¿CUÁNDO METEN A LA CÁRCEL A LOS DE “CABALLO BLANCO”?

Pasillos del Poder César Augusto Vázquez Chagoya Leanos en www.pasillosdelpoder.com www.enlaceveracruz212.com.mx vazquezchagoya@prodigy.net.mx 27 de FEBRERO de 2012

César Augusto Vázquez Chagoya

Pasillos del Poder

2012-02-28

El delegado de la SEMARNAT en el estado, Manuel Molina, no le hizo ninguna gracia que el gobierno de Veracruz, en voz del ejecutivo, rechazara el proyecto minero a cielo abierto llamado “Caballo Blanco”. Molina dice que no son los caprichos los que aprobarán el proyecto, sino los estudios y las propuestas hechas en el foro de Alto Lucero el pasado 22 de febrero.

En dicho foro, controlado por la SEMARNAT, se tenía usted que inscribir ante la dependencia federal encabezada por Manuel Molina y hubo “defensas” que por 400 empleos, se impactaría ambientalmente la región entre Alto Lucero y Actopan. Otras, obviamente, era diametralmente opuestas.

SEMARNAT, ante el rechazo estatal, anuncia que la resolución definitiva se dará en unas semanas porque el asunto es de competencia federal.

Hasta ahí todo esta bien, pero todavía la sociedad veracruzana está esperando la explicación del delegado federal Manuel Molina, del por qué autorizó los trabajos de exploración de la Minera Cardel con explosivos, sin haberse expedido el permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar las explosiones.

Esta explicación también la deben dar los alcaldes de Alto Lucero y Actopan, quienes permitieron que dinamitaran sus terrenos sin pedir a la minera el permiso de explosivos que maneja la SEDENA, a través de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Este asunto no es menor: en estos tiempos los mexicanos, por acciones del crimen organizado, hemos gastado miles de millones de pesos en comprar equipos y en personal para encontrar drogas, armas y explosivos. En los retenes que se instalan en toda la república todos los mexicanos no hemos sufrido, si no que hemos aceptado con todo gusto ser revisados en los vehículos y en nuestras personas.

Entonces queremos saber cómo los canadienses, a través de su empresa MINERA CARDEL, pudieron introducir hasta el centro del estado explosivos sin permiso y se convocara a conferencia de prensa, pagando espacios publicitarios para demostrar que las explosiones de la exploración, aprobadas por el delegado Molina, no dañarían a la planta nuclear de Laguna Verde.

Está comprobado, según oficios de la oficialía mayor de la SEDENA, que la minera Cardel no hizo ni siquiera alguna gestión para conseguir el permiso, por eso no tiene justificación que nadie se los pidieran para hacer las explosiones, además que se presta a que se piense que la minera compró los explosivos en el mercado negro que controla el crimen organizado.

Los oficios referidos fueron gestionados y publicados por el diario LA JORNADA VERACRUZ, por lo que las explosiones hechas por la MINERA CARDEL fueron o son ilegales, pero no vemos que la Procuraduría General de la República, ni la SEDENA, investiguen ni al delegado de la SEMARNAT, ni a los alcaldes de Alto Lucero y Actopan y menos a los mineros canadienses.

No por politizar, pero por menos la Marina y el Ejército han cateado los domicilios de funcionarios del gobierno de Veracruz. Hacen todo un megaoperativo, cierran calles y se introducen para buscar armamentos en casas particulares. Al momento de encontrar alguna, verifican si están registradas ante la SEDENA e inmediatamente son devueltas a sus dueños cuando efectivamente son legales. A Molina, a los alcaldes y a los mineros, por cargar dinamita sin permiso, ni siquiera los han molestado con el pétalo de un verde olivo.

Cualquier mexicano sorprendido con armas de fuego o con explosivos, sin duda son remitidos por los militares o policías a las autoridades de la PGR en calidad de detenidos.

¿Ya tiene fuero constitucional el delegado federal de la SEMARNAT? ¿Ya tienen fuero constitucional los canadienses dueños del proyecto minero “Caballo Blanco”? Volvemos a los ejemplos de la impunidad y que hay mexicanos de primera y de segunda.

Ante lo público de las explosiones en “Caballo Blanco”, ni la SEDENA ni la PGR están actuando, lo cual también es delito en este país. Conociendo de un hecho y lo solapen, constituye el delito de incumplimiento a un deber legal. No más, no menos.