados para resolver los múltiples conflictos entre las personas por la vía de aplicación de la ley, no puede condicionarse a las ambiciones y regateos por los recursos públicos entre los actores que representan las instituciones y los poderes del estado.

Por eso, debe exigirse a los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial una conducta pública responsable que garantice la continuidad de los servicios de impartición de justicia. Al gobernador Cuitláhuac García y su Secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, así como la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia debe exigirse que paren su penoso espectáculo que exhibe su incompetencia y mas que la falta de dinero, la ausencia de responsabilidad para el desempeño de sus atribuciones.

Es irresponsable que difundan información, como lo han estado haciendo en forma pública y privada, de que estaría en riesgo la continuidad institucional de la impartición de justicia porque ya se acabó el presupuesto y no hay dinero para cubrir los salarios para cinco meses restantes del año.

QUE RINDAN CUENTAS
Junto con la garantía del acceso a la justicia deben clarificarse las cuentas y explicar con veracidad, con datos abiertos cuál es la situación y como se llegó a ella, deben rendir un informe a detalle a la ciudadanía.

Por la falta de transparencia y discrecionalidad con que manejan los recursos públicos y la subordinación de la magistrada presidenta Isabel Inés Romero- de evidente incompetencia administrativa- y la desconfianza en las versiones que difunden, no exentas de teatralidad y propaganda, desde afuera, no pueden mas que conjeturarse las causas que condujeron al déficit de 500 millones de pesos.

No hay manera confiable de saber si fue provocado por el recorte unilateral excesivo e inconstitucional del poder ejecutivo; para 2021 se autorizó al poder judicial un presupuesto de mil 614 millones de pesos, ( 281 millones menos que el año previo) por lo tanto, de no haber tenido gastos extraordinarios, no se explica que a estas alturas se haya acabado los recursos previstos para el año, además de que conforme al calendario y procedimiento de ministración, los entes públicos reciben sus partidas mensualmente y no con la entrega del total, en exhibición única. Por ello, no es creíble que se haya agotado el presupuesto.

Puede ser parcialmente cierto lo que señala el gobernador y el secretario de finanzas de que en el poder judicial hubo una deficiente planeación y ejercicio del gasto; igualmente es probable que sea onerosa la carga de sus gastos fijos; pero también es posible que entre los factores se encuentre la creación artificial del estado de emergencia como propaganda para presionar la baja de sueldos a magistrados y poder cacarear después que aquí ” nadie gana más que el presidente López Obrador”.

No se cuestiona que los sueldos de magistrados podrían estar sobrevalorados, pero gozan de una protección constitucional; para preservar su autonomía, no pueden reducirse durante su encargo, guste o no, así está la ley. Esto implica que viabilidad financiera del poder judicial para 5 meses restantes no puede depender de que los magistrados acepten una reducción del 30 % de sus salarios. Habrá algunos que lo acepten- ya hubo uno que lo hizo, obviamente publicitando su patriotismo, al igual que una de las consejeras de la judicatura.

TOTAL RESPONSABILIDAD DE LOS ACTUALES
A dos años y medio de haber asumido el gobierno del estado el grupo de Morena, y de controlar directamente el poder judicial desde diciembre de 2019- una vez que dejó la presidencia Edel Álvarez- la administración de los recursos presupuestales asignados es enteramente responsabilidad del nuevo grupo en el poder. Impusieron y destituyeron a Sofia Martínez Huerta- entre otras causas por su negativa a pagar por la construcción de las ciudades judiciales, el negocio del anterior gobierno, pero refrendado por el actual.

La carga de los 100 millones anuales que representan los pagos a las empresas asociadas en la construcción de las ciudades judiciales, que ahora les pesa, son parte del negocio avalado por el gobierno de Cuitláhuac García, el cual por su costo a largo plazo, ( 5 mil 600 millones a 20 años, pagaderos en mensualidades) debería valorarse nuevamente, además de que su avance en construcción no parecer ser suficiente. A estas alturas no pueden llamarse engañados, cuando se afanaron en continuar el negocio.

Igualmente a fines de octubre de 2020 entronizaron a Isabel Inés Romero en la Presidencia del tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la judicatura, renovaron los mandos en la administración y en la judicatura. La crisis sí la hay, es responsabilidad de ellos, de los titulares del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo.

Ni en los peores momentos de insolvencia financiera del gobierno del estado, los últimos años de Javier Duarte, alguna dependencia o poder llegó a los extremos de ahora, a la virtual quiebra del poder judicial y la exigencia del poder ejecutivo de que exprima el gasto, por que no hay ya dinero para sueldos en lo que resta del año.

MERECEN JUICIO POLÍTICO
Por una falta administrativa menor ( combinada con motivos políticos y disputa por la administración ) le hicieron juicio político y destituyeron hasta como magistrada a la anterior presidenta Sofía Martínez. Es mas grave en términos objetivos de interés público, la irresponsabilidad en la administración del gasto; sin ningún problema se establecería constitutiva de una violación a los intereses públicos fundamentales. Poner en riesgo el acceso a la justicia, tipifica la causal de procedencia de juicio político no solo para la magistrada presidente Isabel Inés Romero, sino para todos los integrantes del Consejo de la Judicatura, los que administran la mayor parte del presupuesto del poder judicial.

Esta semana que se van de vacaciones tiene que quedar resuelto, si habrá poder judicial para el mes de agosto, volverá la justicia por propia mano, o aflojarán la soga Cuitláhuac y Lima.