EJÉRCITO: ENTRE SER HEROICOS O DELINCUENTES

No aprendieron del movimiento estudiantil de 1968. Como el estado era homogéneo, se les protegió después de la matanza del 2 de octubre de miles de estudiantes en los hechos de Tlaltelolco. Cuando Vicente Fox creó la “Comisión de la Verdad”, los panistas hicieron vericuetos para salir del atolladero en que había se metido al Ejército al querer condenarlos por la matanza, después de cumplir una orden directa del jefe supremo de las fuerzas armadas.

Las baterías se enfocaron en contra de los miembros de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que consistía en otros hechos que pasaron en los años setentas, cuando después de la matanza de 1968, los estudiantes se habían convertido en guerrilleros como única forma de cambiar al gobierno autoritario.

Pero aun así, en resguardo de la seguridad interna de la nación, al Ejército se le mandó a combatir a los guerrilleros del estado de Guerrero encabezados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. En estos hechos, aunque se violaron derechos humanos, los miembros del Ejército gozaron de impunidad, tanto que el coronel Arturo Acosta Chaparro, hiciera lo que hiciera, lo sacaban de la cárcel aunque se dedicara al narcotráfico.

Después vino un periodo de paz para el Ejército en donde se dedicaron a prestar ayuda a la población en desgracia, vigilaban las sierras en tareas de reforestación, se preparaban todos los días, etc. La población les agradecía en todo momento sus acciones a su favor.

En 1994, al estallido del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como según las convenciones dictan, este “ejército” tenía bandera, territorio y quería quitar al gobierno lícitamente constituido, las fuerzas armadas fueron mandadas a Chiapas a combatir al payaso del subcomandante Marcos, quien puso a sus “soldados”, descalzos, con rifles de madera, quienes resultaron muertos por el Ejército Mexicano, y por medio del internet con el apoyo de gobiernos europeos, hicieron un escándalo internacional que obligó al gobierno unilateralmente anunciar el cese al fuego para entrar a una etapa de diálogo.

El problema del EZLN sigue, pero como promotores del turismo internacional, mientras el gobierno se aplicó con meter carreteras, hospitales, energía eléctrica a Chiapas para combatir la enorme desigualdad de los indígenas, logrando focalizar a la guerrilla, que ya es más emblemática que un peligro a la seguridad nacional.

Si nosotros analizamos la intervención del Ejército en eventos del país, estaba justificado intervenir en el combate a la guerrilla de Guerrero y enfrentar al dizque guerrilleros del EZLN en Chiapas.

Nunca debieron intervenir en la matanza de Tlatelolco. Por mandato constitucional, el Ejército debe cuidar la seguridad interna y los peligros que vengan del exterior. Están preparados para la guerra.

En el 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en un afán de querer dar legitimidad a su gobierno atacado de ilegítimo por sus adversarios, pensó que si sacaba al Ejército a las calles a combatir a los narcotraficantes, éstos iban a correr. En años anteriores, sí había violencia de estos grupos delincuenciales, pero no de la magnitud a raíz del 2006.

Felipe Calderón Hinojosa, en su estrategia, lo primero que hizo fue condenar a las policías municipales y estatales de ser los culpables de la impunidad de los narcotraficantes, pero no lo supo o nadie se lo dijo, que el narcotráfico en la república había crecido históricamente gracias al apoyo de elementos del Ejército, así que mandó a combatir a los malosos con quienes los protegían.

Por años los elementos del Ejército y de la Marina eran y son mal pagados. Muchos generales al salir del servicio activo, conseguían ser agregados militares en las embajadas o se les colocaba como directores de Seguridad Pública en los estados. Los que no alcanzaban, vivían de las exiguas pensiones.

Al igual que los elementos del Ejército, las policías del país están para la sociedad en la suela de los zapatos con bajos salarios y sin prestaciones sociales. Era obvio que si a los narcotraficantes los protegían los del Ejército, las policías tampoco se metían con ellos y esto no lo entiende el presidente, quien quiere acabar con los malos policías, pero no se fija a los que tiene a lado.

Todos los programas para crear nuevos policías han fracasado y está desmantelada la Procuraduría General de la República así como el sistema de inteligencia del CISEN. La Policía Federal es manejada de manera facciosa por Genaro García Luna. Todavía en estos días en Chihuahua, el presidente decía que no era por nada, pero 36 mil elementos de la PF hacían el trabajo de más de 400 mil policías municipales y estatales.

Así que para el presidente la labor de 400 mil policías en todo el país no cuentan ni sus muertos y eso lo expresa a cada rato, para ni siquiera mandarles a los deudos de estos policías muertos por los narcotraficantes un pésame humanitario.

A casi 6 años de la guerra en contra del narcotráfico con su ejército y su armada, con más de 60 mil muertos, ahora los culpables son los gobernadores, presidentes municipales, así como sus policías. Si el presidente les hubiera dado la confianza a los gobernadores y alcaldes de combatir al narcotráfico y fortalecer las instituciones de justicia, no tuviéramos el número del terror de muertos.

Como ya en este país el que no le siga la política de guerra al presidente Calderón se debe considerar como protector o narcotraficante, gobernadores y alcaldes están
prefiriendo que el Ejército y la Armada se hagan cargo de la seguridad pública y lo que son las cosas, que en vez de mejorar, ya agarraron los vicios de los policías y ahora son los que cobran las multas y cometen los peores violaciones a los derechos humanos.

Pero hay un problema de fondo: la constitución dice que las fuerzas armadas están para resguardar la seguridad interna y los enemigos del exterior. Los guerrilleros que quieren que caiga el gobierno federal legítimamente electos por la población, que son milicias con banderas, territorios y constituciones con motivaciones políticas, se ajustan a que son ciudadanos combatibles para elementos del Ejército.

Los narcotraficantes no son un ejército. No tienen bandera, ni territorio, no quieren quitar al gobierno, por lo que no tienen motivaciones políticas; por lo tanto estas acciones caen en materia de la seguridad pública. En pocas palabras, el presidente Calderón hizo que el Ejército y la Armada estén violando la constitución.

En este contexto, para que en el futuro no fueran enjuiciados los elementos de las fuerzas armadas, se mandó al Congreso la nueva Ley de Seguridad Pública para darle a éstos los instrumentos legales para combatir al narcotráfico. Dicha ley fue aprobada por el Senado de la República y mandada a la Cámara de Diputados donde se empantanó.

Miembros del Ejército, no el gobierno, fueron a litigar su caso con los priístas, porque los diputados del PT, PRD, y Convergencia, eran los que se oponían férreamente. Los priístas ajustaron el proyecto de la ley de acuerdo a como lo querían los miembros de las fuerzas armadas para no violar la constitución, y ya casi para ser votada, de repente un sector de diputados del PAN no aprobaron los ajustes, por lo que sin estos votos no pasaba la ley.

Estos diputados panistas dejaron solo al Presidente y a las fuerzas armadas solos. Quieren que se enjuicien a los que violaron a la constitución y tienen razón, pero nadie sabe cómo se van a sacar de las calles el Ejército o la Armada hasta que les garanticen que no van a ser enjuiciados por querer cumplir con su deber.

De que hay errores y violaciones a los derechos humanos, nadie los duda y tampoco es el fin de los jefes de las fuerzas armadas de querer gozar de impunidad. No hay ley de seguridad pública. Estamos en un caso único: el Ejército y la Marina ya no sabemos si son heroicos o casi delincuentes por violar la constitución gracias al jefe máximo de las fuerzas armadas, quien también anda desesperado que al final también los dejará solos y se va del país.

Feliz día del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana.